El proyecto que presentó el Gobierno provincial obtuvo sanción definitiva. 23 mil docentes no tienen vivienda propia en Mendoza, según un informe de la DGE.
Viviendas del IPV Mendoza. Foto: Archivo
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La Cámara de Senadores de Mendoza convirtió en ley la reforma del Fondo Escolar Permanente, impulsada por el Gobierno provincial para ampliar el uso de sus recursos al financiamiento de viviendas para los docentes, en sintonía con un nuevo programa del IPV destinado a ese sector de trabajadores.
El proyecto fue aprobado por 25 votos a favor de los bloques Cambia Mendoza, La Libertad Avanza, PRO, PD y Fuerza Patria, mientras que los siete senadores del Interbloque Encuentro Mendocino (PJ + LUM) optaron por la abstención y Dugar Chapel (Partido Verde) fue el único que votó en contra.
Ahora, la propuesta impulsada por el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El titular de la DGE había señalado al presentar el proyecto que, de unos 46 mil docentes que tiene el sistema educativo de Mendoza, “la mitad de ellos tienen algún inconveniente en el acceso a la vivienda”. Es decir, 23 mil trabajadores de la educación.
La iniciativa busca ampliar el uso de los recursos obtenidos mediante el remate de bienes decomisados y herencias vacantes para financiar obras de infraestructura y urbanización orientadas a docentes y celadores.
Actualmente, el fondo acumulado supera los 500 millones de pesos gracias a las subastas realizadas en el último año, mientras que hay otros 12 inmuebles en etapa de evaluación para salir a remate.
El miembro informante del proyecto, el senador Sergio Márquez (UCR), destacó que la iniciativa representa una modificación de fondo en la administración de los recursos públicos y sostuvo que, entre los principales cambios, el proyecto amplía los destinos de los recursos del Fondo.
Las rentas podrán ser utilizadas para la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares y de espacios vinculados con la comunidad educativa.
Pero, además, la iniciativa incorpora una herramienta financiera destinada a atender el déficit habitacional del personal docente.
La DGE podrá afectar recursos del Fondo como garantía, contragarantía, caución, reserva, respaldo o mecanismo equivalente para operaciones crediticias, bancarias o financieras, así como para programas de acceso a soluciones habitacionales y urbanización destinados a docentes.
Según la fundamentación del proyecto, esta herramienta busca utilizar recursos públicos como respaldo para facilitar el acceso al crédito y promover la participación de otros actores, sin desfinanciar el funcionamiento habitual del sistema educativo.
Durante el debate, Márquez señaló que el objetivo no se limita a facilitar el acceso a una vivienda, sino que apunta también a generar condiciones de arraigo para los docentes, permitiéndoles acercarse a los lugares donde desarrollan su tarea y mejorar su calidad de vida.
En este sentido, el proyecto contempla la posibilidad de que la DGE articule programas junto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el sector privado, utilizando los recursos del Fondo como herramienta de garantía o respaldo.
Durante el tratamiento legislativo, el senador Luis Novillo, del Partido Justicialista, informó que su bloque se abstendría en la votación. El Interbloque Encuentro Mendocino cuestionó el proyecto que propone destinar fondos escolares permanentes al desarrollo de viviendas para docentes y advirtió que la iniciativa desvía recursos que deberían estar orientados prioritariamente a atender las necesidades de infraestructura de las escuelas mendocinas.
“Sabemos que existe una necesidad habitacional entre los docentes, pero también la padecen trabajadores de la seguridad, la salud, la administración pública y miles de empleados estatales. No nos parece que sea la DGE la que tenga que hacerse cargo de resolver el problema de la vivienda”, planteó el senador maipucino.
En este sentido, remarcó que Mendoza cuenta con un organismo específicamente destinado al desarrollo de políticas habitacionales, como el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), mientras que los fondos escolares tienen como finalidad central el mantenimiento, mejoramiento y desarrollo de la infraestructura educativa.
Además, desde Encuentro Mendocino cuestionaron la falta de precisiones sobre el alcance concreto de la iniciativa y advirtieron que no está claramente establecido quiénes podrán acceder a las viviendas, cuáles serán los requisitos ni cuál es el déficit habitacional específico del sector docente.
“Ni siquiera está claro quiénes podrán acceder, cuáles serán los requisitos ni cuál es el déficit habitacional específico entre los docentes. Por eso entendemos que se trata de un anuncio demagógico, que busca captar la atención de un sector que tiene una necesidad real, pero sin dar respuestas concretas sobre cómo se resolverá”, completó el legislador.
A diferencia de la posición del interbloque peronista, el kirchnerismo aprobó la iniciativa. El senador Omar Parisi manifestó el acompañamiento de su espacio al proyecto y señaló que existe confianza en que la nueva herramienta pueda funcionar y cumplir con los objetivos planteados.
