El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que declaren como imputados quienes recibieron vacunas contra el Covid-19 por fuera de los criterios establecidos durante la pandemia. La jueza María Eugenia Capuchetti deberá resolver si hace lugar al planteo.
La causa por el denominado “Vacunatorio VIP” volvió a tomar impulso en la Justicia Federal. El fiscal Eduardo Taiano pidió que sean llamados a declaración indagatoria el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky y los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros beneficiarios de las vacunas contra el Covid-19.
Ahora será la jueza federal María Eugenia Capuchetti quien deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal y convoca a los acusados a prestar declaración indagatoria.
Taiano sostiene que quienes recibieron las vacunas de manera irregular no fueron simples beneficiarios pasivos, sino que tuvieron un papel activo en la maniobra y, en principio, podrían ser considerados partícipes necesarios del delito de peculado, una figura que contempla penas de entre dos y diez años de prisión.
En su presentación, el fiscal consideró que los elementos reunidos en el expediente alcanzan el “estado de sospecha” requerido por el Código Procesal Penal para avanzar con las indagatorias.
Según el planteo, los beneficiarios “contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos” al aceptar y recibir dosis pese a que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas.
Taiano también sostuvo que los involucrados no podrían alegar desconocimiento de los criterios vigentes durante la campaña de vacunación, debido a que las reglas de priorización habían sido difundidas públicamente y eran “razonablemente conocidas por la ciudadanía”.
Además de Duhalde, “Chiche” y sus hijas María Eva y Juliana Duhalde, y de Verbitsky, la lista incluye al empresario Florencio Aldrey Iglesias, propietario del diario La Capital de Mar del Plata, y familiares suyos.
También aparecen el empresario Seza Manukian; el ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, Filomena Marta Burgos; y el publicista y dirigente kirchnerista Jorge “Topo” Devoto.
El pedido alcanza además a los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés, al periodista Gabriel Michi, al fotógrafo presidencial Esteban Collazo, a Patricia Alsua, esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini, y a Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.
La investigación judicial reconstruyó tres episodios centrales vinculados con la presunta distribución irregular de vacunas.
El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis que habían sido asignadas al Hospital Posadas fueron trasladadas hasta el Ministerio de Salud y aplicadas en un vacunatorio improvisado en la antesala del despacho del entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien murió en 2024.
Entre quienes recibieron esas dosis estuvieron Verbitsky, Manukian, Aldrey Iglesias y tres familiares, además de Taiana y Valdés.
Según la investigación, nueve de los vacunados fueron registrados en el sistema NOMIVAC como “Personal Estratégico”, una categoría que no les correspondía. En otro caso, Félix Eulogio Guille fue anotado como mayor de 60 años.
El segundo episodio se produjo el 1 de febrero de 2021, cuando cinco dosis fueron trasladadas hasta el domicilio de Eduardo Duhalde, en Lomas de Zamora.
Allí, el entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa vacunó al ex presidente, a “Chiche” Duhalde, a sus hijas y al secretario privado del ex mandatario, Carlos Alberto Mao.
Taiano cuestionó especialmente la vacunación domiciliaria y sostuvo que esa modalidad estaba reservada para personas imposibilitadas de trasladarse. Según el fiscal, no existe constancia de que Duhalde tuviera algún impedimento físico para concurrir a un centro de vacunación.
Además, señaló que el régimen especial previsto para los ex presidentes no contemplaba un privilegio en materia sanitaria.
El tercer episodio comprende la aplicación irregular de 36 dosis en el Hospital Posadas, entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, a 23 personas que habrían sido seleccionadas por razones “de índole personal, familiar o de afinidad política”.
Entre ellas se encuentran Michi, Collazo, Alsua, el dirigente peronista Lorenzo Pepe, Marcelo Jorge Duhalde, Curto y su esposa, y Devoto.
De acuerdo con la investigación, casi todos fueron registrados irregularmente como “personal de salud”, mientras que trabajadores del propio Hospital Posadas todavía no habían completado su esquema de vacunación.
La investigación comenzó el 22 de febrero de 2021, luego de que Verbitsky revelara durante una entrevista radial que había recibido una vacuna después de comunicarse con González García.
El escándalo provocó la renuncia del entonces ministro de Salud, quien fue reemplazado por Carla Vizzotti.
En julio de 2021, Capuchetti había archivado parcialmente la situación de algunos de los vacunados al considerar que no se había configurado un delito. Sin embargo, la causa continuó respecto de los funcionarios involucrados.
Tres años después, en julio de 2024, la magistrada procesó a González García por los delitos de abuso de autoridad y peculado.
En octubre de ese mismo año, la Sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos del ex ministro y de sus ex funcionarios Marcelo Ariel Guille, Alejandro Salvador Costa y Alejandro Alberto Maceira.
Además, los camaristas ordenaron avanzar sobre quienes habían recibido las vacunas, con el objetivo de determinar si quienes “hayan disfrutado de provechos ilegales” también debían enfrentar consecuencias penales.
Ahora, la decisión está en manos de Capuchetti. La jueza deberá determinar si los elementos reunidos por el fiscal Taiano son suficientes para avanzar con las indagatorias y profundizar así la investigación sobre uno de los principales escándalos ocurridos durante la campaña de vacunación contra el coronavirus en la Argentina.
