La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó un proyecto de ley para endurecer el régimen disciplinario en las cárceles de Mendoza.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó el proyecto con el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana
Foto:
Gobierno de Mendoza
Un día después del secuestro de un agente penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para endurecer el régimen disciplinario y fortalecer los controles dentro de los establecimientos penitenciarios.
La iniciativa propone incorporar nuevas faltas graves para las personas privadas de libertad, establecer sanciones más severas para las visitas que intenten ingresar elementos prohibidos y darle respaldo legal al régimen de Muy Alto Perfil (MAP), destinado a internos considerados de riesgo extremo.
“A estos presos que quieren seguir siendo delincuentes desde la cárcel, les decimos que la cárcel no es un home office”, sostuvo Rus al explicar los alcances de la reforma de la Ley 8465, una medida que había anticipado durante la presentación del Presupuesto 2027 para su ministerio.
El proyecto fue presentado este miércoles en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, en un contexto marcado por el episodio ocurrido en Boulogne Sur Mer, donde dos internos mantuvieron como rehén durante unas siete horas al penitenciario Mauro Zugasti, de 35 años.
Los presos fueron trasladados posteriormente al sector de Muy Alto Perfil de Almafuerte II, donde permanecerán bajo un régimen excepcional durante un mínimo de 180 días. La investigación judicial analiza posibles imputaciones por privación ilegal de la libertad coactiva, amenazas, lesiones y robo, entre otros delitos.
Uno de los principales ejes de la reforma apunta a restringir las comunicaciones ilegales desde las cárceles. La propuesta incorpora como faltas graves la tenencia, utilización y comercialización de teléfonos celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos de comunicación no autorizados.
También contempla sanciones por conexiones clandestinas a internet o electricidad, comunicaciones ilegales con el exterior y difusión no autorizada de imágenes y videos.
A su vez, prohíbe expresamente que los internos participen en transmisiones por streaming, redes sociales y otros medios de comunicación, salvo excepciones vinculadas con actividades educativas o laborales debidamente autorizadas.
Según los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad y Justicia, desde el inicio de la actual gestión se retiraron y secuestraron más de 20.000 celulares del sistema penitenciario.
La cifra incluye los dispositivos encontrados a los internos, los detectados durante las requisas y los secuestrados a visitantes mediante el Sistema Único de Ingreso.
En ese marco, Rus anticipó la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para reforzar los controles. “Vamos a incorporar, antes de fin de año, sistemas de body scan y de escáner”, anunció.
La ministra sostuvo que estos dispositivos permitirán reducir los riesgos para el personal penitenciario y evitar presiones durante los procedimientos de control. “Si nosotros tenemos sistemas de control tecnológicos, lo que hacemos es evitar que el personal se vuelva objeto de extorsión”, señaló.
El proyecto también establece un régimen de sanciones específico para las personas que intenten ingresar elementos prohibidos a las cárceles.
En el caso de los celulares y las tarjetas SIM, se prevén suspensiones de hasta 180 días para la primera infracción, que podrán extenderse a 365 días ante una reincidencia. Una tercera infracción podrá derivar en la prohibición definitiva de ingreso al establecimiento penitenciario.
Para el ingreso de drogas, la iniciativa contempla suspensiones de 365 días y la prohibición definitiva en caso de reincidencia. En tanto, quienes intenten ingresar armas o explosivos, o colaboren con fugas y actividades delictivas organizadas, podrán quedar inhabilitados de manera permanente para ingresar a los establecimientos.
La propuesta busca reforzar la responsabilidad de quienes visitan a las personas privadas de libertad y evitar que los controles de acceso sean vulnerados para introducir elementos que puedan facilitar delitos desde el interior de las cárceles.
Otro punto central de la reforma es la incorporación a la legislación del régimen de Muy Alto Perfil (MAP), que ya funciona en el complejo penitenciario Almafuerte II.
El dispositivo está destinado a personas privadas de libertad que presentan riesgos extremos por su capacidad de violencia, posibilidad de fuga, influencia sobre otros internos o vínculos con organizaciones criminales. Entre sus características se encuentran el aislamiento, el monitoreo permanente y los controles reforzados.
El proyecto incorpora criterios objetivos para determinar qué internos pueden ser incluidos en ese régimen, entre ellos la participación en motines, tomas de rehenes, amenazas al personal penitenciario y comunicaciones clandestinas.
Además, contempla herramientas de información e inteligencia penitenciaria para prevenir delitos, hechos de violencia y actividades criminales organizadas desde el encierro.
Rus explicó que la incorporación de estos criterios a la ley apunta a fortalecer las decisiones del Servicio Penitenciario, especialmente frente a presentaciones judiciales de internos que buscan modificar sus condiciones de alojamiento.
“La seguridad penitenciaria y la seguridad pública de los mendocinos es importante, por lo tanto, vamos a tener zonas específicas”, afirmó la ministra, quien remarcó que la clasificación debe responder al comportamiento y al nivel de riesgo de cada persona privada de libertad.
En referencia a los dos internos trasladados a Almafuerte II después de la toma de rehén, Rus ratificó que no accederán a los destinos ni a los beneficios que reclamaban antes del episodio.
“Ellos querían más beneficios, querían privilegios, pero optaron por la violencia, y eso tiene consecuencias. Y las consecuencias son duras”, sostuvo.
La funcionaria también confirmó que permanecerán bajo el régimen de Muy Alto Perfil durante un mínimo de 180 días y que el Servicio Penitenciario revisará su conducta y concepto, con posibles consecuencias sobre los beneficios que habían solicitado ante la Justicia.
Por último, cuestionó a determinados operadores del sistema que, según su interpretación, generan expectativas sobre beneficios penitenciarios que no corresponden.
“Hay también ciertos operadores del sistema que, bajo la voz de derechos humanos, les hacen creer a estos presos que tienen más derechos que los derechos que corresponden, y que tienen más derechos por encima de los mendocinos”, afirmó.
En paralelo, el Servicio Penitenciario incorporó 80 uniformes confeccionados por personas privadas de libertad en RERDA, una de las fábricas que funcionan dentro del complejo Almafuerte II.
De esa producción, 40 uniformes fueron destinados al régimen de Muy Alto Perfil y otros 40 a internos bajo custodia penitenciaria en establecimientos hospitalarios, como el Hospital Central y El Sauce.
Los primeros en estrenar esta indumentaria fueron los dos internos trasladados este martes al MAP de Almafuerte II, quienes comenzaron a utilizar los uniformes confeccionados en los talleres penitenciarios.
La producción forma parte de las actividades laborales que desarrollan las personas privadas de libertad y permite abastecer necesidades operativas del propio sistema penitenciario.
Rus explicó que la nueva indumentaria responde a criterios de identificación y seguridad, especialmente durante los traslados y en los espacios donde los internos pueden tener contacto con la ciudadanía.
"Queremos tener mejor visibilidad en los traslados de personas privadas de libertad", señaló, y explicó que su utilización en establecimientos hospitalarios permite reforzar los controles ante posibles intentos de evasión.
