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Acorralado por el cierre de los mercados, Mauricio Macri recurrió a uno de los últimos canales disponibles para evitar un default en el corto plazo y comenzó a financiarse con la renovación de colocaciones de deuda en organismos públicos como la Anses.
"La estrategia es tratar de utilizar al sector público como puente de financiamiento en esta etapa", describió ante Los Andes Gustavo Ber, economista y profesor de la Universidad de Belgrano.
Es que la búsqueda de recursos mediante el “rolleo” de las letras en manos de agencias del sector público se convirtió en el único camino para hacerse de los pesos y de los dólares necesarios para transitar lo que resta de la turbulenta carrera electoral.
"El Estado tiene tres vías de endeudamiento: una es el mercado, otra son los organismos multilaterales como el FMI y la otra es el propio sector público. El anterior Gobierno se financió fundamentalmente con fondos intra sector público porque no tenía acceso al mercado internacional", explicó Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
Los números oficiales indican que la deuda del Estado con agencias del sector público representó en 2015 el 30,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y que se redujo en los primeros dos años de Macri hasta llegar a ser del 27,5% del PIB, en 2017. Sin embargo, la crisis cambiaria del año pasado revirtió ese proceso y la deuda pasó a ser del 32,2% del PIB, en 2018. En el primer trimestre del 2018, ascendió al 32,8% del PIB lo que equivale a unos U$S120.429 millones.
La relación entre Macri y los inversores privados se quebró definitivamente a partir de las elecciones primarias de agosto pasado, en las que consiguió un contundente triunfo el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.
El cimbronazo pos primarias modificó completamente el mapa financiero del Gobierno nacional: la frustrada renovación de letras fue la antesala del "reperfilamiento" de la deuda de corto plazo que puso en marcha el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y del posterior control de capitales para frenar la sangría de las reservas. Las medidas oficiales formalizaron los temores sobre un default.
Otro elemento que determina el nuevo escenario es la incertidumbre respecto al próximo desembolso del FMI por U$S5.400 millones.
“Definitivamente la búsqueda de financiamiento intra sector público se está intensificando por las restricciones para acceder al mercado de capitales”, remarcó Ber.
Agregó que esas dificultades, manifiestas en un riesgo país por encima de los 2000 puntos desde fines del mes pasado, también tuvieron su correlato en el mercado doméstico, donde dejaron de renovarse las posiciones en deuda.
Ber consideró que este “cambio de acreedores” anticipa que “la Argentina va direccionada, cómo mínimo, a un reperfilamiento” de los compromisos de mediano y largo plazo, que el Gobierno dejó sujeto al tratamiento legislativo pero que no prosperó por falta de consenso.
“Además, el mercado está anticipando que hay algo más que un reperfilamiento. Se está viendo que se está yendo hacia una reestructuración y la diferencia no es semántica: no solamente habrá un alargamiento de plazos sino que probablemente habrá una quita de capital y/o de intereses”, subrayó.
Al respecto, el economista señaló que "la sustentabilidad de la deuda no se va a recuperar solamente en términos de plazos" porque "hace falta bajar la carga de intereses que representan un porcentaje importante del déficit financiero que tiene el país y reducir el nivel de deuda".
Esto es un puente. Lo que se trata de hacer es atender necesidades de financiamiento de ultracorto plazo para tratar de llegar al otro lado de la orilla en las simultáneas etapas que se sucedan entre el 27 de octubre (elecciones generales) hasta el 10 de diciembre.
