El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta apeló el procesamiento dictado por el juez federal Julián Ercolini en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
El exfuncionario kirchnerista cuestionó la decisión del juez Ercolini, quien había detectado un incremento patrimonial de $4,6 millones que consideró "apreciable e injustificado".
Roberto Baratta, exnúmero dos de Julio De Vido.
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El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta apeló el procesamiento dictado por el juez federal Julián Ercolini en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
La presentación fue realizada por su abogado defensor, Rodolfo Iglesias, quien solicitó a la Cámara Federal que revoque la decisión y dicte la falta de mérito de Baratta.
Ercolini había considerado que el exfuncionario incrementó su patrimonio en $4.678.496,90 de manera "apreciable e injustificada" entre 2003 y 2017, período durante el cual se desempeñó como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal.
En el escrito de apelación, la defensa sostuvo que el procesamiento le genera a Baratta un “gravamen actual, concreto y de imposible reparación ulterior”.
Iglesias cuestionó la forma en que se reconstruyó el patrimonio de su representado y afirmó que la imputación fue elaborada sobre premisas establecidas por el propio juzgado
También objetó la utilización de un dictamen técnico que, según sostuvo, no determinó de manera autónoma la atribución económica ni el costo histórico de uno de los bienes centrales de la investigación: una propiedad ubicada en el Mapuche Country Club.
La defensa agregó que el fallo "prescinde de fuentes de descargo oportunamente individualizadas y rechaza en forma global las diligencias destinadas a comprobar las explicaciones del imputado. Consolida una imputación patrimonial construida sobre premisas fijadas por el propio juzgado".
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con una propiedad ubicada en el Mapuche Country Club, cuyo costo total fue estimado en $3.700.000.
Según explicó Baratta, la propiedad fue financiada por sus padres, Palmino Baratta y Marta Rosa Girola, como parte de un “proyecto familiar”.
La defensa sostiene que no se investigaron con suficiente profundidad los antecedentes económicos de ambos padres y que esa información podría permitir explicar el origen del dinero utilizado para financiar la propiedad.
En ese sentido, el abogado cuestionó lo que definió como un “patrón de confirmación selectiva” en el análisis realizado por el juzgado. Según su planteo, los "los datos compatibles con la hipótesis inicial son presentados como corroboraciones, mientras que las fuentes alternativas son desestimadas por no encontrarse plenamente trazadas".
A partir de sus cuestionamientos, los abogados de Baratta solicitaron que se ordene la "producción completa de las medidas ofrecidas para evacuar las citas y, una vez incorporados sus resultados, la realización de una nueva pericia contable integral por profesionales distintos".
El objetivo, según el escrito, es responder "cada divergencia relevante", reconstruir el costo y la atribución de Mapuche desde sus fuentes, y disponer el recálculo de las operaciones “financiadas, sustituidas o reinvertidas conforme su efecto patrimonial neto y se identifique la incidencia individual y conjunta de cada corrección sobre los ejercicios y sobre el saldo acumulado”.
