El Gobierno oficializó el comienzo del proceso para realizar los estudios para la etapa de explotación de cobre por Minera San Jorge SA. El dictámen técnico será realizado por la Fundación Universidad Nacional de Cuyo.
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El Gobierno Provincial autorizó de manera formal el inicio de todo el proceso de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la etapa de explotación del exproyecto San Jorge, hoy llamado PSJ Cobre Mendocino, presentado por Minera San Jorge SA, en la localidad de Uspallata (Las Heras).
La medida se oficializó este miércoles en el Boletín Oficial, bajo la resolución 51 de la Dirección de Minería, y está firmado por su titular, Jerónimo Shantal; pero también por el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández.
En el articulado, se designó a la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC), como "organismo responsable para la elaboración del Dictamen Técnico", que deberá ser incorporado en un plazo de 15 días hábiles, "bajo apercibimiento de considerar su silencio como rechazo a realizar dicho Dictamen, correspondiendo la devolución de los honorarios transferidos por el proponente", aunque se podrá solicitar una prórroga.
Además, los honorarios serán por $50 millones para la FUNC, tal como establece el artículo 3. Dicho monto se establece en función de la "magnitud de la información y documentación del proyecto a analizar", el cual requerirá de un importante cuerpo de profesionales abocados a la tarea de análisis del Informe de Impacto Ambiental, visita al sitio y emisión de su respectivo informe.
Para abordar la evaluación, la FUNC ha conformado un equipo multidisciplinario compuesto por 23 especialistas en distintas disciplinas, como geología, hidrogeología, biodiversidad, impacto social y glaciología.
La elección por parte del Gobierno de la FUNC se basó "en la trayectoria en la evaluación de impactos ambientales y su inscripción en el Registro de Consultores Ambientales". Además, sostuvieron que la Fundación "presentó una propuesta de trabajo que garantiza la capacidad técnica necesaria para afrontar el desarrollo del dictamen en tiempo y forma, cumpliendo con los requerimientos del proyecto y con la Ley 7722".
También se designó a diversos organismos para realizar dictámenes sectoriales, que deberán ser emitidos en un plazo "perentorio e improrrogable" de 15 días hábiles, entre los que se encuentran:
"En caso de existir observaciones o instrucciones al Informe de Impacto Ambiental por parte del organismo técnico y/o los organismos sectoriales, la Dirección de Minería deberá intimar al proponente, mediante notificación electrónica, para que en el término de cinco (5) días hábiles, proceda a dar respuesta al emplazamiento conferido, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud", marcaron.
Se dio inicio también al procedimiento de consulta pública del informe de impacto ambiental, que quedará formalmente abierto al día siguiente de concluida la publicación de edictos en el Boletín Oficial. Dicho informe se encontrará a disposición para consulta pública "por un término no menor a 60 días hábiles".
La ministra de Energía, Jimena Latorre, destacó que el informe “contempla tanto el análisis de la comunidad académica, como el trabajo de discusión, de debate y de interpretación del proyecto junto a la comunidad, de Uspallata y a la sociedad mendocina en general”.
En diálogo con radio Mitre Mendoza, dejó en claro que si pasa sin problemas la DIA de explotación, con este proyecto Mendoza podría posicionarse "como la primera provincia productora de concentrado de cobre del país".
"Hoy Argentina no produce una sola onza de cobre", marcó Latorre, y sostuvo que, al ser San Jorge un proyecto más chico comparado con otros como Los Azules, Josemaria, Taca Taca o El Pachón, "significa y requiere una menor inversión, por lo tanto lo hace más factible en términos económicos y podría significar que Mendoza pase a ser de la última en la lista a la primera que pueda producir y vender este concentrado de cobre".
La funcionaria señaló que en los primeros informes que han elaborado los técnicos de la autoridad minera, están todos dentro de lo que establece la 7722 para proyectos metalíferos. "No se utiliza en el proceso ninguno de los químicos que están vetados por la ley, y por lo tanto el procedimiento que se propone para producir este concentrado de cobre, estaría dentro de lo que está permitido".
Respecto a la situación de conflictividad de Uspallata, recordó la situación "lamentable" cuando hubo disturbios en la apertura de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros, y dijo que los vecinos de Uspallata "están muy interesados en saber, en escuchar, en dialogar, en plantear sus miedos y sus dudas y en hacer aportes".
Para Latorre, hay de igual forma "grupos más extremistas en sus posturas", pero rescató "la cantidad de espacios y de ámbitos de diálogo que hay en este proceso que inicia hoy".
"No es la violencia el medio para tratar de imponer a otros que piensan distinto, hay vecinos de Uspallata y del Gran Mendoza que están interesados en que este proyecto se desarrolle", afirmó.
También se conformó la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam), que evaluará "los distintos ítems que conforman el Informe de Impacto Ambiental".
Para ese fin, invitaron desde el Gobierno a los siguientes organismos: "Dirección de Minería, Dirección de Protección Ambiental, Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, Dirección de Planificación Territorial, Departamento General de Irrigación, Universidad Nacional de Cuyo, Consejo Provincial del Ambiente, Universidad Tecnológica Nacional-Regional Mendoza, Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza (CCT) y el Municipio de Las Heras".
En el anexo de la resolución, se establece que este organismo (que se reunirá cada 15 días) participará en la evaluación del informe ambiental del proyecto de explitación minera, y su objeto será "emitir un dictamen técnico fundado".
Entre sus facultades, la Ceiam "podrá requerir a la empresa presentante del informe una exposición sobre el mismo, reuniones con los responsables técnicos del Informe de Impacto Ambiental, visitas de inspección, ampliaciones, estudios, solicitar la opinión sobre temas puntuales de expertos u organismos nacionales o provinciales con cargo a la empresa.
Por último, se realizará un informe final "único", que incluirá "todos y cada uno de los Dictámenes Técnicos de los miembros de la Comisión, donde deberán constar además las merituaciones y conclusiones de las distintas opiniones, objeciones u oposiciones formuladas en el proceso de la consulta pública". El mismo se elevará a la Autoridad Ambiental Minera para su resolución.