La Suprema Corte de Justicia y la Cuarta Cámara de Apelaciones de Mendoza dictaron sentencias favorables a clientes que habían comprado autos 0 km y que presentaban desperfectos mecánicos que no pudieron ser solucionados por los servicios técnicos oficiales, por lo que se ordenó la sustitución de los vehículos por otros de similares características o la entrega de su valor equivalente, además del pago de indemnizaciones.
Estas resoluciones judiciales volvieron a poner de relieve los derechos de los consumidores ante vehículos defectuosos. Los pronunciamientos corresponden a dos procesos judiciales promovidos contra FCA Automobiles Argentina S.A., las respectivas concesionarias oficiales y la administradora de planes de ahorro.
Aunque se trata de situaciones diferentes, ambos casos presentan un elemento común: los compradores adquirieron vehículos 0 km que comenzaron a manifestar fallas mecánicas y que, pese a las sucesivas intervenciones de los talleres oficiales, no recuperaron las condiciones de funcionamiento y confiabilidad esperables de un automóvil nuevo.
Una camioneta que debió ingresar reiteradamente al taller
El primero de los casos corresponde a una mujer que adquirió una camioneta Fiat Toro 0 km mediante un plan de ahorro, entregada en noviembre de 2017 por la concesionaria Denver S.A.
A partir de los primeros meses de utilización, el vehículo comenzó a presentar desperfectos relacionados con el funcionamiento del motor, pérdida de potencia, consumo excesivo de aceite y otras anomalías mecánicas.
La camioneta ingresó numerosas veces al servicio técnico oficial, donde se efectuaron distintas reparaciones, incluido el reemplazo del turbocompresor, sin que los inconvenientes fueran solucionados definitivamente.
Frente del edificio del Poder Judicial de Mendoza
Ante esta situación, la compradora inició una demanda judicial solicitando la sustitución del vehículo por otro 0 km o su valor equivalente, además de una indemnización por el tiempo durante el cual no pudo utilizarlo.
La demanda fue admitida en primera instancia, pero posteriormente la Tercera Cámara de Apelaciones revocó la decisión relativa al reemplazo del vehículo.
Finalmente, el 13 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la compradora y restableció la sentencia original.
El máximo tribunal provincial consideró acreditada la existencia de defectos que afectaban la aptitud del vehículo para cumplir adecuadamente su función y destacó que las empresas demandadas no habían demostrado que los desperfectos hubieran sido solucionados.
La sentencia condenó a las empresas a sustituir la camioneta por una unidad 0 km equivalente o entregar el dinero necesario para adquirirla, además de indemnizar a la compradora por la privación de uso.
Un auto con fallas desde los primeros kilómetros
El segundo caso involucra a un comprador que recibió un Fiat Cronos 0 km en marzo de 2022, adquirido también mediante un plan de ahorro.
Cuando el automóvil había recorrido aproximadamente 700 kilómetros, comenzaron a manifestarse ruidos y desperfectos en el motor, que motivaron su ingreso al servicio técnico oficial.
Con posterioridad se registraron nuevas fallas que requirieron distintas intervenciones mecánicas. Pese a las reparaciones realizadas, los inconvenientes continuaron y el vehículo permaneció durante períodos prolongados en el taller.
Ante la falta de una solución definitiva, el propietario promovió una demanda contra Lorenzo Automotores S.A., FCA Automobiles Argentina S.A. y FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados.
En mayo de 2026, la Justicia de primera instancia hizo lugar al reclamo y ordenó la sustitución del automóvil por una unidad 0 km de similares características o su valor equivalente, además del pago de una indemnización por los perjuicios ocasionados.
La sentencia fue apelada por las empresas demandadas y, el 30 de octubre de 2026, la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza confirmó lo sustancial de la condena.
El tribunal mantuvo la obligación de reemplazar el vehículo o entregar su valor equivalente y fijó una indemnización, más los intereses correspondientes, por privación de uso, daño moral y daño punitivo.
La Cámara también dispuso que los gastos de transferencia de las unidades quedaran a cargo de las empresas condenadas.
El derecho del consumidor
Ambos pronunciamientos destacan la importancia de la obligación que tienen los proveedores de entregar productos que reúnan condiciones adecuadas de funcionamiento y de brindar soluciones efectivas cuando aparecen defectos.
La Ley de Defensa del Consumidor contempla expresamente, en su artículo 17, distintas alternativas para el comprador cuando una reparación no resulta satisfactoria, entre ellas la sustitución del producto por otro de idénticas características, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder.
En relación con estas decisiones, la abogada Roxana Tejada, quien intervino en los procesos, señaló: “La garantía no se cumple simplemente porque el vehículo ingrese al taller y se realicen reparaciones. Lo importante es que esas intervenciones permitan solucionar efectivamente los desperfectos y que el comprador pueda utilizar el automóvil en condiciones normales de funcionamiento y seguridad”.
Por su parte, el abogado Carlos Aguinaga destacó: “Estos fallos son importantes porque reconocen que el comprador no tiene por qué soportar indefinidamente las consecuencias de un vehículo defectuoso. Cuando las reparaciones fracasan, el ordenamiento jurídico contempla soluciones que pueden llegar hasta la sustitución de la unidad, además de la reparación de los daños ocasionados”.
Los antecedentes también ponen de manifiesto la relevancia de conservar las órdenes de reparación, los comprobantes de mantenimiento y las comunicaciones mantenidas con las concesionarias y fabricantes, ya que esa documentación permite reconstruir los desperfectos denunciados y las intervenciones realizadas.
Las resoluciones constituyen antecedentes relevantes en materia de responsabilidad de fabricantes, concesionarias y administradoras de planes de ahorro por defectos de funcionamiento de vehículos nuevos, y permiten conocer el alcance de las herramientas legales disponibles para los compradores que atraviesan situaciones similares.