Imputan por un lote en Dalvian al ex fiscal De Rosas y su mujer

La sospecha es que es una dádiva que recibió tras favorecer a la familia Vila en dos negociaciones con el Estado. La fiscal Ríos avanzó luego de tres años en una causa que quiso archivar.

La esposa del ex fiscal de Estado (Joaquín de Rosas), Viviana Noemí Quiroga, tiene un lote de 800 metros cuadrados en Dalvian, pero ni el ex fiscal de Estado, ni su señora pudieron justificar ingresos para comprarlo. Por eso, ayer, ambos fueron imputados por la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos.

La historia del lote se remonta a 2006, cuando Quiroga escrituró ese terreno de calle Cerro Los Guanacos a su nombre. En ese momento, el nombre de De Rosas volvió a quedar ligado al barrio privado y al grupo Vila-Manzano.

La investigación sobre el lote no es la única que tiene Ríos en la que De Rosas, el grupo económico y Dalvian son protagonistas. Tenía otras dos que le están causando dolores de cabeza a la fiscal de Delitos Complejos: ayer Los Andes informaba que Ríos ha sido denunciada ante el Jury de Enjuiciamiento. En esa presentación se asegura que las dos causas en las que se debía investigar el vínculo entre De Rosas y Vila fueron archivadas por la fiscal especial.

La única causa que queda en pie es la 89.036/10 acerca del terreno propiedad de la esposa de De Rosas, con la sospecha de que era una dádiva. El 16 de febrero de 2013, este diario informaba que esa causa había sido archivada por Ríos, pero el fiscal de Cámara del Crimen, Javier Pascua, y la jueza de Garantías, Patricia Alonso, devolvieron las actuaciones a la magistrada porque entendían que faltaba pruebas que deslindaran responsabilidades del ex fiscal de Estado y su esposa.

El lote fue escriturado por Quiroga en 2006. En la causa, la mujer decía que la propiedad había costado 65.640 dólares y que el dinero lo había obtenido por un seguro de vida.

Otro elemento que generaba sospechas sobre el lote de los De Rosas-Quiroga es que Dalvian no le cobraba las expensas.

En 2013, Pascua argumentaba que para deslindar las responsabilidades, antes Ríos debía pedir a la AFIP las declaraciones juradas de ganancias de la pareja; también la historia de pago de Ingresos Brutos en la ATM e informes a la empresa que pagó el seguro de vida, monto pagado y fecha de liquidación.

Así la causa volvió a manos de la fiscal. En la mañana de ayer, tres años después que Alonso y Pascua le devolvieran el expediente, la fiscal de Delitos Complejos imputó a De Rosas y Quiroga.

Lo del terreno como supuesta dádiva no tiene sentido sin la otra historia: la de las otras dos causas que también Ríos habría mandado al archivo. De Rosas dejó de ser fiscal de Estado porque el Jury de Enjuiciamiento entendió que había beneficiado a la familia Vila y el lote llegó cuando el supuesto beneficio fue concretado.

Los hechos ventilados en el proceso ante el Jury se refieren a dos historias que fueron ocurriendo casi paralelamente. Por un lado, el relato de una deuda de más de 6 millones de dólares que Dalvian tenía con los fenecidos bancos estatales de Mendoza; por el otro, la expropiación de tierras para crear la reserva Divisadero Largo, en el pedemonte de la Ciudad.

El defensor del erario público en esos juicios de expropiación fue De Rosas y quien negoció con la familia Vila el monto y el pago de la deuda que Dalvian tenía con el Estado, también fue De Rosas.

En el caso de los créditos, gracias a la determinación de deudas que avaló el ex fiscal de Estado, los 6 millones de dólares se transformaron en 1,5 millón de pesos.

El primer convenio de actualización y pesificación de la deuda bancaria de Dalvian se firmó en mayo de 2005. Un año después, la esposa de De Rosas compraba el terreno en cuestión.

En las expropiaciones, había seis propietarios: uno era Daniel Vila; el otro Dalvian. Ellos dos cobraron 13 y 17 pesos el metro cuadrado, según fuera terreno llano o accidentado; los otros cuatro cobraron $ 2,76 por metro cuadrado.

Las dos historias, la de los créditos y la de la expropiación, están en las dos causas que supuestamente la fiscal Ríos archivó y que motivaron que ella misma terminara denunciada ante el Jury.

La de los créditos es el expediente 77.348, que es una derivación penal de una causa tramitada por la jueza civil Fabiana Martinelli. La ordenada por la Suprema Corte por el precio exorbitante de expropiación de tierras para Divisadero Largo, es la 99.573.

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