El comandante Juan López Torales está imputado por privación ilegal de la libertad agravada y falso testimonio, luego de que se difundieran imágenes en las que se arrojaba sobre un vehículo durante una manifestación.
La Corte Suprema rechazó un recurso y el “gendarme carancho” irá a juicio por el caso en Panamericana.
Foto:
redes sociales
La causa contra el comandante de Gendarmería Juan López Torales, conocido como el “gendarme carancho”, finalmente llegará a juicio oral. La Corte Suprema de Justicia desestimó este jueves el recurso presentado por su defensa, que buscaba que el expediente fuera cerrado por prescripción.
El caso se originó en una protesta de trabajadores de la autopartista Lear ocurrida el 1° de julio de 2014 en la autopista Panamericana, en el partido bonaerense de Tigre. López Torales está imputado por privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio.
El episodio se hizo conocido a partir de un video registrado durante la manifestación. En las imágenes se observa al entonces comandante arrojarse sobre el capó de un vehículo que estaba en movimiento, conducido por Cristian Romero.
La defensa intentó evitar el debate oral mediante un planteo de prescripción, pero la solicitud fue rechazada primero por el Tribunal Oral Federal N.° 5 de San Martín y posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal. El planteo llegó finalmente a la Corte Suprema, que confirmó esas decisiones.
La secuencia registrada durante la protesta fue determinante para la investigación. Según surge de la causa, López Torales tomó carrera y se arrojó sobre el automóvil conducido por Romero.
El episodio quedó registrado por periodistas que se encontraban en el lugar. La difusión de esas imágenes dio origen al apodo de “gendarme carancho”, en referencia a la práctica de arrojarse sobre vehículos para simular accidentes.
Después de la maniobra, otros efectivos de Gendarmería rodearon el automóvil y detuvieron a Romero, quien denunció además haber sido golpeado durante el procedimiento.
López Torales, en tanto, declaró como testigo que había sido atropellado. La versión fue cuestionada durante la investigación y la entonces jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, lo procesó en mayo de 2016. La medida fue posteriormente ratificada por la Cámara Federal de San Martín.
La causa fue elevada a juicio en 2024, aunque la defensa continuó con sus planteos para evitar la realización del debate. En ese marco, el máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de López Torales, que pretendía obtener el sobreseimiento por prescripción.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y confirmó el criterio adoptado previamente por los tribunales que habían intervenido en el expediente. De esta manera, quedó habilitado el avance hacia el juicio oral contra el comandante, que deberá responder por los delitos que se le atribuyen en la causa.
Además de la investigación penal, Cristian Romero demandó al Estado por daños y perjuicios a raíz del episodio.
En aquella presentación judicial, relató que se encontraba por iniciar la marcha de su vehículo cuando López Torales se arrojó sobre el capó. Romero describió que el impacto provocó una abolladura y que el agente golpeó el parabrisas.
También denunció haber sido agredido durante la detención: “Me aplicaron golpes de puño, me arrojaron al piso, me dieron puntapiés, arrastraron mi cuerpo por el pavimento. En tanto que me colocaban las manos hacia atrás, sin que siquiera atinara a algún tipo de reacción, me golpearon, patearon y vejaron entre varios gendarmes”.
Romero sostuvo además que fue esposado con las manos hacia atrás y que sufrió dolor en las muñecas. En otro tramo de su relato, recordó: “Sin que nada lo hiciera suponer, me encontraba detenido. Sin haber hecho nada, López Torales había inventado que lo había atropellado y con esta falsa situación promover una detención carente de toda verdad”.
La instrucción judicial también alcanzó al entonces viceministro de Seguridad Sergio Berni, actualmente legislador provincial, y al coronel Roberto Galeano. Según el material proporcionado, manifestantes habían señalado a Galeano por una presunta infiltración entre los trabajadores que participaban de la protesta antes del episodio protagonizado por López Torales.
El avance de la causa contra el denominado “gendarme carancho” quedó ahora confirmado por la Corte Suprema, luego de que el máximo tribunal rechazara el último planteo de la defensa para evitar el juicio.
