La elección de jueces en México por voto directo de los ciudadanos es una amenaza concreta para la independencia del poder judicial de este país. El sistema republicano establece la independencia de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El proyecto que se ha votado y aprobado en México altera esta premisa, ya que el Poder Judicial pasa a ser una dependencia determinada por el voto, como sucede con el Ejecutivo. De acuerdo al sistema institucional tradicional, un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo lo dirime el Poder Judicial.
La diferencia ahora es que este tipo de conflictos pasa a ser dirimido por un poder derivado de otro, en este caso es el Ejecutivo, que es expresión del partido gobernante. El Judicial, en cambio, era hasta ahora elegido en forma independiente por el Legislativo, que si bien tiene vinculaciones con el mundo político, registra equilibrios en su elección, composición y funcionamiento. Se trata de una innovación importante en la articulación y funcionamiento en el sistema de gobierno, que institucionaliza el modelo “populista”. México fue gobernado los seis años precedentes -como lo exige la constitución mexicana- por Manuel López Obrador, un dirigente que formó un partido populista con orientación de izquierda. Eligió como sucesora a Claudia Sheinbaum, que era la alcaldesa de la capital del país, Ciudad de México, una posición clave en el sistema político mexicano.
Pero el resultado, que fue favorable al oficialismo, significó a la vez una derrota, ya que concurrió a votar sólo el 13% del electorado mexicano, una cifra que no transforma el resultado en ilegal, pero sí en ilegítimo. La presidente -que como su predecesor tiene altos niveles de popularidad- calificó de “todo un éxito” las elecciones judiciales celebradas el domingo 1° de junio, que fueron las primeras de este tipo realizadas en la región. Destacó que era la primera vez que los mexicanos participaban en un acto electoral para elegir los funcionarios judiciales de los tres niveles: primera, segunda y tercera instancia. Un abogado indígena, Hugo Aguilar Ortiz, quedaría como presidente de la Suprema Corte.
La presidente enfatizó como algo “extraordinario” estas elecciones y una evidencia de que “México es el país más democrático del mundo”. Comparó la cifra total de votos de trece millones con los resultados logrados por los partidos de la oposición, el PRI -centro-, y el PAN -derecha-, que fueron férreos oponentes al cambio en este sistema judicial. El líder del PRI, Alejandro Moreno, calificó de “farsa” la elección, mientras que Marko Cortéz, del PAN, convocó a impugnarla. La presidente, a su vez, argumentó que el Poder Judicial “que algunos defienden” es el responsable de “favorecer a miembros de la delincuencia organizada y ha permitido liberar a millones de criminales”. Pero quienes cuestionan la elección argumentan que en la última presidencial realizada el año pasado, votó el 60%, es decir cerca de cinco veces más que quienes votaron en esta elección.
Sheinbaum sostuvo que hasta ahora la mitad de los cargos judiciales habían sido cubiertos por “nepotismo”, pero simultáneamente abrió la puerta a que el nuevo sistema tenga reformas. Dijo que los funcionarios judiciales “son hermanos, primos, sobrinos o cuñados de algún magistrado o ministro”. Argumentó que no fueron elegidos tras participar de la carrera judicial, destacó que “el poder ya no está solo en manos de unos cuantos” y ahora en cambio “emana del pueblo”.
Pese a ello, reconoció que “todo es perfectible” y que la jornada electoral permitirá sacar conclusiones para mejorar la próxima elección de jueces. El país realizará nuevas elecciones en 2027 para designar a jueces locales en trece de los treinta y dos estados de México. El domingo fueron electos dos mil seiscientos ochenta funcionarios, desde miembros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia. La cuestión ahora es contabilizar los votos, un proceso que durará diez días y que recién estará completo el 15 de junio.
El cambio institucional en México ha sido criticado tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, por considerar que afecta la independencia del Poder Judicial. Pero la cuestión es qué efectos puede producir en la región. Para comenzar, la Corte Suprema reducirá su cantidad de miembros de once a nueve y el periodo de gestión de sus integrantes bajará de quince a doce años. Durante la gestión de López Obrador la Justicia fue en los hechos el límite a su poder e intentó modificarla mediante una enmienda constitucional. Varios proyectos del anterior presidente fueron frenados por la Corte, a la que acusó de defender intereses corruptos tanto del empresariado como del narcotráfico. La anulación de la independencia del Poder Judicial es una característica de los regímenes populistas latinoamericanos, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
México es el segundo país de la región en población, PBI y territorio, y una medida de este tipo se proyectará más allá de sus fronteras. Lo mismo sucederá con las acciones de los sectores empresarios contra este sistema, que los deja a merced de jueces politizados y más dependientes del poder político. Para López Obrador y Sheinbaum, en cambio, los “intereses corruptos” logran “impunidad” en el 90% de los casos y el nepotismo juega un rol fundamental en ello.
En definitiva, la elección de jueces por voto directo que se ha realizado en México, y que hasta ahora sólo se había dado en la Bolivia de Evo Morales, pone en discusión la institucionalidad en América Latina.
* El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
