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La Justicia de España procesó y ordenó la detención por genocidio, asesinato y detención ilegal de siete ex integrantes de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, acusados de participar en la muerte del diplomático español Carmelo Soria en 1976.
Según informaron fuentes judiciales el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz ordenó la búsqueda internacional, la detención y el ingreso en prisión de los siete.
La decisión se basa en un argumento ya utilizado por algunos tribunales: el juez sostuvo que en Chile la persecución por estos delitos "no ha sido efectiva".
Los procesados pertenecían a la llamada Brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y entre ellos está el jefe del organismo, Manuel Contreras, sobre quien pesan ya varias condenas.
La lista se completa con el jefe de la Brigada, Guillermo Humberto Salinas Torres; los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe; el teniente René Patricio Quiloth Palma, y el sargento José Remigio Ríos Sanmartín, junto a Michael Vernon Townley Welch, éste de nacionalidad estadounidense.
Con la resolución, el juez Ruz hizo lugar a un pedido que la fiscalía hizo en mayo, y argumentó que la persecución en Chile "no ha sido efectiva" porque el proceso se cerró por una amnistía que "no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente". El español Carmelo Soria era un diplomático de la ONU que trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en Chile, y fue secuestrado el 14 de julio de 1976 en Santiago de Chile cuando se dirigía a su casa.
