Laura Musa, directora de la Fundación Sur, analizó en "Hermoso caos" el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina y destacó sus avances en materia de derechos y garantías procesales para adolescentes. La especialista cuestionó el régimen anterior y advirtió sobre los desafíos que plantea la implementación de la nueva normativa y las condiciones de detención de los jóvenes.
Laura Musa, directora de la Fundación Sur habló en Aconcagua Radio sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil que comenzó a regir en Argentina que incluye a adolescentes de 14 y 15 años.
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UNICEF Argentina/PEPE_MATEO
Laura Musa, directora de la Fundación Sur y experta en derechos de infancia y adolescencia habló en "Encendidos", programa de Aconcagua Radio sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil que comenzó a regir en Argentina y comentó sobre los derechos, las garantías procesales y las condiciones de detención de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
La reciente entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil en Argentina generó un fuerte debate nacional. La norma, que comenzó a regir y que incluye a adolescentes de 14 y 15 años en el sistema penal —franja que antes no era punible—, ha sido señalada por diversos sectores judiciales como un factor que podría colapsar aún más. Sin embargo, para Laura Musa, “la nueva legislación representó un paso fundamental hacia la constitucionalidad, terminando con décadas de arbitrariedad judicial heredadas de la última dictadura cívico-militar”.
Durante más de cuarenta años, la justicia penal juvenil en Argentina se rigió bajo un decreto ley del año 1980 firmado por Jorge Rafael Videla. Un sistema que, bajo la aparente premisa de proteger a los menores declarados "no punibles", permitía a los jueces disponer discrecionalmente de sus vidas y privarlos de su libertad sin un debido proceso ni derecho a la defensa.
Musa fue categórica al evaluar este proceso histórico: "Nos estuvimos rigiendo hasta el fin de semana pasado por una ley de la dictadura. Un decreto ley firmado por Videla en el 80 y que se produjeron cambios en el 82". Durante todo este tiempo, criticó la experta, “ningún juez de menores decretó la inconstitucionalidad de aquella norma dictatorial”.
Con la implementación del nuevo régimen, Musa reconoció que no es el proyecto óptimo que la Fundación Sur y otros organismos de derechos humanos habían propuesto en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, pero que “el cambio es drásticamente positivo en términos de garantías procesales”.
"Salió esta ley que es buena por dos temas", explicó Musa. "Es buena porque los chicos imputados de un delito tienen derecho a la defensa, a demostrar si ellos fueron o no culpables. Además pueden tener testigos y abogados. Incluso a apelar".
"Bajo el régimen anterior, los menores de 16 años quedaban a merced de la decisión unipersonal del juez de menores. Esta dinámica penalizaba de forma brutal y selectiva a los sectores más vulnerables de la sociedad” expuso Laura Musa.
Musa describió con crudeza el funcionamiento de esta selectividad judicial: "Quitó a los jueces el derecho de decidir lo que querían. A un chico de los sectores medios se lo entregaban a los padres para que lo lleven al psicólogo, Mientras que, a los más pobres los mandaban a un instituto de menores hasta la mayoría de edad".
De este modo, “se institucionalizó un sistema donde la pobreza equivalía al encierro sistemático e indefinido bajo la figura de instituciones de "protección", las cuales la experta definió abiertamente como "cárceles para inocentes".
El debate se ha intensificado ante las medidas tomadas en la provincia de Buenos Aires, donde la jueza Pascual emitió un fallo suspendiendo temporalmente la aplicación de la ley, generando un complejo escenario de asimetría jurídica en el país. Mientras que en provincias como Mendoza la ley está plenamente vigente, en territorio bonaerense se ha puesto un freno.
Musa calificó la resolución de la magistrada como un "engendro jurídico" y señaló que, “tuvo seis meses previos para preparar al sistema. De esa manera, la jueza Pascual debió intimar al gobierno provincial a adecuar los lugares de detención en lugar de recurrir a la suspensión”.
Asimismo, la experta echó luz sobre actores institucionales que han recurrido a medidas de habeas corpus preventivo sin haber cuestionado nunca la ley de la dictadura, apuntando directamente a la Iglesia Católica.
"La Iglesia tampoco ha pedido la inconstitucionalidad de la ley de la dictadura. ¿Por qué?. En muchos casos esos hogares, esos institutos donde se mandaban a los chicos sin ningún tipo de condena, los gestionaba, los administraba y recibía apoyo de la Iglesia Católica Argentina", disparó Musa, sugiriendo que existen fuertes intereses económicos e institucionales detrás del mantenimiento del régimen de encierro anterior.
Frente al argumento de que esta reforma presupone una carga insostenible para las provincias en un contexto de restricción presupuestaria, Musa desmitificó la idea de que se trate de un "nuevo problema" para el Estado. “Los menores ya estaban encerrados; la diferencia radica en que ahora se ven las condiciones de ese encierro”.
"Lo que hace es que se corre el velo y se ve", explicó Laura Musa. Para ella, los gobiernos provinciales tienen hoy la oportunidad de sincerar la situación y profesionalizar los centros.
Concluyó con una máxima aplicable a la gestión pública: "Plata siempre hay. Es un tema de prioridades".
“La ley pone ahora la responsabilidad sobre los hombros de los jueces penales juveniles, quienes deberán exigir condiciones de detención dignas y apegadas a los tratados internacionales. Advirtió Laura Musa. "Si no hay cárcel en las condiciones de la ley, no habrá persona detenida".
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