“No es lo mismo una huelga en una empresa que en un servicio público”. Bajo esta premisa, el gobierno acelera la definición de los contenidos de un proyecto de ley con el que espera institucionalizar la negociación colectiva en el sector público.
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“No es lo mismo una huelga en una empresa que en un servicio público”. Bajo esta premisa, el gobierno acelera la definición de los contenidos de un proyecto de ley con el que espera institucionalizar la negociación colectiva en el sector público.
La iniciativa legal sería presentada tras la aprobación del proyecto de reforma laboral -que se refiere exclusivamente a los trabajadores del sector privado- y que en la actualidad se discute en el Senado, informó el diario chileno La Tercera.
En una minuta de seis puntos, a la que tuvo acceso el matutino trasandino y que será discutida en el comité político de La Moneda en las próximas semanas, el Ejecutivo dice tener la convicción de la necesidad de avanzar en esta materia, no sólo con el objetivo de reconocer el derecho de estos trabajadores a negociar con el Estado, “sino por sobre todo, para resguardar los derechos de los ciudadanos a quienes se les debe garantizar la atención de sus necesidades más básicas o la prestación de servicios en ámbito de salud, educación u otros de importancia trascendental”.
Lo anterior toma relevancia considerando la paralización del Registro Civil, que el jueves cumplió 31 días.
El documento señala que el gobierno “estima necesario no postergar los temas más urgentes. En este escenario, la regulación de la huelga nos parece un objetivo prioritario”, siempre con el objetivo de “compatibilizar los derechos de los funcionarios a ejercer la huelga y el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios públicos”, indica La Tercera.
La minuta añade que la futura legislación deberá precisar “muy detalladamente cuáles son los servicios mínimos en cada repartición, e incluso declarar cuáles son las reparticiones que no pueden ir a huelga, por atender servicios esenciales, o aquellos funcionarios que, de conformidad al Convenio 151 de la OIT, por ejercer función pública, no podrán ejercer esa prerrogativa”.
Asimismo, desde el Ejecutivo consideran trascendente realizar ajustes a las regulaciones estatutarias “a fin de poder aplicar los descuentos a las remuneraciones de los trabajadores que participen en huelgas o paralizaciones, en consistencia con el principio recogido expresamente en los estatutos administrativos”.
El protocolo de acuerdo suscrito en julio de este año entre el gobierno y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), ratificó el compromiso asumido por la entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco, de avanzar en la negociación colectiva en el sector público. Los trabajadores del Estado hoy no tienen derecho a negociación colectiva ni a huelga.
