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Entre denuncias de “ejecución extrajudicial”, familiares y grupos de derechos humanos exigieron ayer la entrega de los cuerpos del piloto Óscar Pérez (protagonista de sonadas acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro), y de los otros 6 abatidos en un operativo de seguridad.
“Les exijo que por favor me permitan, con todo el dolor que tengo en mi alma, que mi hijo sea reconocido, si de verdad está en la morgue”, clamó la madre, Aminta Pérez, en un video publicado en la cuenta de Twitter de la esposa del piloto, Dana Vivas.
"Célula terrorista"
Por su parte, en un mensaje divulgado en la televisión estatal, el mayor general de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, dijo que 2 policías y 7 miembros del grupo rebelde, entre ellos una mujer, perecieron durante la operación de desmantelamiento de la organización que calificó como “célula terrorista”.
Reverol dijo que 6 personas, que fueron identificadas como miembros, colaboradores y financistas del grupo, fueron detenidas y a uno de ellos se le decomisaron 2 fusiles que formaban parte de un lote de armas que fue robado el mes pasado a un comando de la Guardia Nacional, uniformes militares, municiones y granadas de humo.
El ministro presentó las fotografías de Pérez, de 36 años, y otras personas que murieron en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en una operación especial en la barriada pobre de El Junquito, al oeste de Caracas, en la que participaron alrededor de 40 policías y militares.
Los policías fallecidos respondían a los nombres de Andriun Ugarte de 32 años y Nelson Chirinos de 29, mientras que los rebeldes muertos fueron identificados como Daniel Soto, 30; Abraham Lugo, 30; Abraham Agostini, 33; Jairo Lugo, y una mujer de 26 años que aún no ha sido reconocida por las autoridades.
La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática rechazó los comentarios del ministro en los que implicó a dirigentes políticos en el caso y señaló al alto funcionario de tratar de afectar los diálogos. El delegado opositor, diputado Enrique Márquez, dijo que denunciará a Reverol ante los facilitadores internacionales del proceso.
La explicación oficial
Al explicar las razones que llevaron a los policías y militares a enfrentarse a los rebeldes, el ministro dijo que pese a todos los intentos para lograr una rendición pacífica y negociada, el “grupo terrorista fuertemente armado inició de manera artera, mal intencionada, un enfrentamiento con los organismos de seguridad”.
“Ante una agresión que pone en riesgo la vida e integridad de los funcionarios se procedió con los protocolos definidos para neutralizar al grupo agresor”, agregó.
Pérez, quien se dio a conocer tras atacar en junio pasado desde un helicóptero dos sedes de organismos públicos, difundió el lunes en su cuenta de Twitter un video en el que se observaba con el rostro lleno de sangre y un fusil a su lado.
El ex policía aseguró que las fuerzas de seguridad lo mantenían cercado en el lugar donde estaba escondido junto a otras personas y que le estaban disparando.
“Nos vamos a entregar”, gritó Pérez mientras se escuchan al fondo algunas detonaciones de armas de fuego. “No quieren dejar que nos entreguemos. Nos quieren asesinar”, agregó.
En las redes sociales se difundieron algunos videos del momento en el que unos supuestos funcionarios dispararon a distancia un lanza granada antitanque contra una vivienda donde se presumía estaba Pérez con los miembros de su grupo. El uso del lanza granada fue confirmado por Pérez en uno de los videos que difundió antes de morir.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó la creación de una comisión especial para que investigue los hechos.
La diputada opositora y presidenta de la comisión especial, Delsa Solorzano, exigió a las autoridades la entrega de los cuerpos de los rebeldes fallecidos a sus familiares y que no sean cremados. “Deben preservarse los cuerpos para garantizar resultados transparentes de la investigación”, dijo Solorzano en Twitter.
La organización Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió en un comunicado al gobierno informar de manera precisa sobre los hechos ocurridos en El Junquito. A los cuestionamientos también se sumó el partido opositor Primero Justicia que criticó la ausencia del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en la operación.
