Investigan una red de estafadores en San Rafael que tramitaba pensiones por invalidez falsas

Nueve personas, varios de ellos profesionales médicos y abogados, fueron detenidos hoy en el marco de una investigación de la Justicia Federal a una red de estafadores que tramitaba pensiones por invalidez y falsificaba información de los supuestos beneficiarios, informaron fuentes judiciales.

La investigación está al mando del juez federal Eduardo Puigdéngolas, quien ordenó varios allanamientos a viviendas particulares, oficinas y consultorios y delegó el accionar a la División Unidad Operativa Federal San Rafael, de la Policía Federal.

Según se informó, los detenidos comenzaron a ser indagados hoy por el juez federal en busca de desentrañar la red de estafadores que comandaba una mujer, que era la organizadora y quien captaba a los interesados.

La mujer ofrecía conseguir pensiones no contributivas del Estado Nacional a cambio de sumas que rondaba entre los 40.000 y 50.000 pesos por cliente.

Se trata de Norma Bravo, quien actuaba de gestora y contaba con la complicidad de varios médicos investigados, entre ellos dos conocidos traumatólogos y un psiquiatra de San Rafael.

También hay dos abogados involucrados y dos gestoras, cuyas identidades no trascendieron y eran quienes se hacían pasar por agentes de Anses.

Según trascendió, calculan que la defraudación alcanza a una suma de dinero millonaria para las arcas del Estado.

La mujer solía frecuentar la policlínica privada y el hospital Schestakow, ambos de San Rafael, organismos desde donde sus directivos aclararon hoy que nada tenían que ver con la modalidad delictiva, pero era allí donde ofrecía este tipo de servicios que según testigos había comenzado en marzo pasado.

Las nueve personas involucradas hasta el momento estarían implicadas en un asociación ilícita con el objetivo de defraudar a la administración pública.

Tras más de una decena de allanamientos, que incluyó los domicilios y lugares de trabajo de los médicos, personal de la Policía Federal procedió a su detención para comenzar la toma de indagatorias.

Tras tres meses de seguimientos, filmaciones y escuchas telefónicas, se determinó que Bravo no actuaba sola, sino que tenía armada una organización para realizar trámites y contaba con dos empleadas del Hospital Schestakow que aprovechándose de su puesto de trabajo en el área de Salud Laboral se encargaban de realizar Certificados Médicos Obligatorios y hacerlos firmar por tres reconocidos médicos, dos de ellos traumatólogos (que también trabajan en la Policlínica), y un psiquiatra.

Si la causa se tramita bajo el delito de asociación ilícita, los involucrados podrían pasar a la penitenciaría, ya que se trata de un crimen no excarcelable.

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