Oscar Sívori se inhibió de intervenir porque es socio de Tacurú y simpatizante del Atlético San Martín. El fiscal dijo que su participación se limitó a intentar una mediación para resolver el conflicto.
Club Tacurú - San Martín.
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La disputa por las tres hectáreas frente al Parque Agnesi que la Municipalidad de San Martín cedió al Atlético Club San Martín sumó un nuevo capítulo: el fiscal Oscar Sívori decidió apartarse de la causa, después de no poder avanzar en una mediación y ser parte indirecta de las dos instituciones deportivas involucradas.
Sívori es socio de Tacurú y, al mismo tiempo, simpatizante y ex socio activo del Atlético San Martín. Según explicó, esa situación lo llevó a inhibirse para intervenir en la causa. El fiscal aclaró además que su participación inicial estuvo vinculada a un intento de mediación entre las partes y no a una decisión sobre el fondo del conflicto.
Si la denuncia presentada por el presidente de Tacurú, Gabriel Alonso, continúa por la vía correccional, el expediente quedará bajo la tutela del fiscal Mariano Carabajal, quien se reincorpora este martes después de un período de licencia.
El cambio de fiscal se produce mientras en el Concejo Deliberante comenzaron a revisarse los antecedentes de las tierras. Allí apareció un dato que puede resultar central para el futuro de la controversia: el cuerpo legislativo busca reconstruir la historia completa del predio, desde la permuta de las ocho hectáreas originales de Tacurú hasta la documentación que supuestamente respaldaría la cesión posterior de otras tres hectáreas durante la gestión del exintendente Jorge Giménez.
La revisión incluye títulos, planos, expedientes, escrituras, ordenanzas y la documentación elaborada por agrimensores y escribanos.
Y en ese proceso surgió también una discusión dentro del propio oficialismo: qué documentación tenía el Ejecutivo al momento de impulsar la Ordenanza 3262/26 y qué antecedentes fueron considerados antes de enviar el proyecto al Concejo.
La intervención inicial de Sívori había quedado vinculada a la denuncia presentada por Tacurú luego de que el Municipio cediera las tres hectáreas al Atlético San Martín.
El fiscal decidió finalmente apartarse de la causa por sus vínculos personales con ambas instituciones.
Sívori es socio de Tacurú y simpatizante del Atlético San Martín. En ese contexto, explicó que su intervención había tenido como objetivo intentar acercar posiciones y encontrar una salida antes de que el conflicto avanzara por la vía judicial.
“Solo intenté mediar, para resolver el tema”, fue la explicación del fiscal al ser consultado sobre su participación.
Con su inhibición, la investigación quedó a la espera de la reincorporación de Carabajal.
Si la causa avanza en el fuero correccional, será el nuevo fiscal quien deberá determinar los pasos a seguir a partir de la denuncia y de la documentación que aporten las partes.
El dato es relevante porque la presentación de Tacurú no plantea solamente una discusión sobre el uso deportivo de un terreno municipal. También pone bajo discusión la legalidad y los antecedentes administrativos de las decisiones adoptadas sobre esas tierras.
Mientras la cuestión judicial cambia de manos, en el Concejo Deliberante se abrió otra instancia.
El concejal y abogado Walter Sar Sar confirmó que se reunió con representantes de Tacurú para revisar la documentación existente. En el encuentro participaron, entre otros, agrimensores y escribanos.
La intención fue reconstruir la historia del terreno desde su origen. “Estamos buscando todos los antecedentes”, explicó Sar Sar.
Uno de los primeros documentos que se puso sobre la mesa es la permuta mediante la cual Tacurú obtuvo el terreno que actualmente ocupa.
El club recibió originalmente ocho hectáreas, pero posteriormente esas tierras fueron permutadas con la Municipalidad. Sar Sar ubicó esa operación en la década de 1980 y señaló que también se estaba revisando esa documentación.
El objetivo es determinar con precisión cuáles son las ocho hectáreas que corresponden al club y cuáles son, en cambio, los terrenos municipales que quedaron alrededor del predio.
La reconstrucción es importante porque sobre una parte de esas tierras municipales aparece ahora el antecedente de la cesión realizada durante la gestión de Jorge Giménez.
El planteo del concejal tiene una particularidad: no cuestiona la necesidad de que el Atlético San Martín tenga un predio ni rechaza de antemano la decisión del intendente Raúl Rufeil.
Su preocupación está puesta en otro lugar. La legalidad del procedimiento.
Sar Sar sostiene que la cesión que actualmente beneficia al Atlético San Martín fue realizada sobre la base de títulos que considera perfectos y con intervención de escribanos, agrimensores y las normas municipales correspondientes.
Pero, al mismo tiempo, reconoce que existe una versión según la cual el exintendente Jorge Giménez habría cedido anteriormente el uso de parte de esas tierras a Tacurú.
El problema, según explica, es que hasta el momento no encontró en la Municipalidad una documentación equivalente que permita establecer bajo qué figura jurídica se realizó aquella cesión.
“Hay una ordenanza por la cual se le cede al Club San Martín, que responde a los antecedentes que se tienen sobre esa propiedad. No existe ninguna otra, más que en palabras, del exintendente Giménez. Aparentemente habría cedido, no sé en qué forma jurídica”, explicó.
La frase no significa que Sar Sar descarte la existencia del convenio anterior. Por el contrario: dijo que se encontraba buscando los antecedentes para determinar qué ocurrió.
Y allí aparece uno de los puntos centrales del conflicto.
Tacurú sostiene que existe un convenio y un expediente administrativo. En la documentación que el club asegura conservar aparecen antecedentes de aquella cesión de uso. El Municipio, por su parte, sostiene que la actual cesión al Atlético San Martín tiene respaldo legal y fue aprobada por el Concejo.
La discusión ahora consiste en determinar qué ocurrió entre ambas decisiones.
Sar Sar puso el foco en la Ley Orgánica de Municipalidades 1079 y en la necesidad de respetar el procedimiento previsto para la administración de tierras públicas.
“Cuando se trata de tierras públicas, evidentemente que solo tengo un procedimiento, que no es otro que el de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la Ley 1079”, explicó.
Y agregó una definición que puede marcar la discusión que viene: “Cuando se trata de tierras públicas, la legalidad es todo”.
El concejal sostuvo que no se puede disponer de bienes municipales simplemente por voluntad de una autoridad, ni de los intendentes anteriores y tampoco del actual. “Hay que respetar esa legalidad. Y eso se respeta otorgando los contratos que correspondan y una vez que el Concejo lo autoriza”, señaló.
Para Sar Sar, ese es precisamente uno de los puntos que deben ser revisados antes de sacar conclusiones sobre los derechos que invoca Tacurú.
“Creo que ahí es donde hay un punto de inflexión que hay que tener en cuenta. No se puede ceder por ceder, a gusto”, afirmó. La aclaración también involucra a las gestiones municipales anteriores.
Porque, según el propio concejal, las reglas deben aplicarse independientemente de quién haya tomado la decisión. “Aplica absolutamente a todos los intendentes”, respondió cuando se le planteó si ese criterio también debía alcanzar a las administraciones anteriores.
La Ordenanza 3262/26 fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante y formalizó la cesión de tres hectáreas del Parque Agnesi para el Atlético San Martín. El proyecto había sido impulsado por el Ejecutivo municipal y presentado como la concreción de un viejo proyecto del club para desarrollar su fútbol formativo. Ese dato ahora adquiere otra dimensión.
El proyecto fue elevado por el Ejecutivo y llevaba las firmas del intendente Raúl Rufeil, de integrantes de la Asesoría Letrada, del área de Obras Públicas y de otros funcionarios y asesores. No llevaba, en cambio, la firma del secretario de Gobierno, Mauricio Petri.
Ese recorrido administrativo es uno de los elementos que ahora conviene reconstruir.
Porque el Concejo aprobó la ordenanza por unanimidad, pero el proyecto que llegó al recinto contenía, según la reconstrucción realizada para esta nota, algunas desprolijidades que no fueron advertidas durante el tratamiento y que ahora aparecen como parte del problema.
No se trata de afirmar que la ordenanza sea inválida. Eso deberá determinarse a partir de la documentación y, eventualmente, de las autoridades competentes.
La cuestión periodística es otra: si existían antecedentes sobre el uso anterior de las tierras, por qué esos antecedentes no aparecieron con claridad antes de que el Concejo aprobara la nueva cesión.
Sar Sar también intentó despegar la discusión de cualquier diferencia política entre las gestiones municipales. Su planteo es que las instituciones deportivas deben ser atendidas, pero dentro de las normas.
“Los presidentes de los clubes en San Martín hoy hacen todo a pulmón”, sostuvo. Y agregó que la Municipalidad debe contemplar esa realidad, pero sin dejar de lado las formalidades legales.
“No porque vos te sientas el dueño de una ciudad, de un pueblo o de un departamento vas a hacer lo que se te dé la gana”, afirmó. Para el concejal, la discusión actual no tiene que terminar necesariamente en un enfrentamiento entre instituciones.
Por el contrario, consideró que todavía existe predisposición para encontrar una salida. “Hay buena predisposición por parte de todos y, por supuesto, por parte del intendente, mucho más”, aseguró. El encuentro con los representantes de Tacurú en el Concejo forma parte de esa búsqueda.
La pregunta más concreta también fue planteada durante la reunión: si las tierras alcanzan para que Tacurú y Atlético San Martín desarrollen sus proyectos sin superponerse.
La respuesta de Sar Sar fue afirmativa. “Sí”, dijo.
El problema, explicó inmediatamente, es que antes de resolver la distribución física hay que determinar la situación jurídica.
“Estamos tratando de ver un tema de legalidad”, sostuvo. La definición es importante porque modifica el eje de la discusión. Si efectivamente existe superficie suficiente para que los dos clubes desarrollen sus proyectos, el conflicto no sería necesariamente una disputa territorial entre Tacurú y San Martín.
Sería, principalmente, una discusión sobre cómo fueron otorgados los derechos de uso de esas tierras municipales y qué validez tiene cada uno de los instrumentos utilizados.
La posición del Ejecutivo aparece respaldada en la ordenanza que aprobó la cesión al Atlético San Martín. El Concejo la votó por unanimidad y el Municipio sostiene que actuó dentro de sus facultades.
Tacurú, en cambio, sostiene que la Municipalidad ya le había cedido esas tierras durante la gestión de Jorge Giménez y que ese acuerdo dio lugar a obras, instalaciones y actividades deportivas durante años.
El propio Giménez confirmó públicamente que durante su gestión se cedió un espacio a Tacurú para desarrollar una cancha de hockey y otras instalaciones.La diferencia está en la documentación.
Para Tacurú, existe un antecedente administrativo que debe ser respetado. Para el oficialismo municipal, lo que debe determinarse es si aquella cesión fue realizada conforme a las normas que regulan el uso de tierras públicas.
Esa diferencia será ahora uno de los puntos que deberán ser esclarecidos.
La inhibición de Sívori modifica el recorrido judicial, pero no resuelve el problema de fondo. Si Carabajal toma la investigación, deberá analizar la denuncia, los antecedentes y las actuaciones municipales. Pero buena parte de la discusión puede resolverse antes de llegar a una definición judicial si el Municipio logra reconstruir de manera completa la historia administrativa de las tierras.
- Hay un expediente de la época de Giménez que Tacurú asegura que existe.
- Hay una ordenanza actual, la 3262/26, aprobada por unanimidad.
- Hay títulos y antecedentes de la permuta de las ocho hectáreas originales.
- Hay agrimensores y escribanos revisando los planos.
- Y hay una decisión municipal que ya generó una presentación judicial.
El desafío ahora es poner todos esos documentos sobre la misma mesa. Porque una cosa es que la Municipalidad sea propietaria del terreno. Otra, distinta, es determinar si sobre una parte de ese terreno había otorgado anteriormente un derecho de uso y qué consecuencias jurídicas tiene esa decisión.
Y una tercera cuestión es establecer si la nueva cesión al Atlético San Martín se realizó teniendo en cuenta todos esos antecedentes.
La presencia de Sar Sar en esta etapa también agrega un elemento político e institucional a la discusión.
El concejal es abogado y formó parte anteriormente de la estructura legal de la gestión de Rufeil. Su posición actual no es la de un opositor cuestionando una decisión oficial.
Es un integrante del oficialismo que sostiene que el Municipio debe defender la legalidad de sus actos y, al mismo tiempo, revisar cualquier aspecto que pueda haberse hecho de manera incorrecta.
“Si el intendente lo ha hecho sobre la base de una legalidad absoluta, es el primero que tengo que defender”, afirmó.
Pero inmediatamente agregó que, si existe algo que deba corregirse, también corresponde hacerlo.
“Después nos centraremos en mejorar o perfeccionar lo que se haya hecho mal. Porque en eso, en definitiva, también consiste la función de un concejal o del presidente del Concejo”, señaló.
Esa puede terminar siendo la salida institucional de un conflicto que comenzó como un anuncio deportivo.
El Atlético San Martín necesita las tierras para desarrollar su proyecto. Tacurú reclama que se respete el uso que sostiene haber recibido. El Municipio debe demostrar cómo se tomó la decisión. Y la Justicia, si la causa avanza, deberá determinar si existe alguna responsabilidad penal o contravencional.
Por ahora, todos los caminos vuelven al mismo lugar: los papeles.
La disputa por las tres hectáreas del Parque Agnesi puede resumirse en cuatro preguntas que deberán responder los documentos municipales.
El club recibió un terreno que posteriormente fue permutado con la Municipalidad. La reconstrucción de esa operación permitirá determinar con precisión cuáles son las tierras que corresponden al predio original de la institución y cuáles quedaron como patrimonio municipal.
Tacurú sostiene que durante la gestión del exintendente se le otorgó el uso de aproximadamente tres hectáreas para ampliar sus actividades. Giménez confirmó públicamente que existió esa cesión. La discusión pasa ahora por encontrar el convenio, el expediente y el instrumento jurídico utilizado.
La norma fue aprobada por unanimidad y permitió ceder las tres hectáreas al Atlético San Martín. El proyecto fue elevado por el Ejecutivo municipal. Ahora deberá determinarse qué documentación acompañó esa iniciativa y si allí estaban incorporados los antecedentes invocados por Tacurú.
Según el concejal y abogado Walter Sar Sar, existe superficie suficiente para que las dos instituciones desarrollen sus actividades. Si esa posibilidad se confirma técnicamente, el conflicto podría dejar de ser una disputa entre clubes y convertirse en una cuestión de delimitación, uso y regularización administrativa.
Por eso, la próxima etapa puede resultar menos política que documental: establecer qué se cedió, cuándo, a quién, con qué instrumento y qué parte de las tierras puede utilizar actualmente cada institución.
