La convocatoria sumó el apoyo y reclamos de otros sectores sociales, sobre todo trabajadores de varios organismos. Se trató de la marcha número 76 en Mendoza.
Marcha de jubilados por las calles del centro de Mendoza. Cientos de personas se manifestaron en contra del veto del presidente de Milei a las leyes que aumentan el salario de los jubilados y declaran la emergencia en discapacidad.
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Marcelo Rolland / Los Andes La marcha de los jubilados de este miércoles no fue como cualquier otra. Sumó la participación y el reclamo del colectivo de la discapacidad en Mendoza, tuvo una amplia participación y recorrió las calles del microcentro para visibilizar su situación. Es el mismo escenario que se dio en Buenos Aires y otros puntos del país.
El espacio creado cada miércoles por los jubilados -que no tienen nada de “pasivos”- se ha transformado en una instancia de visibilidad al que cada semana se suman sectores sociales que buscan alzar su voz contra la política económica del gobierno nacional y como apoyo a los adultos mayores.
La marcha número 76 de hoy fue particular, tanto para los jubilados como para las personas con discapacidad. Es que ocurre tras el veto presidencial a las leyes de aumento jubilatorio, moratoria y emergencia en discapacidad, publicado el lunes.
Las normas, aprobadas por el Congreso buscaban garantizar asistencia, ingresos mínimos y los servicios y asistencia que han perdido estos sectores.
Tras cumplirse lo anunciado por el presidente Javier Milei luego de la sanción, personas con discapacidad, sus familias y prestadores de servicios tomaron una vez más la calle, como tantas veces lo hicieron, para pedir por la norma en cuestión.
Se trató de las voces más fuertes, aunque no las únicas, ya que la convocatoria reunió también a otros sectores que demandan por derechos eliminados, achiques y recortes. El clima fue de hartazgo, enojo y hasta pesar pero sin perder la esperanza.
En esta ocasión la convocatoria no se quedó en la plaza San Martín de la Ciudad, como suele hacerse, sino que se realizó una movilización con todos los sectores participantes que se trasladó por calle Gutiérrez hasta San Martín y volvió a subir por Necochea para retornar a la plaza.
En cada una de las esquinas los voceros de las principales organizaciones manifestaron su postura y su opinión frente a la situación que atraviesan ya arengaron a continuar.
Asimismo, cómo ha sucedido otros miércoles en la plaza, el micrófono estuvo abierto para representantes o referentes de otras organizaciones.
Participaron del reclamo además, trabajadores de Conicet, un importante grupo de Vialidad Nacional, de docentes universitarios representados por Fadiunc, del Instituto Nacional de Vitivinicultura, trabajadores del Inta, de La Bancaria y referentes de la agricultura familiar y campesina.
Las organizaciones de jubilados se movilizan con fuerza creciente desde febrero de 2024, en defensa de derechos que, aseguran, están siendo eliminados sistemáticamente. Con esto hacen referencia al bajo monto de sus haberes, la reducción de la cobertura de medicamentos y otras prestaciones de la obra social Pami y la eliminación de la moratoria jubilatoria.
Desde la organización de jubilados Coirón, una de sus referentes, Cristina Romagnoli, fue tajante al afirmar: “Todas las luchas sobre derechos vulnerados son nuestras luchas". Subrayó además el carácter independiente de la organización: “No estamos con ningún partido político ni vamos a aceptar que ningún partido se nos apoye. Podrán apoyar, pero no adjudicarse nuestra representatividad", sentenció.
Desde Jubipen y también integrante de Coirón, Raúl Bonotti recordó que esta lucha no es nueva, sino parte de un proceso de resistencia de largo aliento: “Es una lucha larga, llevamos varios años en este tema. A veces atravesamos por una mejor situación, y ahora con este gobierno que nos está sacando un montón de derechos”. Y añadió: “Estamos resistiendo con dignidad a todas estas injusticias, a todas estas crueldades, y estamos llevando a cabo la unidad con otros sectores perjudicados por la política de este gobierno”.
Aunque reconoce que el camino es incierto, Bonotti sostiene la esperanza: "No sé si ganaremos o no, yo creo que a la larga vamos a ganar, pero hay que tener esperanza, voluntad, paciencia. Esto hay que construirlo poco a poco, paso a paso”.
Respecto a la adhesión de otros sectores a las marchas y convocatorias, el referente sostuvo una mirada estratégica: “Nuestro objetivo no es liderar un movimiento de reclamos, porque sabemos de nuestras debilidades. Si el campo nacional y popular lo lideran los jubilados, es una muestra de debilidad”, reflexionó. “Nosotros iniciamos, abrimos el camino, ofrecemos la plaza, la ronda, y después se irán sumando, depende de la movilización y de la organización de otros sectores sociales".
Por su parte, Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad de la provincia, fue contundente en sus declaraciones: “Hay que saber que es muy difícil para las personas con discapacidad en primera persona salir a luchar. De todos modos, quienes lo podemos hacer, vamos a estar desde el minuto cero, vamos a estar de pie, vamos a defender la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, vamos a defender la ley de emergencia y vamos a decirle no al capacitismo de Alfredo Cornejo y de Javier Milei”.
Bascuñán denunció el carácter regresivo de las políticas actuales: “Estamos ante un retroceso de 200 años en materia de discapacidad. Este retroceso está pensado justamente para brindar políticas capacitistas y tratarnos de imbéciles, de idiotas, de débiles mentales. Es vergonzoso el retroceso, esto pasaba en la Edad Media”.
Personas con discapacidad, familias y organizaciones asociadas al tema mantienen reclamos por recortes, quita de recursos, apoyo y derechos. Han sido los principales promotores de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que declaraba la emergencia nacional en la materia hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad y establecía una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema, entre otras medidas. Junto con ella se había aprobado un aumento de emergencia a las jubilaciones de 7,2%, que incluía un bono permanente de $110.000 (actualizable) y establecía transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas.
Delegados y trabajadores de distintos organismos nacionales se sumaron al reclamo en apoyo a los jubilados y en rechazo al avance del DNU 462.
Mariano Lucero, delegado de ATE en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), explicó que la decisión de acompañar se tomó por una doble razón: “Nos pareció importante hoy acompañar a los jubilados y además hoy es un día clave, porque se va a tratar el decreto 462 en Diputados. Nos pareció necesario mostrar que en Mendoza los organismos nacionales somos importantes para la sociedad mendocina y argentina en general”.
Lucero alertó sobre las consecuencias del decreto, que "modifica varios organismos nacionales". En el caso del INV, aseguró que “detrás de la palabra transformación está la eliminación”, ya que, según explicó, se ha modificado la Ley de Vino quitando el 90% de las funciones de control y fiscalización. Aunque aún no hay despidos, señaló que "se avanza en una reestructuración que nos deja sin funciones, y eso es el paso previo a los despidos”.
Desde Vialidad Nacional, Gonzalo Jara, trabajador autoconvocado, también tomó la palabra. Frente a pancartas que decían “No al cierre”, denunció: “Dejan a su suerte muchos pueblos y dejan el país desconectado”. Aclaró que las rutas están en mal estado porque no tienen financiamiento para comprar materiales: “Nos están poniendo a trabajar sin recursos y trabajamos igual, entonces la decisión fue cerrar”.
Jara explicó que el 28% del precio de los combustibles corresponde a un impuesto del cual el 60% debería destinarse a Vialidad Nacional, algo que no sucede. Por eso se preguntó dónde va ese dinero. En 2024 recibieron una quinta parte de lo que correspondía. También advirtió que por experiencia han visto que tercerizar las obras triplica el costo, y cuando dejen de ser rentables, las empresas se irán. “¿Qué va a pasar si ya no existe Vialidad?”, planteó.
Javier Torres, trabajador del INTA, también se expresó durante la movilización: “Venimos a acompañar a los jubilados y es un orgullo verlos acá. El INTA está desde la tela que usamos hasta en la sopa”, graficó para señalar la amplitud de su trabajo. “Hoy Mendoza está siendo cómplice del desguace nacional”, agregó.
Por último, una representante de la Agricultura Familiar y Campesina denunció: “Estamos siendo aniquilados como política pública. Garantizamos alimentos sanos para la ciudad y el campo, pero despiden trabajadores y eliminan el organismo”.