La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, respondió a las críticas por el financiamiento de una maestría en Economía Medioambiental que cursa de manera virtual en la Universidad Francisco Marroquín de España.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, habló sobre la maestría que pagó con fondos del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, habló sobre la polémica generada por su millonaria maestría
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La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, respondió a las críticas por el financiamiento de una maestría en Economía Medioambiental que cursa de manera virtual en la Universidad Francisco Marroquín de España.
La capacitación, cuyo costo ronda los USD 11.000, fue afrontada con recursos del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, una decisión que reveló el diputado provincial Lucas Ilardo (Fuerza Patria).
La funcionaria defendió el uso de esos fondos al sostener que el fideicomiso tiene como finalidad el fortalecimiento institucional y que contempla gastos de capacitación y formación.
El posgrado fue aprobado por el Comité Ejecutivo del fideicomiso el 1 de agosto de 2025, mediante un acta que lleva la firma del director de Hidrocarburos, Lucas Erio, funcionario que depende del ministerio que conduce Latorre.
La controversia surgió este jueves, cuando Ilardo denunció presuntas irregularidades en el procedimiento administrativo, cuestionó la utilización de los recursos y comparó el costo de la formación con alternativas disponibles en universidades públicas nacionales.
Al defender la utilización de los recursos, Latorre aseguró a Los Andes que la maestría no se pagó con partidas presupuestarias del Ministerio de Energía y Ambiente ni con fondos generales de la Provincia, sino con aportes de las empresas destinados al fideicomiso.
“Particularmente, esta maestría no se pagó con presupuesto del Ministerio, ni con presupuesto de la provincia, sino con un fondo que tiene una afectación específica, que es un fideicomiso que se fondea con aportes de las empresas. Porque un fideicomiso es un patrimonio de afectación específica”, explicó la ministra.
En ese sentido, sostuvo que el destino de los recursos está delimitado por el objeto para el que fue creado el instrumento financiero. “La administración de un fondo de afectación específica tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto de este fideicomiso? El fortalecimiento institucional”, remarcó.
Según detalló, ese concepto comprende distintas herramientas destinadas a mejorar el funcionamiento de las áreas estatales. “Dentro del fortalecimiento institucional va desde capacitación, formación y contratación de consultoría para tener un mejor entendimiento de los recursos de todo lo que se administra en esta cartera, compra de software, de programas, promoción de la actividad”, enumeró.
A continuación, insistió en que esos usos están contemplados en el contrato constitutivo del fideicomiso. “Todo eso es lo que legalmente está en el contrato de constitución del fideicomiso, que repito, es un fideicomiso que no se fondea con presupuesto de la provincia, sino con los aportes que hacen las empresas a tal efecto”, afirmó.
Otro de los cuestionamientos de Ilardo estuvo relacionado con el costo del posgrado y la existencia de alternativas académicas en el sistema universitario público nacional. Frente a ese planteo, Latorre defendió tanto la elección de la universidad como la orientación de la maestría.
“Y es una pregunta relativa si es tan costosa o menos costosa. ¿Por qué no en otro lugar? Porque es una maestría de una temática que no está desarrollada así en ninguna otra universidad”, argumentó la funcionaria de Alfredo Cornejo.
La ministra señaló que evaluó otras opciones antes de decidirse por la propuesta de la Universidad Francisco Marroquín. “De hecho, yo busqué muchas alternativas antes de definirme por esta maestría en esta universidad, porque lo que yo estaba queriendo era hacer una maestría en economía, pero a la vez que tuviese la visión de la gestión de recursos naturales”, explicó al referirse a su ministerio.
En esa búsqueda, sostuvo, no encontró en las currículas de las universidades argentinas una propuesta que reuniera ambas perspectivas. “No existe en muchos lugares, y por lo menos en las currículas que yo encontré de universidades argentinas, esta visión desde el punto de vista económico del desarrollo de los recursos naturales”, señaló.
Para fundamentar su elección, distinguió entre la formación vinculada con los recursos naturales desde la ingeniería y los estudios económicos, que habitualmente se desarrollan por separado.
“Porque los recursos naturales se estudian normalmente desde el punto de vista de la ingeniería en recursos naturales, y la economía desde otra cartera o desde otras asignaturas, pero no con esta visión”, manifestó.
Finalmente, vinculó esa búsqueda académica con su función al frente del Ministerio de Energía y Ambiente. “Por eso me pareció muy interesante, muy desafiante, y por eso elegí capacitarme en esto, siendo que, justamente, fui yo la que propuse tener en una misma cartera las dos materias, la materia económica con la de ambiente”, indicó.
La denuncia del diputado provincial se centra en la utilización del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas para financiar la capacitación de la ministra. Según planteó, la normativa vigente establece que los recursos deben destinarse a tareas de fiscalización, control y estudio del sector petrolero, por lo que cuestionó que se hayan utilizado para afrontar el posgrado.
Ilardo sostuvo que el procedimiento administrativo consta en el Acta 129, donde se detalla el reintegro de USD 10.666 por el cursado virtual de la maestría. El legislador estimó que el gasto equivale a unos $13,6 millones.
Además, denunció presuntas inconsistencias contables relacionadas con un descuento del 10% que, según afirmó, figura en el acta, pero no se habría reflejado en las transferencias realizadas para pagar la formación.
A ese cuestionamiento sumó una objeción temporal sobre las firmas digitales del expediente. Según su planteo, la orden de pago estatal se emitió a comienzos de febrero de 2026, antes de que los integrantes del Comité Ejecutivo convalidaran el documento con sus firmas electrónicas.
El legislador sostuvo que la documentación completa sobre las actuaciones de Latorre será presentada en la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, buscando "determinar si existió un delito o un claro beneficio personal con dinero de los contribuyentes".
Por último, el diputado comparó el costo del posgrado con alternativas del sistema universitario público. Mencionó una maestría de orientación similar en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), con un costo estimado de $4.235.000 por año a valores de febrero-julio de 2026, y posgrados en gestión ambiental de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La ministra también respondió directamente al diputado de Fuerza Patria, quien puso en duda la legalidad del gasto y denunció presuntas inconsistencias en el expediente administrativo.
“La verdad que para hacer una denuncia habría que encontrar algo que estuviera oculto. En este caso no hay nada que esté oculto porque el fideicomiso lo administra Mendoza Fiduciaria, es decir, Mendoza Fiduciaria está auditada por el Tribunal de Cuentas”, sostuvo Latorre.
A partir de ese argumento, defendió la transparencia del procedimiento y rechazó que se hubiera intentado evitar los controles. “O sea, si hubiese querido hacer algo por detrás de la ley o que no fuese legal y transparente, no lo hubiese hecho de esa forma y tampoco hubiese contado por todos lados que estoy haciendo esta maestría”, agregó.
En otro tramo de sus declaraciones, la ministra cuestionó al legislador por sus planteos. “Realmente, la verdad que de Ilardo no tengo nada para decir. Quizás sería bueno que él también tome algún tipo de capacitación, pero respecto del otro no tengo mucho que decir”, expresó.
Latorre también defendió la formación de los funcionarios públicos como una herramienta para mejorar la gestión estatal. “Los mendocinos y la gente esperan más del sector público, esperan más de los funcionarios, y para eso tenemos que estar capacitados”, afirmó.
En esa línea, remató con otro dardo hacia Ilardo: "Y es preferible que hagan sistemas claros y transparentes de formación y de capacitación, tanto de empleados como de funcionarios, a que tengamos funcionarios no capacitados y tomen decisiones que perjudiquen, en muchos casos, a los argentinos, como ha hecho el partido del que es parte”.
