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Miles de personas salieron ayer a las calles en Venezuela para exigir que se levante la suspensión al referéndum contra el presidente Nicolás Maduro, en una jornada de protesta que dejó más de 100 heridos y 147 detenidos, según denunció la oposición.
La manifestación, que se realizó pacíficamente en Caracas, fue opacada por incidentes violentos en varias regiones, con el líder opositor Henrique Capriles responsabilizando de los hechos a Maduro y a grupos paramilitares.
“Tenemos heridos y detenidos. Ellos (el Gobierno) se comprometieron públicamente con el enviado del Papa (Emil Paul Tscherrig) a garantizar que el pueblo iba a ir a la protesta sin que ellos se metieran a generar violencia”, dijo en una rueda de prensa en la que presentó un balance.
Capriles dijo que en el estado andino de Mérida hubo 50 heridos y en Zulia 4, todos de bala. Asimismo, acusó a grupos paramilitares de haber atacado a las manifestaciones que se dieron en 21 de las 23 regiones del país.
“En total tenemos 120 heridos y 147 detenidos por pedir el referéndum revocatorio”, señaló Capriles, quien fue el convocante de la jornada llamada “Toma de Venezuela”.
Agregó que, a pesar de eso, la manifestación en Caracas se realizó pacíficamente y con una participación “impresionante”. “Quedamos sorprendidos del tamaño de la movilización”.
La agrupación no gubernamental Foro Penal había informado de varios heridos y señaló que en Zulia uno de ellos sufrió un tiro en el abdomen y que su condición es “muy grave”.
La oposición salió a la calle a reclamar que se levante la suspensión de la consulta sobre el mandato presidencial ordenada por la justicia.
La masiva concentración se dio en la autopista caraqueña Francisco Fajardo el día en que debía comenzar la recolección de firmas de electores para activar el referéndum.
La autopista fue colmada en gran parte por opositores vestidos con camisas blancas que ondeaban banderas tricolores y pancartas en favor del suspendido referéndum.
La concentración se llevó a cabo mientras otros miles de partidarios de Maduro se concentraron en los alrededores de la casa de Gobierno de Miraflores para expresar su apoyo al gobernante.
En la protesta, el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, convocó a una huelga de 12 horas para mañana, en rechazo a la suspensión del referéndum.
El jefe de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, dijo que se está preparando una marcha el 3 de noviembre que irá a la casa de Gobierno de Miraflores de “manera pacífica”, para notificarle a Maduro la decisión de la Asamblea, de mayoría opositora, de iniciar un juicio político en su contra sobre su responsabilidad en la crisis.
Desde la casa de Gobierno, Maduro replicó que no permitirá la llegada a Miraflores de la oposición. “Aquí estaré en este palacio, donde más nunca vendrá ni entrará la oligarquía pitiyanki de Venezuela, así lo digo, así lo decreto y así lo lograremos”, señaló ante sus partidarios.
A la vez, Capriles dijo que la oposición le daba a Maduro un plazo de una semana para “restituir” el hilo constitucional o llamar a una marcha hacia Miraflores.
“El Gobierno suspendió el referéndum, dio un golpe de Estado. Nosotros dijimos que íbamos a otra etapa para defender la Constitución, para que cese el golpe de Estado y el Gobierno vuelva al orden constitucional, que sepa que tiene que aceptar el revocatorio. Aquí no hay otra agenda”, aseveró.
Maduro afirmó que la oposición se propone retirarse de la mesa de diálogo que se instalará el domingo con la facilitación del Vaticano, pues “han recibido de Washington orden de acabar con la revolución bolivariana”.
Preocupación de 12 países de la región
Doce gobiernos latinoamericanos manifestaron ayer su “preocupación” por la “aguda polarización por la que atraviesa Venezuela”, y reiteraron su llamado para que el gobierno bolivariano y la oposición “tengan voluntad política y establezcan un diálogo constructivo”.
“Observamos con preocupación la aguda polarización y reiteramos el llamado para que las partes tengan voluntad política y establezcan un diálogo constructivo con soluciones que respeten el estado de derecho y las garantías constitucionales”, indicaron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Fuente: DyN
