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Las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la Colonia Dignidad durante la dictadura de Augusto Pinochet volvieron a quedar en el centro de la escena, a partir del reclamo del Parlamento alemán para que el Gobierno chileno contribuya a esclarecerlas y el pronunciamiento de organismos trasandinos para que el Ejecutivo de Michelle Bachelet responda ese pedido.
La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad emitió un comunicado en el que exigió al Estado chileno que colabore con las decisiones aprobadas el jueves por el Parlamento alemán, para un esclarecimiento de las violaciones, que "esperamos desde hace más de 40 años".
En un documento, sostienen su deseo de que el Estado chileno "responda al Parlamento alemán disponiendo los fondos y los delegados para una comisión resolutiva bilateral" de expertos.
Además, en el comunicado la agrupación resalta la importancia de esclarecer, "de una vez por todas, lo que fue y es el patrimonio financiero de Colonia Dignidad, donde el Estado chileno debe responder a las víctimas sobrevivientes y familiares con una reparación justa", sostuvo la agrupación.
Para la presidenta de la Asociación, Margarita Romero, el Estado chileno tiene el deber de disponer "los recursos humanos y económicos necesarios para implementar comisiones y equipos ad hoc, y coordinar las tareas que por fin nos permitan conocer la verdad sobre todo lo ocurrido en Colonia Dignidad".
La resolución aprobada de forma unánime en el Parlamento alemán contempla el reconocimiento de la corresponsabilidad del Estado alemán, la adopción de medidas compensatorias para las víctimas chilenas y alemanas, el esclarecimiento de los crímenes cometidos y el avalúo patrimonial de la secta que dirigía el enclave.
Además, la resolución del Congreso alemán reconoce la responsabilidad del Estado de ese país en el fracaso a la protección de los derechos humanos de centenares de víctimas chilenas y alemanas, durante las décadas del 60, 70 y 80.
La iniciativa, que salió por unanimidad, solicita al gobierno federal "pasar de las palabras a los hechos", tras reconocer la responsabilidad moral en el caso.
Colonia Dignidad está ubicada a 380 kilómetros al sur de Santiago, fue fundada por el ex suboficial nazi Paul Schafer y funcionó hasta 1991. A Schafer se le adjudicó una serie de denuncias por abusos sexuales de menores y violaciones a los derechos humanos, por las que fue condenado y murió en la cárcel.
Luis Peebles, un sobreviviente de esas violaciones ocurridas al interior de la Colonia Dignidad, declaró que elacuerdo del Parlamento alemán para esclarecer los crímenes perpetrados allí abre "una esperanza de reparación".
"La aprobación constituye una esperanza para la rehabilitación y reparación de los alemanes sometidos en Colonia Dignidad, y un paso hacia la verdad de los chilenos desaparecidos o que fuimos torturados por militares de alto mando chileno conjuntamente con jerarcas alemanes", dijo Peebles.
Por su parte, Romero recordó que tiempo atrás su asociación pidió al Estado chileno ser parte en la búsqueda de verdad y justicia en los crímenes de Colonia Dignidad, en una carta entregada al ministro de RelacionesExteriores, Heraldo Muñoz.
"Muchos de los culpables de estos crímenes permanecen en la impunidad, y en el caso de los ex colonos involucrados, escaparon de Chile a Alemania mientras estaban siendo procesados e investigados por la Justicia local", dijo la responsable de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.
Romero agregó, citada por la agencia DPA, que la carta al canciller especifica el caso de Harmut Hopp,condenado por tribunales chilenos a cinco años de cárcel, pero quien logró fugarse a Alemania.
En junio de 2016, luego de tres años de gestiones, la Fiscalía alemana de Krefeld envió una solicitud al Tribunal Regional en la que pedía declarar ejecutable la condena chilena, representando y trasmitiendo así la solicitud del Estado chileno. Pese a esto, hasta hoy Hopp permanece en libertad, lamentó Romero.
