24 de enero de 2013 - 01:22

Tras 7 años, México liberó a la francesa condenada por secuestros

Florencia Cassez cumplía una pena a 60 años, pero la anularon por vicios procesales. El caso provocó conflictos diplomáticos entre el país azteca y Francia.

Un panel de la Corte Suprema de México ordenó ayer liberar a una ciudadana francesa sentenciada a 60 años de prisión por secuestro tras considerar que hubo graves violaciones a sus derechos, en un fallo que mientras fue elogiado por Francia generó enojo entre algunas víctimas de secuestros y activistas.

Con tres votos a favor y dos en contra, la primera sala del máximo tribunal mexicano resolvió dar un amparo a favor de la francesa Florence Cassez, cuyo caso ha mantenido por varios años la atención nacional e internacional e incluso tensó las relaciones entre México y Francia.

Un convoy policial escoltó horas después una camioneta fuera de la prisión donde Cassez permanecía. Presumiblemente la francesa era trasladada en ese vehículo rumbo al aeropuerto internacional de la ciudad de México, mientras familiares de víctimas de secuestro gritaban “¡asesina!” al paso de la unidad.

Cassez, de 38 años, a quien los mexicanos ya consideraban una celebridad, o como su abogado describió “la villana más conocida del sistema judicial mexicano”, se declaró inocente desde su arresto en diciembre de 2005. Pero en 2008, fue sentenciada por ayudar a secuestrar con su entonces novio y su banda.

El Presidente de Francia, Francois Hollande, envió un mensaje por cadenas de televisión en Francia en el cual felicitó al gobierno mexicano por liberar a Cassez.

“Le quiero decir que es bienvenida con todo el apoyo que necesite”, expresó Hollande. “Quiero reconocer al sistema de justicia mexicano porque dieron prioridad a las leyes. Tuvimos confianza en él. Ahora podemos decir que entre Francia y México, existe la mejor relación posible”.

El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto dijo brevemente a la prensa que será “absolutamente respetuoso” del fallo.

La madre de Cassez se reunió con la primera dama de Francia, Valerie Trierweiler, en un departamento en París para esperar la resolución del máximo tribunal.

“Estoy loca de felicidad. No puedo decir nada más. Todavía no me lo creo”, dijo Charlotte Cassez, al celebrar en un café con personas que apoyaron a Cassez.

Los cinco ministros de la primera sala, encargada de revisar asuntos penales, coincidieron en que hubo violaciones a los derechos humanos de Cassez, aunque discreparon sobre si eso debería obligar a un nuevo juicio o su liberación.

Entre las violaciones argumentadas por los ministros está el montaje televisivo, un día después de su detención, lo cual implicó un retraso en su entrega a las autoridades. Autoridades y la cadena televisiva más grande de México, Televisa, admitieron que el arresto de Cassez había sido escenificado y que, en realidad, ella había sido capturada en otro lugar un día anterior. Las imágenes de esa detención en un rancho al sur de la Ciudad de México son muy conocidas y siguen siendo transmitidas a la fecha en los noticieros más vistos en el país.

Los ministros señalaron que la falta de asistencia consular inmediata también se tradujo en una violación a la presunción de inocencia y afectó el proceso.

La decisión del máximo tribunal provocó enojo entre conocidos activistas y las víctimas de los secuestros por los cuales Cassez había sido condenada.

“Hoy le abren la puerta a la impunidad. Hoy queda libre muchísima gente, y bueno, creo que este país, si ya vivimos en inseguridad, va a ser mucho más”, dijo a medios la activista Miranda de Wallace, quien también se postuló como candidata a la ciudad capitalina en 2012.

Ezequiel Elizalde, víctima de secuestro que testificó contra Cassez, dijo en Milenio televisión que el sistema de justicia mexicano perdía credibilidad y que los ciudadanos ya no deberían depender de las autoridades.

Cassez fue originalmente sentenciada en 2008 a 96 años de prisión tras encontrarla un juez culpable de la comisión de cuatro secuestros. Sin embargo, un año después se le redujo la pena a 60 años, tras ser absuelta de uno de los delitos.

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