Este domingo 13 de abril tiene lugar la segunda vuelta de la elección presidencial ecuatoriana. La misma se plantea claramente en términos ideológicos entre un candidato de centroderecha, el actual presidente Daniel Noboa, y una progresista, Luisa González. Las encuestas indican un empate técnico entre ambos. Según un sondeo de Comunicaliza, Noboa lidera con un 50,3% frente al 49,7% de González, con una diferencia mínima dentro del margen de error. Ambos candidatos presentan niveles de aprobación similares, aunque Noboa cuenta con una ligera ventaja en la percepción pública.
La campaña se ha caracterizado por la falta de carisma de los candidatos, quienes parecen más enfocados en evitar errores que en destacar sus propuestas. Ecuador enfrenta altos niveles de criminalidad y una creciente deuda pública, lo que añade presión a la contienda. Noboa, un joven empresario, ha intentado abordar la inseguridad con medidas drásticas, aunque la violencia ha resurgido en su mandato. Las encuestas muestran que los indecisos podrían ser decisivos, especialmente en ciudades como Quito y Guayaquil, donde un porcentaje significativo de votantes está dispuesto a cambiar su elección. La campaña se desarrolla en un clima de incertidumbre, con Noboa siendo visto como un líder más autoritario, mientras que González enfrenta los temores sobre el retorno del correísmo. Ambos candidatos buscan atraer a los votantes que aún no han decidido su opción.
El factor ideológico aparece claramente en antecedentes y declaraciones. Noboa es hijo de un empresario importante como lo es él mismo, mientras que González es una militante política proveniente del partido del ex presidente Correa. Esta última se desempeñó como Secretaria de la Administración Pública del Ecuador en 2017, aunque sólo por un breve periodo.
Su discurso está centrado en los temas sociales, pero en la campaña para la segunda vuelta tuvo que moderarlo en ese sentido, buscando el voto centrista. A su vez, Noboa, que ya fue electo presidente tras la renuncia anticipada de su predecesor, centra su campaña en la inseguridad. Ecuador ha visto crecer en forma exponencial la delincuencia organizada en torno a los carteles de la droga, que como suele suceder se basan en el control de las cárceles. Es el tema prioritario para la mayoría de la población.
En este punto, el presidente hace campaña alineándose con Estados Unidos, y en particular con el presidente Donald Trump. Apoya sus políticas de mano dura y de devolución de migrantes con antecedentes. Adhiere al modelo carcelario de Bukele, al que presenta como su modelo. Como presidente, en todas las cuestiones de política exterior ha acompañado las posiciones de Estados Unidos.
El arribo de Erik Prince, controvertido ex militar estadounidense y fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, a Ecuador ha generado un fuerte impacto político y mediático. Invitado por el presidente Daniel Noboa, Prince llegó al país sudamericano con la misión de brindar asesoría y capacitación a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcoterrorismo, un problema creciente que ha golpeado con fuerza a Ecuador, especialmente a ciudades como Guayaquil. Según el Ministerio de Defensa, su llegada marca un “capítulo histórico para la seguridad”, y su participación ya se hizo visible en operativos policiales, como el denominado Apolo 13, que resultó en decenas de detenciones y decomisos de armas. Prince sostuvo que busca dotar a la Policía y al Ejército de herramientas tácticas que generen temor en los narcotraficantes y los neutralicen eficazmente, al tiempo que destacó la importancia de la inteligencia para ejecutar redadas precisas.
En sus declaraciones, también hizo una fuerte alusión a las elecciones presidenciales del 13 de abril, afirmando que el país tiene la oportunidad de optar por “la ley y el orden” o deslizarse hacia un “narcoestado como Venezuela”. Las autoridades ecuatorianas adelantaron que la colaboración con Prince podría ir más allá de la asesoría inicial, en el marco de una estrategia de seguridad que potencie una mayor cooperación internacional, incluyendo la posible llegada de fuerzas estadounidenses. Su figura, asociada a la polémica por la masacre de civiles en Irak en 2007, vuelve al centro de la escena como símbolo de una política de mano dura en un país acosado por el crimen organizado y el narcotráfico.
Mientras tanto, Estados Unidos continúa con su política de deportaciones, reforzando acuerdos bilaterales y medidas unilaterales que impactan directamente en países como Cuba, El Salvador y Venezuela. El pasado 9 de enero, el Servicio de Guardacostas estadounidense deportó a 20 migrantes cubanos, incluidos menores, que habían sido interceptados en el mar. Se trata de la primera operación de este tipo en el año desde EE.UU., en el marco de los acuerdos vigentes entre ambos países para el retorno de quienes intentan emigrar ilegalmente. Las autoridades cubanas destacaron el riesgo que implican estas salidas irregulares, en un contexto de crisis económica profunda y éxodo sostenido.
Por otro lado, el 31 de marzo, la Administración Trump deportó a 17 presuntos miembros del Tren de Aragua -el grupo más relevante del crimen organizado venezolano- y la MS-13 hacia El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de tiempos de guerra que permite expulsiones sin juicio previo.
* El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
