A partir de ayer las declaraciones juradas de bienes de una amplia mayoría de funcionarios públicos (actuales y de la gestión anterior) pueden consultarse en el sitio web de la Fiscalía de Estado. En una primera mirada rápida a las declaraciones, aparecen algunos casos en los que las parejas de los funcionarios tienen más bienes que quienes ocuparon un cargo público.
Quienes se comprometieron en presentar su declaración patrimonial fueron los de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Judicial aun se resiste a las políticas de transparencia. Otro organismo que se resiste es el Tribunal de Cuentas: teniendo en cuenta que se trata de un ente de control, es irónico que no presenten sus declaraciones juradas.
La historia de las declaraciones juradas de bienes empezó con el decreto 1.789 del año pasado, firmado por Francisco Pérez a pedido de la Fiscalía de Estado. En realidad ese decreto fue la respuesta a un largo reclamo de distintas entidades y medios de comunicación por adherir a la Ley de Ética pública 25.188, que fue sancionada setiembre del ‘99 por el Congreso, por la que los funcionarios públicos de la Nación presentan cada año su declaración jurada de bienes.
Los intentos aislados por sancionar una ley para Mendoza chocaron contra la resistencia de la clase política de someterse al control ciudadano. Ahora, ante el reclamo permanente, Fiscalía de Estado hizo el pedido y el ex gobernador Pérez antes de irse firmó un decreto que sólo alcanza a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Con el correr de los meses las cámaras de Senadores primero y Diputados después adhirieron al régimen.
Más allá de las suspicacias acerca de los bienes que exhiben algunos funcionarios, de los debates acerca de los montos que se explicitan como valores de bienes muebles e inmuebles, la posibilidad de poder seguir la evolución patrimonial de quienes cobran un sueldo del Estado y de su entorno familiar cercano es un paso adelante hacia la transparencia.
Paquistas
De las declaraciones publicadas, hay unas pocas de funcionarios del actual Gobierno, así como también de legisladores actualmente en funciones. La gran mayoría corresponden a los ex funcionarios del gobernador Pérez. Una mirada rápida por encima de los principales protagonistas que acompañaron a Pérez hasta el último día de gestión, aparecen algunos casos llamativos, como el propio Pérez, que su esposa tiene más bienes que él mismo.
El ex Mandatario detalla que tiene el 50% de una casa, que se supone es la que actualmente habita, el 50% de un Peugeot 3008. Su esposa, Celina Sánchez tiene el otro 50% de la casa y el 100% de otras cuatro propiedades.
De acuerdo a lo informado en la web de Fiscalía de Estado, la casa que ambos cónyuges tienen a medias ha sido escriturada en setiembre de 2005 (antes de que Pérez fuera gobernador); una de las otras cuatro propiedades a nombre de Celina Sánchez fue escriturada en diciembre de 2000; las otras tres pasaron a nombre de Sánchez en noviembre de 2013, cuando Pérez era gobernador.
Celina Sánchez explicó que en realidad es una sola propiedad con tres nomenclaturas catastrales (departamento, cochera y baulera) y que se pagó en parte con una liquidación de honorarios por antiguos servicios a una conocida empresa supermercadista y el resto se está cancelando en cuotas.
Ese departamento es el más caro de las propiedades de la familia (casi 1,2 millones de pesos, contra $189 mil de la casa familiar y $215 mil de la casa comprada en año 2000); Sánchez dice que el primero se declaró con el precio que figura en el boleto de compra-venta, mientras que el resto de las propiedades se declaró con el avalúo fiscal.
Situación similar exhiben el ex ministro de Seguridad Leonardo Comperatore y su esposa Alejandra Olivera. En la declaración del ex funcionario aparece una casa 140 mil pesos y un Citroën C3 2011 por 100 mil pesos; Olivera declaró una casa ($313 mil), un departamento ($238 mil) y un lote ($350 mil). Este último ingresó al patrimonio en agosto de 2015, cuando Comperatore ya era ministro.
Similar es el caso del titular del Departamento General de Irrigación José Luis Alvarez. Su esposa, Adriana Tuma es médica, se desempeña en el sector privado y también en OSEP. Alvarez tiene el 50% de una propiedad y el 50% de un auto.
Ella tiene cuatro propiedades, sólo una de ellas en sociedad conyugal con Alvarez desde 2001; tiene el 50% de una casa y un departamento (no consta quiénes son los socios), ambos incorporados al patrimonio en 2008; por último el 100% de un departamento comprado en 1997.
Además en Irrigación también se desempeña Fabiana Alvarez, que es hermana del titular de Irrigación y se compró una casa en 2015.
Otro caso interesante es el de Omar Parisi, quien fuera titular del IPV, y su esposa Marisa Garnica, quien se desempeñara como directora de la Agencia Vial. En la declaración de Parisi aparece una propiedad de 364 mil pesos y en la de Garnica una de 275 mil pesos. El automóvil que declaran los dos es el mismo.
