El sector fue el único que rechazó la propuesta paritaria. Recibirá una suba del 7% en septiembre y del 4% en noviembre, sin retroactivo a agosto.
El Ejecutivo fijó incrementos del 7% en septiembre y 4% en noviembre. A diferencia de los sectores que acordaron, no habrá retroactivo a agosto.
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El gobierno de Alfredo Cornejo dispuso por decreto un aumento salarial para los empleados judiciales luego de que el sector fuera el único que no aceptó la propuesta presentada en las negociaciones paritarias para el segundo semestre de 2026. La medida contempla una suba del 7% desde septiembre y otra del 4% en noviembre, ambas calculadas sobre el básico de junio, pero sin retroactivo correspondiente a agosto.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1969, firmado por el mandatario provincial y publicado este jueves en el Boletín Oficial. Alcanza específicamente a los agentes comprendidos en el régimen salarial 10, clases 8 a 23, correspondiente a Empleados Judiciales.
De esta manera, el Ejecutivo resolvió aplicar unilateralmente una mejora salarial después de que las negociaciones con la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios Judiciales no terminaran con un entendimiento.
La pauta presenta una diferencia respecto de la acordada con el resto de los sectores de la Administración Pública que aceptaron el último ofrecimiento oficial. Para esos trabajadores, la propuesta establece un incremento del 7% desde agosto y otro 4% desde noviembre, no acumulativos y calculados sobre el básico de junio de 2026.
En el caso de los empleados judiciales, en cambio, el primer tramo comienza a regir en septiembre. Por ese motivo, el sector no tendrá el retroactivo correspondiente a agosto.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo señaló que mantuvo un proceso de negociación con la representación gremial de los empleados judiciales y que presentó diferentes propuestas con el objetivo de alcanzar un acuerdo.
Sin embargo, indicó que no fue posible llegar a un consenso y dejó asentado que el sindicato manifestó su disconformidad con las ofertas al considerarlas insuficientes para atender las necesidades salariales de sus representados.
Ante esa situación, el Gobierno justificó la intervención en la necesidad de evitar una diferencia salarial respecto de los demás trabajadores estatales que sí alcanzaron acuerdos durante las negociaciones.
Según establece el decreto, el incremento se aplicará sobre la Asignación de Clase: 7% para septiembre y 4% para noviembre, tomando en ambos casos como base fija junio de este año.
La medida fue dictada ad referéndum de la Legislatura provincial y también autoriza al Ministerio de Hacienda y Finanzas a realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para afrontar el incremento.
Mientras avanzó por decreto con Empleados Judiciales, el Ejecutivo provincial informó que alcanzó dos nuevos acuerdos paritarios con los representantes de Tesorería General de la Provincia y de la Subsecretaría de Trabajo.
En ambos casos fue aceptada la propuesta salarial para el segundo semestre, que contempla un incremento del 7% desde agosto y otro 4% desde noviembre, no acumulativos y calculados sobre el básico correspondiente a junio de 2026. Con esas incorporaciones, el Gobierno contabiliza 16 acuerdos salariales para la segunda mitad del año.
La propuesta ya había sido aceptada por los representantes de Fiscalía de Estado; Tribunal de Cuentas; Fondo para la Transformación y el Crecimiento; Instituto Provincial de Juegos y Casinos; régimen 15 de Salud; régimen 5 de la Administración Central; licenciados en Enfermería; Ampros; SUTE, por docentes y celadores; Sitravi, por el personal de la Dirección Provincial de Vialidad; funcionarios judiciales; Contaduría General de la Provincia; régimen 13, correspondiente a Parque y Ecoparque; y régimen 35, de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
A esa nómina se sumaron ahora Tesorería General de la Provincia y la Subsecretaría de Trabajo, mientras que Empleados Judiciales quedó como el único sector al que el Ejecutivo aplicará el incremento sin acuerdo paritario.
