La embajadora de Ecuador en Argentina, con experiencia en el sector judicial, resaltó los tótems para denuncias online y el laboratorio de huellas genéticas.
Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza
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Marcelo Álvarez / Los Andes Durante su paso por Mendoza para vivir desde adentro los festejos vendimiales, la embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, visitó las instalaciones del Ministerio Público Fiscal de Mendoza (MPF). Pero no se trató simplemente de un encuentro protocolar, sino que la diplomática mostró un marcado interés por el modelo de trabajo que desarrolla el organismo mendocino para recibir denuncias, investigar delitos y facilitar el acceso de la ciudadanía a la Justicia.
La embajadora mantuvo una reunió con el procurador general Alejandro Gullé, encuentro que dejó abierta la puerta a futuras instancias de cooperación entre Mendoza y Ecuador. De hecho, una de las conclusiones más destacadas del encuentro fue la intención de avanzar hacia un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Ecuador, con el objetivo de compartir experiencias e incluso replicar algunas de las herramientas desarrolladas en la provincia.
La visita permitió a la diplomática interiorizarse sobre la estructura organizativa del MPF y conocer de cerca distintas áreas estratégicas que intervienen en la investigación penal. El foco estuvo puesto especialmente en las innovaciones tecnológicas y en los sistemas diseñados para acercar el servicio de justicia a la ciudadanía.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de Salazar fue el funcionamiento de los Centros de Denuncias Web, conocidos como CEDEW. Estos dispositivos -instalados en distintos puntos del territorio provincial- permiten a los ciudadanos realizar denuncias penales en espacios accesibles, con acompañamiento y asistencia personalizada. En la actualidad existen cerca de 65 de estos tótems distribuidos en Mendoza, lo que ha permitido ampliar significativamente los canales para iniciar investigaciones penales.
Cada registro genera información que luego es procesada a través del sistema de georreferenciación del delito desarrollado por el propio MPF. Esta herramienta permite identificar patrones delictivos y zonas con mayor incidencia de determinados delitos, datos que luego pueden ser utilizados por municipios y organismos de seguridad para planificar políticas de prevención.
“He quedado fascinada y sorprendida”, expresó Salazar tras recorrer las instalaciones del organismo. “Quiero felicitar la labor del señor procurador porque no solamente el espacio físico es moderno, sino que la forma de administrar el sistema es innovadora. La gestión me parece realmente impresionante”, agregó.
Las palabras de la embajadora ecuatoriana tienen un peso particular si se tiene en cuenta su trayectoria en el ámbito judicial. Antes de asumir funciones diplomáticas, Salazar fue fiscal general de Ecuador entre 2019 y 2025 y cuenta con una extensa formación académica en derecho penal, derecho procesal y ciencias políticas.
Durante la visita, también estuvo acompañada por la coordinadora general del MPF, Andrea Chaves, quien participó del recorrido por distintas áreas especializadas del organismo.
La agenda incluyó además un intercambio técnico sobre proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo en Mendoza. Entre ellos, la iniciativa para crear la Unidad Fiscal de Flagrancia, que actualmente se analiza en la Legislatura provincial. Este modelo busca acelerar la respuesta judicial en delitos cometidos en flagrancia, es decir, cuando el hecho ocurre en el momento o el sospechoso es detenido inmediatamente después.
Otro de los puntos que despertó interés fue el funcionamiento del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, considerado uno de los bancos de datos genéticos más importantes de la región. Este registro ha permitido avanzar en la identificación de autores de delitos y también en la resolución de casos complejos mediante evidencia científica.
La delegación ecuatoriana también recorrió espacios clave para el trabajo investigativo, como la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (UDAPIF) y el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (EdeAAS), áreas especializadas que brindan asistencia técnica y acompañamiento a fiscales en investigaciones sensibles.
Para Salazar, el valor del sistema mendocino radica no solo en la incorporación de tecnología, sino también en la organización institucional que permite coordinar distintas áreas del Estado en la lucha contra el delito.
“Vamos a proponer desde la Embajada del Ecuador la suscripción de un convenio de cooperación con la Fiscalía General del Estado”, señaló la embajadora. La idea es que algunas de las herramientas observadas durante la visita puedan ser adaptadas e implementadas en su país.
La reunión también permitió compartir experiencias sobre cómo se combate el delito en Ecuador. En ese marco, Salazar explicó el funcionamiento del sistema de flagrancia que se aplica allí para delitos menores, lo que generó un intercambio de ideas sobre posibles mejoras en los modelos de gestión judicial.