El Ejecutivo prepara el sistema para la ley nacional que regirá desde el 5 de septiembre y mantiene la prisión como último recurso.
La iniciativa regula el procedimiento local y reorganiza los dispositivos de Seguridad y Educación ante el nuevo esquema nacional.
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Los ministros Mercedes Rus (Seguridad y Justicia) y Tadeo García Zalazar (Educación, Cultura, Infancias y DGE), presentaron este martes en la Cámara de Senadores el proyecto con el que Mendoza busca adaptar su sistema al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional.
La iniciativa, que había sido adelantada por Los Andes, reorganiza los dispositivos provinciales y crea un Código Procesal Penal Juvenil para regular la actuación de jueces, fiscales, defensores y organismos del Ejecutivo.
La presentación se produce a pocos días de un cambio central: el 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país la ley nacional 27.801, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y amplía los delitos por los cuales los adolescentes pueden ser sometidos a un proceso. La aplicación de esas disposiciones no dependerá de que la Legislatura mendocina alcance a sancionar previamente el proyecto provincial.
"El 5 de septiembre empieza a regir una ley nacional que no es disponible por las provincias", explicó Rus. Por eso, señaló que un adolescente de 14 años que cometa un delito desde esa fecha "va a ser responsable por ese hecho" y será abordado por el Fuero Penal Juvenil que ya funciona en Mendoza. Lo que pretende hacer la Provincia con su propia ley es adaptar el funcionamiento institucional y procesal a ese nuevo escenario.
El proyecto presentado por el Ejecutivo establece un Régimen Especial Penal Juvenil y aprueba como anexo un Código Procesal Penal Juvenil específico. También reorganiza la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y las competencias de los organismos que intervienen en el sistema.
"Es una propuesta que contiene una ley integral para la responsabilidad penal juvenil", indicó Rus. Según detalló, tiene dos componentes: por un lado, el reordenamiento de los dispositivos que actualmente posee el Ejecutivo y, por otro, el nuevo código procesal.
La ministra sostuvo que el objetivo es abordar a quienes cometan delitos desde los 14 años teniendo en cuenta su condición de adolescentes en desarrollo, pero también su responsabilidad frente a la sociedad.
Uno de los principales cambios será la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal. Hasta ahora, el fuero especializado intervenía sobre jóvenes de entre 16 y 18 años y bajo determinados parámetros vinculados con la gravedad del delito.
La nueva legislación nacional amplía ambos criterios. Además de bajar la edad, todos los delitos podrán dar lugar a un proceso penal juvenil. "Hoy cualquier delito va a tener que tener un proceso, cualquier delito cometido por un joven va a ser pasible de un proceso", explicó Rus.
Para las fuerzas de seguridad, la mecánica será similar a la que actualmente se aplica con los adolescentes de 16 y 17 años. Ante una aprehensión, el joven será trasladado inicialmente a una dependencia policial para su identificación y deberá permanecer allí el menor tiempo posible.
Luego será derivado a una Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA), el dispositivo especializado para el alojamiento provisorio.
Rus señaló que allí deberán garantizar que los adolescentes de 14 y 15 años permanezcan separados de aquellos de 16 y 17. Si posteriormente un juez dispone una pena de privación de libertad, la intervención pasa al sistema de la DRPJ, que depende del área de Infancias.
La distinción es importante. Las UPANA funcionan bajo la órbita de Seguridad y reciben transitoriamente a los adolescentes aprehendidos. La DRPJ, cuyo establecimiento cerrado es conocido históricamente como exCOSE, interviene en la ejecución de las medidas y penas ordenadas judicialmente.
Actualmente existe una UPANA en Ciudad, que concentra el área metropolitana y el Valle de Uco; otra en Junín para la Zona Este; una en San Rafael para el Sur y una oficina administrativa en General Alvear. La principal falencia territorial está en el Valle de Uco, donde no existe una sede propia.
Rus reconoció esa situación y anticipó que el Gobierno proyecta avanzar con una unidad en esa región. "Sólo nos falta sede en Valle de Uco. Ahí no tenemos gran incidencia, sí está pensado proyectivamente abrir una sede", afirmó.
La incorporación de una nueva franja etaria también implicará adaptaciones en los establecimientos existentes. Sin embargo, el Ejecutivo considera que la capacidad actual permitirá afrontar la primera etapa del nuevo régimen.
Durante el último año hubo 511 adolescentes de entre 16 y 18 años en conflicto con la ley penal, de los cuales sólo 46 estuvieron privados de libertad. Según Rus, esto implica que alrededor del 91% permaneció bajo medidas alternativas y el 9% bajo un régimen de encierro. El Gobierno espera que esa proporción se mantenga cuando el sistema incorpore a los adolescentes de 14 y 15 años.
García Zalazar también remarcó que la privación de libertad será "la última instancia" y sostuvo que el eje estará puesto en las alternativas de reinserción, con intervenciones vinculadas a educación, capacitación, consumos problemáticos y contexto familiar.
El ministro estimó que la incorporación de los nuevos casos podría significar un crecimiento de hasta el 30% respecto del universo actual, aunque aclaró que no puede anticiparse cuántos delitos se cometerán. En la actualidad existen unos 46 adolescentes privados de libertad y alrededor de 460 bajo medidas alternativas.
García Zalazar adelantó además que la Provincia buscará recursos para acompañar la implementación. Mendoza ya gestiona ante Nación las partidas contempladas por la legislación nacional y, durante la elaboración del Presupuesto 2027, el Ejecutivo solicitará una ampliación de fondos provinciales en función del incremento de casos proyectado.
Una parte central del esquema estará puesta en las medidas alternativas a la privación de libertad. García Zalazar sostuvo que el trabajo posterior a la intervención judicial estará orientado especialmente a la reinserción social.
La respuesta dependerá de cada caso. Cuando exista una problemática vinculada con consumos, educación, capacitación o el contexto familiar, los equipos deberán realizar un seguimiento individual. "Se hace un abordaje caso por caso", explicó el ministro.
El proyecto incorpora, además, la figura del supervisor especializado, encargado de acompañar y controlar el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia. Entre sus funciones estarán elaborar informes, trabajar con el adolescente y su entorno y verificar el cumplimiento del proyecto de reintegración social.
También crea una Dirección de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad y mantiene dentro de la DRPJ una Dirección de Privación de Libertad. Por su parte, Rus explicó que las medidas pueden incluir la finalización de los estudios secundarios, la capacitación laboral o el aprendizaje de un oficio. El supervisor deberá controlar su cumplimiento y comunicar a la Justicia la evolución del adolescente.
La implementación también tendrá una pata preventiva en las escuelas. García Zalazar anticipó que Educación trabaja desde el año pasado junto con asociaciones de magistrados en un programa que recorrerá establecimientos educativos de toda la provincia para explicar los alcances de la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años.
Según el ministro, el programa buscará que los estudiantes conozcan cómo funciona la nueva legislación y cuáles son sus responsabilidades. El abordaje incluirá además otras problemáticas vinculadas con adolescentes, como las apuestas online y el uso de imágenes de menores.
El Código Procesal Penal Juvenil presentado por el Ejecutivo regula desde la investigación hasta la ejecución de las penas y establece un procedimiento específico para adolescentes. Entre sus principales disposiciones se encuentran:
El proyecto también regula procedimientos para casos de flagrancia, prisión preventiva, medidas de seguridad, recursos judiciales y mecanismos de progresividad para quienes deban cumplir una pena privativa de libertad.
La iniciativa comenzará ahora su recorrido por el Senado. Mientras la Legislatura discute la adecuación provincial, el 5 de septiembre empezará a aplicarse la nueva legislación nacional y el Fuero Penal Juvenil mendocino deberá comenzar a intervenir sobre adolescentes desde los 14 años, independientemente de los tiempos que demande el tratamiento legislativo.
