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Santiago. Otros cinco ex militares chilenos quedaron detenidos ayer acusados del asesinato de un fotógrafo y de dejar gravemente herida a una estudiante tras quemarlos vivos en una protesta en 1986, un emblemático crimen de la dictadura de Augusto Pinochet que se mantenía impune.
A 29 años del ataque, el juez Mario Carroza siguió emitiendo órdenes de captura en contra de exoficiales y exsubofiacles del Ejército chileno que participaron del asesinato del fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri, de 19 años, y de ocasionarle lesiones graves a la entonces estudiantes de ingeniería Carmen Gloria Quintana, de 18 años.
El muchacho murió cuatro días más tarde. Al momento de los sucesos, los jóvenes participaban en una protesta nacional convocada por la oposición a la dictadura militar de Pinochet (1973-1990) en la capital chilena, Santiago.
Después de detener y procesar por homicidio la semana pasada a siete exmilitares, Carroza ordenó ayer la detención de otros cinco ex oficiales y ex suboficiales del Ejército, miembros de las patrullas militares que detuvieron, golpearon, rociaron con gasolina y luego quemaron vivos a Rojas y Quintana, el 2 de julio de 1986.
Gravemente heridos, ambos jóvenes fueron luego abandonados en las afueras de Santiago.
Rodrigo Rojas, que había regresado hacía poco a Chile tras vivir en Estados Unidos con su madre exiliada por la dictadura, murió después de cuatro días de agonía. Carmen Gloria, quien actualmente vive en Canadá, se recuperó tras resultar con más del 60% del cuerpo quemado.
"Todos (los militares detenidos) han prestado sus declaraciones. Algunos han ratificado y otros han rectificado sus declaraciones anteriores. Todos quedan detenidos y mañana (por hoy) van a ser las diligencias de careos con las otras personas detenidas", dijo el juez Carroza a periodistas.
Los implicados cumplen prisión preventiva en un batallón de policía militar situado en el sector santiaguino de Peñalolén.
Transcurridas casi tres décadas, el caso sólo logró avanzar judicialmente después de la confesión de uno de los conscriptos que participó del hecho, y quien denunció ante el juez amenazas para mantenerse en silencio.
Si bien Carmen Gloria vivió para relatar el episodio, la justicia nunca había podido acreditar la participación concertada de los militares por un supuesto “pacto de silencio”. La versión oficial indicaba que los jóvenes se habían quemado por el estallido de una bomba incendiaria que portaban.
“El Ejército tiene mucha información que no ha entregado y tiene una deuda con el Estado. Es el momento de asumir su responsabilidad como institución”, dijo Carmen Gloria Quintana, entrevistada por la televisora Chilevisión la noche del domingo.
“Yo quiero justicia, nada más y nada menos que justicia. Condenar a las personas que fueron los autores materiales y a los intelectuales”, agregó.
En una rueda de prensa ayer, Carmen Gloria Quintana, desafió al Ejército a entregar toda la información sobre el caso: “este es el momento de terminar con la impunidad, de abrir los caminos a la verdad y a la justicia”, dijo Quintana, afirmando que en el seno del Ejército “existe aún una política institucionalizada del encubrimiento de la mentira y del horror”.
“Yo llamo a que esto se termine y que las Fuerzas Armadas respondan, que haya fin a esta política sistemática de mentira institucionaliza respecto a los crímenes de lesa humanidad”, agregó.
Por su parte, el presidente del Senado de Chile, Patricio Walker, le pidió perdón públicamente a Quintana: “a nombre del Estado de Chile, a nombre de miles de chilenos, más allá de que estuvimos en contra de la dictadura, tenemos que pedirle perdón”.
Los nuevos militares aprehendidos corresponden a otra de las patrullas militares que participaron de la detención de los jóvenes, comandada por el capitán retirado del Ejército Pedro Fernández Dittus, quien en la década de los noventa había sido condenado por este caso pero por negligencia.
Junto con él, fueron detenidos Leonardo Riquelme, Juan González, Walter Lara y Pedro Franco.
En tanto, el viernes fueron procesados como autores los exoficiales en retiro Julio Castañer, sindicado como quien prendió fuego a los jóvenes, e Iván Figueroa, y los exsuboficiales en retiro Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Nelson Medina y Jorge Astengo, mientras que Sergio Hernández fue acusado como cómplice.
"Basta ya de silencio", exhortó Michelle Bachelet
“Basta ya de silencio”, exhortó ayer la presidenta Michelle Bachelet, haciendo un llamado a entregar información que permita resolver casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura de Augusto Pinochet.
El llamado se produce luego de que después de 29 años la justicia chilena ordenara la detención de 12 ex militares por el crimen del fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri y las graves quemaduras provocadas a Carmen Gloria Quintana, quienes fueron quemados vivos por una patrulla militar en 1986.
El caso, que se mantenía impune, logró avances en la justicia luego de que uno de los conscriptos que participó del hecho rompió un supuesto “pacto de silencio” delineado por la jefatura del Ejército y narró los hechos al juez Mario Carroza.
“Hay personas que saben la verdad de muchos casos que permanecen sin resolver y Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmán y que ayuden a reparar tanto dolor”, dijo la presidenta Bachelet este lunes en un acto público.
“Así como en septiembre de 2014 dije que era necesario que quienes tuvieran información sobre las violaciones a los derechos humanos, civiles o militares, la entregaran antes de que fuera demasiado tarde, hoy quiero reiterar ese llamado a quienes tengan información, porque basta de silencio”, agregó la mandataria, cuyo padre murió en 1974 víctima de las torturas infligidas por la dictadura de Pinochet.
Después de agonizar por cuatro días, Rodrigo Rojas murió, mientras que tras resultar con más de 60% de su cuerpo quemado Carmen Gloria Quintana logró recuperarse.
Y aunque ella narró públicamente los hechos, la Justicia no había logrado hasta ahora acreditar la participación de los militares. La dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
