El Gobierno turco insistió hoy en que debatirá la reinstauración de la pena de muerte ignorando la posición contraria de la Unión Europea (UE) y sus amenazas de bloquearle el ingreso al mercado comunitario porque, asegura, es una cuestión nacional.
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El Gobierno turco insistió hoy en que debatirá la reinstauración de la pena de muerte ignorando la posición contraria de la Unión Europea (UE) y sus amenazas de bloquearle el ingreso al mercado comunitario porque, asegura, es una cuestión nacional.
"No trabajamos en eso pensando en como reaccionaría la UE, sino como un Estado de derecho", afirmó el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, en una entrevista con la emisora CNNTürk.
El funcionario volvió a recordar que tras el fallido golpe de Estado del pasado viernes, hubo manifestaciones masivas en las que la gente pidió la reintrodución para los golpistas de la pena capital, abolida definitivamente en 2004.
Asimismo, Bozdag rechazó las advertencias formuladas desde Bruselas de que ningún país que ejecuta sentencias de muerte puede entrar en la UE.
"Hemos regulado la pena de muerte. Incluso añadimos un artículo a la Constitución diciendo que no podría ser reintroducida. ¿Nos aceptaron en la UE? No. Siempre encuentran una razón para no aceptarnos. No tendrán problemas para encontrar una excusa para mantenernos fuera", dijo el ministro, según refleja también la agencia de noticias EFE. Por eso, aseguró, el Ejecutivo no tendrá en cuenta las consideraciones de la UE pero sí "los intereses del Estado y de la nación".
Bozdag también informó de que hoy se enviaron las evidencias solicitadas por Estados Unidos sobre la petición de detención y extradición de Fetullah Gülen, un clérigo islamista que vive en ese país desde 1999 y al que Ankara acusa de organizar la asonada militar.
Además, el ministro dijo que el Gobierno quiere usar al mínimo el recurso de los decretos-ley que le permite el estado de emergencia que comenzó ayer. Uno de los casos en los que se usará es para ampliar, en un primer paso, a siete u ocho días (desde los cuatro actuales) el tiempo en que una persona puede estar detenida antes de ser enviada al juez.
