Ítalo Ferreira huía de la policía en el automóvil que acababa de robar en un barrio acomodado de San Pablo. La carrera duró hasta que un disparo en la cabeza lo mató. Tenía apenas diez años.
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Ítalo Ferreira huía de la policía en el automóvil que acababa de robar en un barrio acomodado de San Pablo. La carrera duró hasta que un disparo en la cabeza lo mató. Tenía apenas diez años.
El caso ha conmocionado a parte de la sociedad brasileña y ha revelado sus fisuras: durante la reconstrucción del crimen celebrada el domingo, vecinos del barrio manifestaron su apoyo a los policías investigados, mientras otro grupo llegado de la periferia les gritaba “¡racistas asesinos!”
Poco antes de morir, la noche del 2 de junio pasado, Ítalo saltó la pared de un condominio junto a un amigo de 11 años en el barrio de Morumbí, en el sur de la ciudad, para robar un vehículo, un Daihatsu de 1998 en el que alcanzaron a huir unos 300 metros.
El tiro, según peritos, disparado por un policía motorizado, entró en la cabeza de Ítalo por la región del ojo izquierdo. La policía militar aseguró que el pequeño delincuente estaba armado y había disparado varias veces desde el coche en movimiento, lo que dejó a los agentes sin más alternativa que también apretar el gatillo.
Pero el ombudsman de la policía de San Pablo y funcionarios de Derechos Humanos aseguran que se trata de un homicidio más en una ciudad que exhibe brutales estadísticas de violencia policial.
“Hemos manifestado nuestra indignación por este caso. Para nosotros no es creíble que un niño de 10 años pueda conducir mientras va recibiendo tiros; usar un arma, abrir la ventana para disparar y volver a cerrarla”, comentó el defensor del pueblo de la policía militar de San Pablo, Julio Fernandes Neves.
“Cuando Ítalo murió la ventana del coche estaba cerrada. Los policías dijeron que actuaron en legítima defensa. Había robado el vehículo, sí, pero aún en la posibilidad de que hubiera disparado no era para matarlo sino para detenerlo”, insistió.
Hasta ahora las pericias preliminares señalaron que no hubo disparos desde dentro del auto, sólo desde fuera. El niño tenía rastros de pólvora en ambas manos, pero un guante que llevaba puesto no tenía indicios del explosivo.
Los peritos dijeron además que la escena del crimen fue alterada. El amigo de 11 años que en principio había declarado a favor de la policía luego se desdijo, asegurando que los oficiales lo agredieron y amenazaron para que inculpara a Ítalo.
Este niño estuvo cinco horas a solas con la policía antes de esa primera declaración, un procedimiento irregular según expertos. La semana pasada entró, junto a su familia, en el programa de protección a niños y adolescentes amenazados de muerte.
Las piezas del puzzle hasta ahora no calzan. Por ejemplo, no fueron encontradas marcas de los tres disparos que Ítalo habría hecho, según la versión de la policía.
La propia auditoría de la policía paulista abrió una investigación. Para el abogado que sigue este caso Ariel de Castro Alves, integrante del Consejo Estatal de Derechos Humanos de San Pablo, “son evidentes los indicios de que la policía militar ejecutó a un niño”.
La secretaría de Seguridad Pública paulista, responsable por la policía militar y civil, se limitó a indicar que el caso aún está bajo estudio.
“La conducta de los policías involucrados está siendo investigada y están alejados del trabajo operacional, cumpliendo funciones administrativas”, informó.
Ítalo había nacido hacía poco cuando su madre cayó presa por robo. Las mujeres de la favela de Piolho, en el sur de San Pablo, se turnaban para amamantarlo.
Este chico negro y pobre ya había sido encontrado abandonado, descalzo y pasando hambre, como consta en registros policiales. A sus 10 años acumulaba varios robos y hurtos, “pero nunca con violencia”, explicó De Castro Alves.
Su caso no es ajeno al de muchos otros niños en este país de 204 millones de habitantes con enormes desigualdades sociales, pobreza y violencia urbana endémica.
Temer suspendió el pago de las deudas a Estados
El gobierno de Brasil selló un acuerdo con los Estados regionales en crisis que suspende el pago de sus deudas hasta 2017, mientras negocia con Río de Janeiro un auxilio para financiar los Juegos Olímpicos.
“Quedó establecido que durante este año, hasta diciembre, habrá carencia, no habrán pagos”, informó el presidente interino Michel Temer después de una reunión con gobernadores en Brasilia. A partir de enero se retomará el pago de forma escalonada: los Estados pagarán 5,55% de la cuota total de la deuda en el primer mes y gradualmente se incrementará hasta llegar al 100% en 18 meses.
Al cierre de 2015, los Estados debían a la administración central 427.000 millones de reales (U$S 125.700 millones), casi la mitad de San Pablo. El impacto de este acuerdo, sellado tras varias jornadas de negociaciones, será de 50.000 millones de reales (U$S 14.700 millones) hasta 2018, precisó el ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, que aclaró que no se trata de una condonación de deuda. “Es una revisión hasta el final del contrato y será pagado”, indicó.
Meirelles indicó que Río de Janeiro “requiere una acción específica” para atender el estado de calamidad decretado por el gobierno de Río el viernes pasado para poder financiar los Juegos de agosto y los servicios públicos esenciales.
El gobierno de Río espera recibir un auxilio de unos 3.000 millones de reales (U$S 883 millones) para poder financiar obras de infraestructura ligadas a las Olimpíadas, como la línea 4 del metro que debe unir Ipanema con Barra da Tijuca, barrio neurálgico de los Juegos.
La reunión entre Meirelles y el gobernador interino de Río, Francisco Dornelles, prevista para este lunes, no se realizó, informó un asesor del ministerio, que indicó que la propuesta al Estado de Río debe ser anunciada el miércoles.
La previsión del déficit del Estado de Río para este año es de 19.000 millones de reales (U$S 5.555 millones).
