El Gobierno provincial publicó una serie de decretos vinculados con sanciones disciplinarias, cesantías, exoneraciones y desafectaciones de personal policial, penitenciario y civil del Ministerio de Seguridad y Justicia.
El Gobierno provincial oficializó más de una decena de decretos con despidos, suspensiones y sanciones a personal policial y penitenciario.
Efectivos policiales en la explanada de la Casa de Gobierno
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Prensa Gobierno
El Gobierno provincial publicó una serie de decretos vinculados con sanciones disciplinarias, cesantías, exoneraciones y desafectaciones de personal policial, penitenciario y civil del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Las medidas responden a distintas situaciones, entre ellas investigaciones penales, abandono del servicio, inasistencias injustificadas e incumplimiento de requisitos educativos.
Los decretos llevan las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
El Gobierno dispuso la desafectación de un auxiliar de la Policía de Mendoza que afrontaba investigaciones por presuntas amenazas agravadas, desobediencia y amenazas coactivas agravadas.
El agente había sido detenido y se le había dictado prisión preventiva por cinco meses. Además, acumulaba tres actuaciones administrativas vinculadas con su situación.
Otro decreto estableció la desafectación de una auxiliar policial que había ingresado a la fuerza en junio de 2026.
La medida se tomó en el marco de una investigación por una presunta estafa y de dos actuaciones administrativas. La decisión estuvo vinculada con la falta de confirmación en el cargo.
El Ejecutivo confirmó la cesantía de un exagente penitenciario que no pudo acreditar la finalización de los estudios secundarios, requisito exigido para el desempeño de sus funciones.
El Gobierno confirmó la exoneración de un exsubcomisario de la Policía que había sido condenado a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación absoluta perpetua por los delitos de concusión y allanamiento ilegal. La sanción administrativa quedó firme.
Un exsuboficial penitenciario recibió la confirmación de su cesantía por abandono del servicio. Según los antecedentes administrativos, había dejado de presentarse a trabajar desde el 19 de mayo de 2023, sin justificar sus ausencias.
El Ejecutivo rechazó el recurso presentado por un expolicía contra una cesantía aplicada en 2020. El exagente había cuestionado los fundamentos de la sanción y argumentado que la causa penal en su contra había sido desestimada.
Sin embargo, el decreto sostuvo que la responsabilidad administrativa es independiente de la penal.
El Gobierno rechazó por extemporáneo el planteo de un exintegrante de la Policía contra su baja obligatoria.
La normativa establece parámetros de acumulación de sanciones disciplinarias para disponer esa medida: más de 200 puntos en diez años o más de 75 puntos en tres años.
El Ejecutivo confirmó la cesantía de una exagente penitenciaria que no acreditó haber completado el nivel secundario.
La mujer había cuestionado la decisión y expuesto argumentos vinculados con su situación de salud y el procedimiento administrativo, pero el recurso fue rechazado.
Una segunda exagente penitenciaria quedó alcanzada por la confirmación de su cesantía debido a que no pudo acreditar el título secundario.
En su presentación había señalado que su situación de salud había afectado la continuidad de sus estudios. El Gobierno mantuvo la sanción.
El Gobierno rechazó el planteo de una aspirante incorporada como auxiliar policial, quien sostenía que cumplía con los requisitos exigidos y que no registraba antecedentes penales.
El decreto señaló que había sido declarada responsable como coautora de un robo agravado por el uso de arma de fuego, aunque en esa causa no se le impuso pena.
Para la Administración, ese antecedente impedía considerar cumplido el requisito de idoneidad moral para el ingreso a la fuerza.
El Ejecutivo confirmó una suspensión de diez días aplicada a una auxiliar de la Policía por una infracción al régimen disciplinario de la fuerza. El decreto ratificó la medida administrativa.
Otro decreto confirmó una suspensión de 50 días aplicada a una suboficial penitenciaria, en una causa vinculada con la presentación de un certificado médico falso.
La medida fue ratificada luego del análisis de los antecedentes administrativos.
El Gobierno confirmó la baja obligatoria de un exauxiliar policial que había acumulado 107 puntos disciplinarios en tres años consecutivos, entre octubre de 2017 y octubre de 2020.
La decisión se basó en los límites previstos por la normativa para la permanencia en la fuerza.
Un oficial principal recibió una suspensión de tres días en 2021 por daños ocasionados a un dispositivo biométrico de una dependencia policial.
El decreto rechazó su planteo contra la sanción, pero declaró incobrable una deuda de $1.800 por haber operado la prescripción.
El Ejecutivo dispuso la cesantía de un empleado civil del Ministerio de Seguridad y Justicia por inasistencias injustificadas.
Los registros administrativos indicaban que no había marcado ingresos y egresos mediante el sistema biométrico ni contaba con autorizaciones para ausentarse.
La normativa contempla la cesantía cuando se superan las seis inasistencias injustificadas en un período de seis meses. Además, se dispuso revisar la posibilidad de recuperar los haberes que se hubieran abonado de manera irregular.
