Por la inflación, los gremios estatales redoblan la presión para adelantar la paritaria salarial

El Gobierno Provincial recibirá en los próximos días un embate de diferentes gremios estatales de la provincia, quienes realizarán manifestaciones de distintos tipos y cuyas protestas tendrán al menos un objetivo en común: el adelantamiento de las reuniones paritarias para discutir un aumento salarial. La preocupación se basa en el estremecedor contexto inflacionario en el que están inmersas Mendoza y el país, y el retraso salarial con los acuerdos que se concretaron en el primer trimestre del año y que han quedado cortos frente a las nuevas estimaciones nacionales.

Tanto el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y Judiciales, entre otros, preparan medidas de fuerza en diferentes circunstancias para la semana que viene y también en el mes de julio. También realizarán en conjunto -ATE no participará- una “marcha de las antorchas” el 24 de junio por la tarde, como visibilidad de unidad de lucha.

Mientras tanto, en la gestión de Rodolfo Suárez mantienen una postura firme y aseguran que “no hay modificaciones del plan original”. El mismo marca que será septiembre el mes en el que reabrirán la paritaria salarial para comparar cómo ha ido el progresivo aumento salarial, previsto en un 40% de suba anual más otra porción en una suma fija de $115.000 distribuidos en 12 cuotas (las mismas arrancaron en los $7.200 y llegarán a los $12.000). En Ampros, en vez de la suma fija, se decidió un aumento del ítem 1333 “Responsabilidad Profesional”, el que ascendió de 65 % a 80% en mayo, y lo hará a 85% en septiembre.

“El imperativo a mantener es cumplir con el compromiso asumido en la paritaria”, señalaron desde Casa de Gobierno. En el Poder Ejecutivo afirman que las paritarias no salariales se han llevado a cabo con normalidad, y que los aumentos de sueldos son los acordados en las reuniones de meses anteriores, con revisión en el segundo semestre.

Respecto al punto estrictamente económico, sigue la defensa del Gobierno a la propuesta realizada, la cual establece “un aumento mayor en promedio a los estatales que ganan menos”, y ponen el eje en la suma fija de $115.000, que es la misma tanto para el trabajador con el menor sueldo de la Administración Pública, que el que más gana, por lo que impacta de diferente manera en términos porcentuales.

De hecho, para quienes tienen salarios menores, los aumentos rondan entre el 55 y 60%, según fuentes del Gobierno.

Inflación, el gran problema

El problema se presenta, lógicamente, en la altísima inflación que atraviesa Argentina en el primer semestre de este 2022, más las pocas probabilidades de una desaceleración. De hecho, el jueves pasado el Gobierno actualizó su pauta de inflación anual para 2022, que se maneja con un promedio del 57,7%, con un rango de entre un 52% y 62%.

De esta manera, cambió el panorama sensiblemente de lo que se preveía a fines de 2021, en el que primero dieron una número de un 33%, que luego modificaron al 40%.

Sin embargo, el pronóstico inflacionario de esta semana aún está hasta 10 puntos por debajo de lo que proyectan las consultoras privadas. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que corresponde a fines de mayo, indicó que los analistas de mercado proyectaron que la inflación minorista para el corriente año se ubicará en 72,6%.

Por otro lado, la cuenta que hacen los gremios es que la inflación acumulada está afectando y licuando desde ya el salario de los trabajadores del Estado.

Esto es así porque a la fecha han recibido un 16% de aumento (12% en marzo y 4% en abril, aunque vale aclarar que no está sumada la suma fija, que a la fecha ha sido de $39.000 para cada estatal). En tanto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según la medición de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), ya alcanzó en el acumulado del 2022 el 30,4%.

Medidas

En diálogo con Los Andes, Carina Sedano, secretaria general del SUTE, señaló que esta semana acordaron en plenario general una serie de medidas de fuerza, que van desde la participación en los actos del gobernador y el director General de Escuelas, José Thomas; hasta caravanazos.

“Vamos a tener presencia en todos los actos públicos a los que vaya Suárez y Thomas”, marcó la gremialista, quien dijo que tanto los docentes como los celadores son los “peores pagos del país”.

También aseguró que el 22, 28 y 30 de junio estarán en diferentes departamentos “visibilizando la situación de las escuelas. Hay falta de sillas, hay otras que están sin gas, con los techos rotos o los baños clausurados. La situación es muy compleja”, marcó.

En tanto, el 24 de junio está prevista la “marcha de las antorchas”, que arrancará a las 18.30 en el kilómetro cero (Garibaldi y San Martín) y se movilizarán hasta Casa de Gobierno junto a otros gremios.

Luego, del 4 al 8 de julio realizarán recorridas por distintas escuelas de la provincia, y finalizarán este esquema de luchas sin paro el 9 de julio, con un “festival por la escuela pública”.

En tanto, Roberto Macho, principal referente de ATE, adelantó una asamblea y movilización para el jueves que viene, “con concentración en la Subsecretaría de Trabajo”.

En la paritaria no salarial del jueves pasado, el sindicato pidió un “aumento de emergencia” que va de los $20.000 -para quienes cobran un salario bruto mayor a $250.000 -, a $40.000 -para los que cobren un sueldo bruto menor a los $200.000 -. Para quienes estén en la franja del medio, ese número sería de $30.000.

También comunicaron que el gremio y los trabajadores se encuentran en estado “de alerta y asamblea permanente”.

Desde Ampros, Claudia Iturbe, su secretaria general, recordó que el martes está previsto un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con una concentración a las 9 en Casa de Gobierno.

Entre las principales justificaciones de la medida de fuerza, se encuentran la “recuperación del salario perdido en 2020; el cumplimiento del pase a mayor dedicación; el pago de adicionales ‘recurso humano crítico, guardia pasiva y compensatorio’; el pago de especialidades de segundo nivel y el cambio de régimen”.