La muerte de un alumno de secundaria durante una clase de Educación Física en el club Andes Talleres volvió a poner en agenda y debate la importancia de los chequeos médicos ante la realización de la práctica.
Falleció durante una clase de Educación Física. El año pasado se eliminó el apto médico en las escuelas para alumnos sanos. Responsabilidades y riesgos
El 30 de julio del año pasado la Legislatura de Mendoza aprobó una ley por la que en las escuelas de la provincia se dejó de exigir un certificado médico para la práctica de Educación Física.
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La muerte de un alumno de secundaria durante una clase de Educación Física en el club Andes Talleres volvió a poner en agenda y debate la importancia de los chequeos médicos ante la realización de la práctica.
Desde entornos vinculados a la especialidad profesional advierten que se trata de un tema complejo, con consecuencias dramáticas como puede apreciarse pero, además de la pérdida de vidas, con impacto tanto para los profesionales como para el sistema.
Parte de todo el contexto es que por un lado, la normativa para gimnasios por ejemplo, exige el apto médico mientras que los profesionales de Educación Física señalan desde siempre que aunque resulte engorroso, se trata de resguardar la salud.
Asimismo, en Mendoza se dispuso el año pasado que se deje de pedir certificado médico para hacer actividad física en las escuelas en el caso de alumnos sanos pero como contrapartida los padres deben presentar una declaración jurada donde consten las condiciones de salud del alumno.
Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) señalaron que estas condiciones no han cambiado y que entra en juego la responsabilidad de los tutores en cuanto a los controles médicos que realizan a sus hijos y la fidelidad de los datos que informan.
Durante la mañana del martes, un adolescente de 17 años que se encontraba en su clase de Educación Física se descompensó y, pese a los intentos de reanimación, falleció. Sucedió en el Club Andes Talleres, de Godoy Cruz, en una clase del colegio “EcoVida”.
Los policías que llegaron al lugar tras el hecho narraron que al entrevistar al padre del chico, fueron informados de que el adolescente tenía antecedentes cardíacos que no habían sido tratados.
Desde la DGE dijeron que las condiciones siguen siendo las mismas que las establecidas el año pasado: detallaron que en el caso de estudiantes que presentan algún riesgo se les piden estudios como electrocardiograma u otros necesarios junto con el apto médico.
El 30 de julio del año pasado la Legislatura de Mendoza aprobó una ley por la que en las escuelas de la provincia se dejó de exigir un certificado médico para la práctica de Educación Física. A partir de esto, basta la certificación por parte de los padres o tutores de la condición de salud de sus hijos para poder realizarla. Esto en el caso de chicos que no presenten antecedentes patológicos y mantengan un control de salud integral.
Fue aprobada por unanimidad y se aplica en todos los establecimientos educativos de la provincia. Para el gobierno, se trató de un paso significativo hacia la promoción de la salud infantil y juvenil y se buscó fomentar la actividad física en niños, niñas y adolescentes. Además, entre los argumentos se señala que se trataba de un requisito “que se ha demostrado innecesario para el ejercicio físico en entornos educativos no competitivos”.
La normativa establece que el Estado debe promover el control periódico e integral de salud de todos los niños y adolescentes, sin que su realización condicione la práctica de educación física.
Desde el gobierno escolar explicaron a Los Andes que antes de la sanción de la nueva norma eran los mismos padres los que pedían que se eliminara la exigencia del apto médico y que implicaba además que en determinada época del año colapsaran los centros de salud. “Se firma una declaración jurada que no es a ciegas autorizando la actividad, sino que se les pregunta una serie de cosas como sus antecedentes familiares con cardiopatías o insulinodependientes, alergias o cirugías y se espera que la respuesta sea con responsabilidad”, dijo una fuente del área.
Desde el lado de los profesionales, no dejan de manifestar preocupación. Sergio Furlan, máster en Actividad Física y Deportes y decano de la Facultad de Educación de la Universidad Juan A. Maza comentó que es un tema complejo, que preocupa y que lamentablemente la tendencia es a que cada vez ocurran más hechos de este tipo.
“Porque cada vez hay más gente que hace actividad física, cada vez existe menos control con esta idea de que pedir requisitos para algo sea una actitud no inclusiva; entonces se empieza a mezclar la responsabilidad directa e indirecta que tenemos todos los actores, desde la persona que se murió, como este chico de 14 años y el chico de Maristas que también murió y hubo una negligencia”, señaló.
Con esto hizo referencia a la tragedia ocurrida el 5 de febrero cuando Fausti Díaz Crimi, un niño de 5 años, falleció ahogado en la pileta del Club Marista en Luján de Cuyo, donde asistía a la escuela de verano.
“Entonces te das cuenta que la mayoría de las muertes en actividad física son por lo menos dilatables en el tiempo cuando devienen de cuestiones patológicas o son previsibles porque, en honor a la verdad, una persona que tiene una patología cardíaca no tratada probablemente se puede intuir que si la tuviese tratada existiría menos probabilidad de que fallezca por esto”, apuntó Furlán.
“El tema es sumamente complejo. Yo no puedo ser permisivo ante estos hechos, existen las probabilidades de que nos ocurra y la verdad es que si ser inclusivos es bajar la guardia para que las personas tengan una mejor salud y no mueran por eso, digo, bueno, listo, no hay que ser inclusivo”, concluyó tajante.
El profesional dijo que no tiene detalles del caso del adolescente porque no está liberado el expediente pero apuntó a todas las consecuencias del hecho, Sin duda, primero lo fundamental: la pérdida de la vida del chico. Pero ante esto agregó que además, si hubiese una demanda judicial por parte de la familia podría tener un alto costo para el sistema.
Por otro lado, dijo que hay altas chances de que el docente quede de alguna manera imputado y lo relacionó con el caso de Marista “porque pareciera que es un caso distinto pero no lo es”, adujo.
El experto señaló que hay dos cuestiones que confrontan: “Una, que habían contratado a personas que no tenían título y ahí la ley 7723 es muy clara al respecto y ahora el profesor, que tiene la obligación de tener al alumno tomando clase, porque la ley de Educación así lo contempla, frente al Código Penal, es muy probable que quede imputado por negligencia profesional y abandono de persona, si es que no estaba a una cierta cantidad de metros de la víctima. O sea, el profesor va a quedar imputado. Por ende, solidariamente el responsable va a ser el club y la escuela”, explicó. “Entonces -continuó- yo me pregunto ahí, ¿quién puede pensar que no es justo pedir un apto físico por lo menos para bajar la probabilidad de muerte o de accidentes? Entonces, en cualquier caso, creo que a nivel de solución legal inmediata, yo como profesional por lo menos tengo que lograr un deslinde de responsabilidad civil para que por lo menos este tipo de negligencias que tiene el Estado no me cuesten plata”, entre otras cosas.
De todas formas, aclaró que el problema penal no se va a dejar de tener, salvo que el docente no sepa que esa criatura tenía un problema de salud.
