El Tribunal de Trabajo de Moreno reconoció una relación laboral no registrada. Las pruebas y el mecanismo de actualización explican la cifra del fallo.
Una trabajadora que atendía al público y realizaba tareas de limpieza en una panadería de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, consiguió una sentencia favorable tras reclamar por una relación laboral no registrada. El tribunal consideró acreditado que trabajó durante casi siete años y que cobraba menos de la mitad de la remuneración correspondiente a su categoría.
La decisión, fechada el 5 de noviembre de 2026, condenó a la empleadora al pago de $57.142.582, cifra que incluye la actualización de los conceptos indemnizatorios. El expediente, identificado como *Vera, Santa Beatriz c/ Mancini, Francisca s/ despido*, se tramitó ante el Tribunal del Trabajo de Moreno.
Según la reconstrucción del tribunal, la mujer ingresó a trabajar el 8 de noviembre de 2012 y prestó servicios hasta 2019. Se encargaba de atender clientes y de tareas de limpieza, con una jornada de 40 horas semanales. La actividad se desarrollaba en la panadería El Sol, ubicada en General Rodríguez.
La sentencia estableció que, para junio de 2019, la trabajadora recibía $12.000 mensuales cuando la remuneración correspondiente alcanzaba $30.605,44, incluidos básico y adicionales según el convenio de su actividad. La diferencia era superior al 60% del sueldo que el tribunal consideró debido para aquella fecha.
La falta de registración también tuvo consecuencias probatorias. Los datos que debían figurar en los libros laborales no estaban asentados, por lo que los jueces tuvieron que evaluar testimonios y otras constancias para determinar la antigüedad, las tareas y las condiciones del vínculo.
La empleadora negó que existiera una relación de trabajo, pero las testigos coincidieron en identificarla como la persona que dirigía la panadería, contrataba, impartía instrucciones y abonaba los haberes. La resolución también ponderó la incomparecencia injustificada de la demandada a una instancia de declaración, pese a estar notificada.
Para los jueces, la negativa de la relación laboral frente al reclamo formal fue un incumplimiento suficientemente grave. Esa conducta justificó que la trabajadora se considerara despedida indirectamente, una figura que permite reclamar las indemnizaciones previstas cuando es el empleador quien provoca la ruptura del vínculo.
El tribunal aceptó los rubros indemnizatorios principales, aunque rechazó el reclamo separado por diferencias salariales porque no se había presentado un cálculo detallado de ese concepto. Esa distinción importa: acreditar que existió un pago inferior al debido no significa que todos los montos reclamados se concedan automáticamente.
La sentencia identificó $1.242.655,13 como capital histórico de condena. Al actualizarlo conforme al mecanismo aplicado por el tribunal, la suma calculada con la tasa pasiva llegó a $34.589.349, pero quedó por debajo del mínimo que resultaba del criterio legal utilizado en el expediente.
Por ese motivo, los magistrados fijaron $57.142.582 al 5 de noviembre de 2026. La decisión mencionó el artículo 55 de la Ley 27.802 y rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra esa disposición. Los números corresponden a este proceso particular, no a una indemnización estándar para cualquier trabajador de panadería.
El fallo fue acompañado por los votos de los jueces Beatriz Alicia Maffia, Claudia Nora Maestri y Javier Eduardo Ribó. Su resultado muestra el peso que pueden tener los testimonios, la documentación laboral y los criterios de actualización cuando una relación de trabajo se discute años después de su finalización.
