La ley vigente desde febrero, establece nuevas condiciones de funcionamiento, formación obligatoria para el personal y mayores controles sobre el servicio. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia aseguran que los cambios buscan "jerarquizar" al sector.
Vence el plazo para que las empresas de seguridad privada cumplan con la nueva ley: cómo fue su impacto
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Este domingo vence el plazo para que las empresas de seguridad privada comiencen a cumplir con las disposiciones de la Ley 9578. La norma fue actualizada en octubre de 2024 y puesta en vigencia en febrero de este año. A siete meses de su sanción, el Ministerio de Seguridad y Justicia realizó un primer balance de su implementación.
Desde que la cartera que encabeza Mercedes Rus emitió el decreto 264 a mediados de febrero —el cual reglamentó la Ley 9578— las empresas de seguridad privada contaron con un plazo de 90 días para adaptarse a las nuevas exigencias.
Entre los puntos más relevantes se destaca la obligatoriedad de que los vigiladores cuenten con estudios secundarios completos, y que los directores técnicos posean título universitario. Además, se estableció la unificación del color de los uniformes.
El decreto también habilitó a las empresas a que sus agentes puedan portar armas de baja letalidad, siempre y cuando estén debidamente capacitados por las fuerzas especiales del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Actualmente, la provincia cuenta con 198 empresas de seguridad privada registradas. De ese total, 163 operan en el Gran Mendoza, 6 en el Valle de Uco, 15 en el Este provincial y 14 en el Sur. En cuanto al personal, hay unos 15.000 vigiladores registrados, aunque solo 10.000 ejercen activamente la profesión.
Con la implementación de la nueva ley, las empresas dejaron de estar bajo la órbita de la Dirección del Registro Provincial de Armas y del Registro de Empresas Privadas de Vigilancia (REPAR-REPRIV). Ahora están bajo la supervisión de la Dirección de Seguridad Privada (DISEP), a cargo de Alejandro Antón.
La DISEP depende de la Dirección General de Relaciones con la Comunidad, encabezada por Hernán Amat. Ambos funcionarios dialogaron con Los Andes y brindaron detalles sobre la aplicación de la Ley 9578.
“La redacción de la ley se realizó con los distintos actores del sector, ya sean cámaras empresariales o la mutual, quienes realizaron sus aportes. Lo que buscamos es jerarquizar a todos los trabajadores y a las empresas del sector privado, dándoles distintas capacitaciones y herramientas nuevas. No buscamos perseguir a nadie con esta ley”, aseguró Amat.
A partir de este lunes, las empresas deberán registrarse en la DISEP, para hacerlo tiene que contar con la habitación correspondiente y abonar una serie de códigos. Los valores son:
Uno de los aspectos más significativos de la norma es la formación de los agentes. Establece que los vigiladores deben contar con el secundario completo, y que los directores técnicos deben poseer la Licenciatura en Seguridad. Esta medida generó cierto malestar inicial entre los vigiladores y las empresas del sector.
Para abordar esta situación, desde la sede ubicada en calle Salta 672 de Godoy Cruz, se firmó un convenio con la Dirección General de Escuelas (DGE) para implementar un programa especial que permita a los vigiladores completar sus estudios, tanto primarios como secundarios.
“Se está haciendo un trabajo muy a conciencia con la DGE, con programas y asistencia virtual al estudiante, respetando los tiempos que requiere esta profesión”, explicó Antón.
A partir del lunes, los vigiladores tendrán un plazo de un año para iniciar sus estudios. Actualmente, tanto la Cámara Empresaria de Seguridad e Investigaciones de Mendoza (CESIM) como la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación de Mendoza (CAESIM) están realizando un relevamiento para conocer el estado académico de los trabajadores del sector.
“La ley establece un plazo de un año para que el vigilador comience sus estudios. Pero eso se está evaluando caso por caso, porque no se puede generalizar. Lo que se busca es individualizar cada situación para darle a cada guardia la oportunidad de terminar”, remarcó Antón.
A partir de este lunes, todas las empresas de seguridad privada de la provincia deberán vestir a sus agentes con un uniforme unificado. Esta disposición, contemplada en la Ley 9578, busca evitar confusiones con la indumentaria de la Policía de Mendoza.
El Ministerio de Seguridad acordó con las empresas que el color de las camperas, camisas y chombas de los vigiladores debe ser arena, mientras que los pantalones deben ser negros.
La Ley 9578 también regulariza la situación de aquellas empresas que decidan contar con su propia seguridad interna bajo relación de dependencia. Estas compañías deben cumplir los mismos requisitos que cualquier empresa de seguridad privada: registrar a su personal, cumplir con los estándares de formación y aplicar los criterios establecidos por la normativa.
La única excepción es que si el personal no supera los cinco vigiladores, no están obligadas a contar con un director técnico. Sin embargo, estos agentes solo pueden prestar funciones dentro de la empresa. No está permitido que brinden servicios de seguridad a terceros.
Además, se establece un límite máximo de 30 agentes en relación de dependencia. Si una firma necesita más personal de seguridad, debe contratar a una empresa habilitada del sector.
El decreto reglamentario publicado en febrero habilita, en su artículo 6, a que los vigiladores puedan portar armas de baja letalidad mientras se encuentren en funciones. Esta posibilidad está sujeta a una capacitación obligatoria que deberán realizar en unidades académicas que cuenten con convenios con el Ministerio de Seguridad y Justicia.
“No se entrega un arma de baja letalidad de la noche a la mañana. Antes, el vigilador deberá pasar por una formación específica. Esto implica un compromiso legal, judicial y de control emocional”, subrayó Alejandro Antón.
Entre los elementos habilitados se encuentran bastones, tonfas (como el modelo BPR-1), sprays de gas pimienta, armas neumáticas y dispositivos de control eléctrico, como las conocidas pistolas Taser.
Uno de los artículos más debatidos del proyecto de ley fue el que impide la creación de nuevas cooperativas de seguridad privada. Este punto fue cuestionado por sectores de la oposición durante el tratamiento legislativo.
La norma permite que las tres cooperativas ya registradas en Mendoza continúen operando, pero bajo condiciones específicas.
“Las cooperativas que estaban funcionando antes de la sanción de la ley pueden seguir prestando servicios, pero no se autorizarán nuevas. Además, solo pueden incorporar nuevos objetivos dentro de su radio de operación actual”, detalló Antón.
Otro de los objetivos centrales de la ley es combatir la informalidad en el sector. Según datos aportados por las cámaras empresariales, rondaba el 60
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia expusieron que si bien los salarios se rigen por convenios colectivos de trabajo específicos, se realizan tareas de fiscalización sobre los requisitos legales para ejercer como vigilador.
“Al final del día, lo que se busca es beneficiar al personal de seguridad, jerarquizarlo, capacitarlo y elevar los estándares del servicio a través de la formación”, explicó Antón.
En este marco, se anunció que se realizarán operativos conjuntos con otras dependencias del Estado provincial.
“Vamos a trabajar articuladamente con Diversión Nocturna y con la Subsecretaría de Trabajo para garantizar condiciones legales tanto para las empresas como para los trabajadores. Pero también para que el consumidor tenga certeza de que está contratando un servicio habilitado y jerarquizado”, finalizó Hernán Amat.