Adriana tenía 28 años y cinco meses de embarazo cuando la mataron de un disparo durante las protestas contra el gobierno venezolano en 2014. Al pie de su tumba, Manuela clama: “Soy una madre y una abuela que pide justicia”.
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Adriana tenía 28 años y cinco meses de embarazo cuando la mataron de un disparo durante las protestas contra el gobierno venezolano en 2014. Al pie de su tumba, Manuela clama: “Soy una madre y una abuela que pide justicia”.
Agotada de que le pregunten si culpa al gobierno o a la oposición, Manuela Pérez confía en que el homicida no sea amparado por una ley de amnistía que la mayoría opositora parlamentaria planea aprobar en primer debate hoy, aunque el presidente Nicolás Maduro afirmó de antemano que la vetará. “Siempre he insistido en no politizar este asunto (...). El crimen de mi hija no es un crimen político”, dice.
En estos días se cumplen dos años del inicio de las revueltas que dejaron 43 muertos y 878 heridos, entre opositores, chavistas, y gente de ningún bando como Adriana, que aquel día sólo pasaba por una barricada, a las afueras de Caracas.
La amnistía “no puede amparar a un delincuente como el que mató a mi hija”, insiste Pérez, quien piensa apelar la pena de 17 años de cárcel contra el homicida. Para ella sólo habría justicia si le dan la máxima de 30 años. La polarización política que vive Venezuela ha creado confusión sobre a quiénes amparará la amnistía.
La oposición dice buscar la libertad de unos 75 políticos presos, entre ellos el opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión acusado por el gobierno de llamar a la violencia en las protestas que exigían la salida del poder de Maduro.
El oficialismo rechaza el proyecto al asegurar que beneficiará a “terroristas” y “asesinos” -como califica a López- responsables de las llamadas “guarimbas”, barricadas que obstruyeron calles y avenidas en las protestas entre febrero y mayo de 2014.
Nancy Márquez apoya la propuesta porque dice que excluye a funcionarios violadores de derechos humanos, como los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana imputados por el homicidio de su hermano. El problema, afirma, está en la impunidad. “Los que golpearon a mi hermano están evadidos de la justicia (...) están identificados pero libres”, declaró en el apartamento que habitó José Alejandro Márquez (45) hasta el día de su muerte.
Sin pista alguna de quién asesinó a su hijo de 26 años, Derek Redman espera que la oposición “no se equivoque” al escoger a quiénes beneficiará la ley. “Quisiera que los jóvenes salieran a la calle con libertad plena para ejercer su derecho a expresarse”, comentó en la sala de su casa, donde levantó un altar con imágenes de San Judas Tadeo, el Espíritu Santo y la bandera venezolana que Roberto llevaba en el bolso el día que murió de un tiro en la cabeza.
Advierten sobre peligro de más expropiaciones
El gremio venezolano de industrias de alimentos advirtió ayer que nuevas expropiaciones o intervenciones gubernamentales del sector agravarían la aguda escasez de alimentos.
“En ninguna circunstancia se justifica una estatización que produciría, como en otras expropiaciones en el sector de alimentos, mayores ineficiencias y más oportunidades de corrupción”, dijo Manuel Larrazábal, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, en rueda de prensa. El directivo señaló que ya de por sí los inventarios en algunos rubros son “críticos” y el suministro de materias primas “intermitente”. Para Larrazábal, “la intervención o apropiación de la distribución de alimentos no es conveniente porque agrava la situación de escasez”.
La semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó en firme un decreto de emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro, que había sido rechazado por la Asamblea Nacional dominada por la oposición. La mayoría parlamentaria negó el decreto con el argumento de que abría la puerta a nuevas expropiaciones, al permitir al gobierno disponer de bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos.
En medio del enfrentamiento con la oposición por la emergencia económica, Maduro arreció sus ataques contra el grupo empresarial Polar, el mayor productor de alimentos del país, cuyo dueño, Lorenzo Mendoza, siempre ha estado en la línea de fuego del chavismo bajo a acusaciones de sabotear la producción y distribución de alimentos.
Maduro advirtió hace dos semanas que dejaba “en manos del gabinete económico qué hacer con la guerra anunciada y declarada por Mendoza en este momento de dificultades”, y se declaró a la espera de “recomendaciones contundentes”.
