La Dra. María Milagros Noli comentó en Hermoso caos sobre el avance de una reforma de la justicia penal juvenil en la provincia tras la media sanción del nuevo código procesal penal juvenil.
La Dra. María Milagros Noli habló en Aconcagua Radio sobre los avances en un nuevo modelo de justicia penal juvenil en Mendoza tras la media sanción del nuevo código procesal penal juvenil,
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La dra. María Milagros Noli, referente del fuero penal juvenil y directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza, detalló en "Hermoso caos" programa de Aconcagua Radio, que la provincia avanza hacia un nuevo modelo de justicia penal juvenil tras la media sanción del nuevo código procesal penal juvenil.
La reforma modifica el sistema vigente desde 2010 y establece nuevas reglas para el abordaje de los delitos cometidos por adolescentes. El proyecto amplía la intervención penal a jóvenes desde los 14 años, incorpora nuevas herramientas procesales y plantea un cambio de paradigma en la manera de investigar y resolver estas causas.
A diferencia de otras jurisdicciones del país, Mendoza cuenta desde hace más de una década con una estructura consolidada de tribunales, fiscalías y defensorías especializadas en materia penal juvenil. Sin embargo, la nueva legislación supone un quiebre en la lógica de trabajo."Se abandona un modelo que tiene un dispositivo dual de intervención, con una pata penal y una pata proteccional o tutelar muy marcada, que es donde se concentraba la mayor actividad del juzgado", explicó la magistrada.
Según Noli, el proyecto implica pasar a un esquema procesal similar al de los adultos: "Ese modelo de exclusividad que a mí me parece que ha hecho mucho bien se abandona a una lógica de proceso que es la lógica del proceso de los adultos. De alguna manera se adultiza el proceso", exclamó Noli.
Entre los cambios procesales se destacan la incorporación de procedimientos de flagrancia y tribunales mixtos para causas donde intervengan mayores y menores.
Frente a los debates sobre la inseguridad, Noli aportó datos estadísticos para dimensionar el volumen real de causas en la provincia, desmintiendo la existencia de una ola descontrolada de delitos juveniles.
En 2023 se registraron 483 expedientes proteccionales, en 2024 la cifra descendió a 468 y el último año se contabilizaron 445 jóvenes alcanzados por el sistema."En ninguno de los últimos 3 años hemos llegado a 500 expedientes proteccionales, que son los individuales de cada chico", puntualizó Noli.
La funcionaria remarcó que estos números representan "445 proyectos de vida que se han estado trabajando con jóvenes involucrados en una causa penal en la franja de 16 a 18 años".
Uno de los puntos con mayor impacto operativo es la ampliación del rango etario y el fin de los límites de penas mínimas para iniciar investigaciones penales. Hasta la fecha, el sistema solo perseguía delitos con penas privativas de libertad superiores a dos años cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años.
Con la nueva norma, el sistema abarcará a menores desde los 14 años e investigará la totalidad de los ilícitos, incluidos los hurtos simples y las tentativas de hurto. "Ese límite de política criminal se ha eliminado en la ley. Entonces, ahora se van a investigar todos los delitos, incluso los hurtos simples, incluso los hurtos en grado de tentativa desde los 14 años", advirtió la referente judicial.
Al analizar la naturaleza de las infracciones, Noli subrayó que el perfil delictivo juvenil en Mendoza está fuertemente marcado por la vulnerabilidad social: "El perfil del fenómeno criminal delictivo juvenil en nuestra provincia sigue siendo un derecho penal que persigue delitos de la pobreza. Entre el 60% y el 65% de los casos son delitos contra la propiedad". En ese sentido, agregó que "la selectividad del sistema penal opera con claridad en la persecución de este tipo de delitos, trabajando especialmente con sectores sociales postergados".
Respecto a las medidas de encarcelamiento, la Dra. Noli enfatizó que la privación de la libertad debe regirse bajo el principio internacional de última ratio o último recurso. Actualmente, la dirección de responsabilidad penal juvenil aloja a no más de 50 jóvenes en toda la provincia.
"La privación de libertad de un adolescente nunca puede ser la primera alternativa con la que el sistema penal busca intervenir en su vida", aseveró. La magistrada explicó que en la menor cuantía de condenas de prisión radica justamente el éxito del sistema tutelar previo: "Si el sistema funcionó, no es necesario aplicar pena. Los casos de aplicación de pena que nosotros tenemos en el sistema actual en Mendoza son muy bajos. En la mayoría de los casos no ha sido necesario aplicar pena porque el sistema ha resultado exitoso".
Bajo el nuevo esquema de la Ley Federal 27.801, la ley contempla herramientas para convertir las penas privativas de libertad en alternativas comunitarias para delitos menores, tales como amonestaciones, sistemas de georreferenciación o reparación integral del daño.
Finalmente, la funcionaria judicial anticipó que la duplicación de causas potenciales exigirá un refuerzo inmediato en la estructura del poder judicial y del poder ejecutivo. "Yo sí creo que va a haber una necesidad de que se van a tener que mejorar las estructuras en términos de recurso humano, tanto del ministerio público fiscal y de la defensa como de la corte e incluso del poder ejecutivo", concluyó la magistrada.
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