La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que crea una Ley de Ciberseguridad para proteger al Estado provincial.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, presentes en el debate de la Ley de Ciberseguridad en Diputados
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Prensa Seguridad
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto del Poder Ejecutivo que crea una Ley de Ciberseguridad en Mendoza. Se trata, según destacó el oficialismo, de la primera provincia del país en contar con un marco integral para proteger al Estado provincial y garantizar la continuidad de los servicios públicos digitales frente a ataques de hackers.
La norma busca establecer un marco integral para la gestión de riesgos, la ejecución operativa, la fiscalización técnica y el control de la ciberseguridad en la provincia.
El proyecto fue aprobado por 30 votos positivos de Cambia Mendoza y sus aliados, contra 12 votos negativos de los bloques del PJ, Fuerza Patria y La Unión Mendocina.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presenció el debate desde el recinto junto al subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y celebró la sanción definitiva de la ley. “Somos la primera provincia del país en avanzar con una ley que convierte la ciberseguridad en una política de Estado”, sostuvo.
La funcionaria destacó que la norma permitirá proteger “las infraestructuras críticas, los sistemas que sostienen los servicios públicos y los datos de los mendocinos”.
“Damos un nuevo paso adelante para tener un Estado preparado, con herramientas para prevenir, responder y garantizar que los servicios sigan funcionando ante un ciberataque”, completó.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la protección de la infraestructura digital crítica provincial, entendida como aquellos sistemas y servicios cuya interrupción podría generar un impacto significativo en el funcionamiento del Estado y en la prestación de servicios esenciales.
El proyecto contempla especialmente áreas como salud, educación, seguridad pública, justicia, hacienda, identidad digital e interoperabilidad administrativa.
Además, entre sus principios rectores se encuentra el control de daños. Esto implica que, ante incidentes de ciberseguridad, deberán adoptarse medidas oportunas para evitar su propagación, escalamiento o impacto sobre otros organismos, sistemas o servicios.
También establece la coordinación institucional entre los organismos alcanzados y el principio de responsabilidad compartida, por el cual cada organismo será responsable de la seguridad de sus datos, activos, sistemas y servicios, dentro del marco rector establecido por la ley.
Entre las principales herramientas que contempla la norma se encuentra la creación de un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC), que funcionará como autoridad de aplicación.
Entre sus responsabilidades estará la elaboración del Plan Provincial de Ciberseguridad, que contendrá la política provincial en la materia.
A su vez, la ley prevé una autoridad especializada para la ejecución operativa de las medidas de prevención, monitoreo y respuesta. También establece una separación entre las funciones de conducción, ejecución y fiscalización, con el objetivo de fortalecer los controles y generar responsabilidades específicas dentro de la estructura estatal.
Asimismo, la provincia contará con capacidades de Centro de Operaciones de Seguridad, destinado al monitoreo permanente y la detección temprana de amenazas.
También se prevé la creación de un Equipo de Respuesta ante Incidentes, que tendrá a su cargo intervenir frente a ataques y vulnerabilidades para mitigar sus efectos y contribuir a la recuperación de los sistemas afectados.
De igual forma, se establece un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad, que permitirá centralizar información sobre los ataques registrados, analizar vulnerabilidades, medir los tiempos de respuesta, asegurar la trazabilidad y elaborar estadísticas que sirvan para mejorar las políticas de prevención y protección.
La titular de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Beatriz Martínez (UCR), destacó que se trata del primer proyecto de ciberseguridad de estas características en el país, lo que, según sostuvo, “pone a Mendoza a la vanguardia a nivel nacional”.
La diputada expresó que actualmente la seguridad ya no se limita al mundo físico.
“Lo que se tiene en cuenta es que la seguridad excede únicamente el mundo físico y las fronteras físicas, sino que hoy se encuentra también en el ciberespacio, donde todos sabemos que también se constituyen delitos, se vulneran infraestructuras, se atacan los sistemas y también la información y los datos sensibles de la ciudadanía”, manifestó.
Martínez señaló que Mendoza trabaja desde hace años en esta temática y que el objetivo de la norma es transformar la ciberseguridad en una política de Estado.
En ese sentido, subrayó que “no es una política de seguridad aislada, sino que forma parte de una estrategia de seguridad pública que viene llevando adelante el Gobierno provincial”.
Para ello, recordó la puesta en funcionamiento de fiscalías especializadas y el avance en herramientas procesales como el agente encubierto y el allanamiento digital.
También sostuvo que existe una importante inversión en infraestructura tecnológica, con herramientas como el Laboratorio de Huellas Genéticas, la identificación balística y la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de videovigilancia.
Además, mencionó los controles biométricos dactilares, los sistemas de análisis predictivo y la profesionalización de las fuerzas de seguridad en esta materia.
La legisladora también remarcó que el proyecto no fue elaborado únicamente por el Poder Ejecutivo.
“No solo es una ley que presenta el Poder Ejecutivo, sino que es una norma que ha sido nutrida con los aportes de la universidad, la academia, técnicos y especialistas en ciberseguridad que han aportado para el resultado de esta norma”, aseguró.
Por su parte, el diputado Lucas Ilardo (Fuerza Patria) afirmó que se trata de “un proyecto necesario, pero no urgente”, en relación con la situación actual de la seguridad en Mendoza.
En su opinión, la iniciativa no pone el foco en la ciberseguridad ciudadana, sino que busca principalmente “cuidar la infraestructura digital del Estado”. Asimismo, cuestionó algunos aspectos técnicos del proyecto y sostuvo que no se habrían incorporado distintos aportes realizados por los bloques de la oposición.
Incluso el legislador había presentado su propia iniciativa al respecto, días después de que el Ejecutivo elevara el proyecto.
Ilardo afirmó que no se puede acompañar el plan general sin conocer cómo será la reglamentación, que, a su entender, “no queda clara”. También consideró que “se podría hacer una ley mejor” y cuestionó que la norma no establezca de manera específica responsabilidades ante una filtración de datos.
“En ningún momento la ley establece la responsabilidad por la filtración de datos. Debería estar escrito el grado de responsabilidad y quién responde en esos casos”, manifestó.
Además, agregó: “Tampoco establece la obligatoriedad de avisarle al damnificado y proteger sus derechos”.
En una línea similar se expresó el jefe del bloque del PJ, Germán Gómez, quien señaló que se trata de una ley importante, pero que necesitaba un mayor análisis para garantizar “un marco jurídico seguro”.
“La ley debería mínimamente tener un debate mucho más profundo, porque es una ley que genera un marco regulatorio y ese marco regulatorio, más allá de las injerencias y la constitución de autoridades, debe tener una premisa fundamental: la preservación y el cuidado de la información y de los datos ultrasensibles que va a manejar”, afirmó.
Además, alegó que el proyecto presenta falencias y contradicciones, al dejar algunos aspectos importantes a la discreción del Poder Ejecutivo, como la composición del Comité de Ciberseguridad, que, a su entender, resulta “ambigua”.
