En las últimas horas se volvió a instalar el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, debido a que el Gobierno anunció que presentará en el Congreso un anteproyecto que establezca un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil. La organización que defiende los derechos humanos en Mendoza criticó duramente la iniciativa que pretende juzgar a menores desde los 15 a los 18 años por delitos graves.
Gonzalo Evangelista, abogado de Xumek, aseguró a Canal 9 de Mendoza que desde el Ejecutivo Nacional se pretende darle un tratamiento "rápido" al anteproyecto en sesiones ordinarias, por lo que calificó a la actitud de un acto "demagógico", teniendo en cuenta que cursamos un año electoral.
El letrado criticó duramente el documento, que aún no ha sido presentado, por "no contemplar la prevención y apuntar a la punibilidad". A criterio de Evangelista "se confunden conceptos". "Una cosa es la posibilidad de reprochar, entender la comisión de un delito y otra es si daremos pena o no".
No obstante, Evangelista indicó que si el objetivo es iniciar el debate sobre sanciones a menores de 15 años que cometan delitos, los castigos "deberían ser otros". Incluso apostó a convocar a la discusión a otros sectores para generar una buena norma, aspirando a un debate tal y como el que se dio "con el proyecto del aborto".
Por su parte, los mendocinos fueron consultados por el mismo canal y expusieron su punto de vista: "Cuando uno comete un delito tiene que ser juzgado como cualquier adulto, para algunas cosas son adultos y para otras no", enfatizó un ciudadano mientras caminaba por el Centro de Mendoza.
Una joven no estuvo de acuerdo y planteó que “si bien cometen demasiados delitos no están en edad para estar en ese contexto (de encierro)”.
Otro mendocino consultado expuso: “A los 16 sí, a los 15 no sé…no sé si los pondrían con los otros presos mayores”.
Según fuentes oficiales, la semana que viene el documento será presentado por la autoridad máxima de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Luego se pondrá a disposición de los legisladores que integran el Congreso de la Nación para que le den despacho.