La militante de La Cámpora es investigada junto al sindicalista Abel Furlán por una presunta administración fraudulenta de fondos de la UOM.
María Soledad Calle, empresaria, exconcejal del Frente de Todos y militante de La Cámpora, quedó en el centro de una investigación judicial por presunta administración fraudulenta de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La causa también involucra al secretario general del gremio, Abel Furlán.
Se originó a partir de una denuncia presentada por dirigentes opositores de la seccional Zárate-Campana, quienes cuestionan un contrato firmado entre la UOM y la empresa USEM, de la cual Calle es accionista y directora.
En los últimos días, el caso cobró mayor repercusión tras conocerse que Calle adquirió el departamento ubicado debajo del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en el edificio de San José 1111, por un valor declarado cercano a los 189.000 dólares.
La presentación judicial fue realizada por Ángel Derosso y otros integrantes de la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, quienes denunciaron presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
Según la acusación, el convenio firmado en febrero de 2023 otorgó a USEM amplias facultades sobre los recursos económicos del sindicato, entre ellas:
Administrar el 80% de los aportes sindicales.
Abrir cuentas bancarias en nombre de la UOM.
Ejecutar pagos y manejar la caja sindical.
Percibir honorarios equivalentes al 0,5% de la recaudación.
Mantener un contrato con vigencia de 10 años, cuya rescisión solo podría realizar la empresa.
Los denunciantes sostienen que esta estructura habría subordinado jurídicamente al sindicato frente a una firma privada vinculada con dirigentes cercanos a La Cámpora.
Aunque Calle aseguró públicamente que no ocupa cargos en la UOM ni es empleada de USEM, la denuncia la señala como una figura de estrecha relación con Abel Furlán y cuestiona su doble condición de trabajadora del sindicato y accionista de la empresa contratada.
Además, dirigentes opositores afirmaron ante la Justicia que dentro del entorno de USEM era conocida con el apodo de “la primera dama”, un elemento que solicitaron investigar para determinar su verdadero grado de participación y poder de decisión dentro de la sociedad.
Según la presentación, Calle también ocupó funciones de representación internacional del gremio ante organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e IndustriALL Global Union, lo que generó malestar entre dirigentes elegidos por los afiliados.
Tras la difusión de la compra del departamento en San José 1111, los denunciantes ampliaron la causa con información patrimonial que solicitaron incorporar al expediente.
También aportaron un relevamiento migratorio que registra 114 viajes internacionales entre 2010 y 2026, con destinos reiterados a Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México. De acuerdo con la denuncia, la mayor actividad se concentró entre 2023 y 2025.
Consultada por la compra del departamento y las distintas imputaciones, María Soledad Calle negó las acusaciones y sostuvo que es víctima de una disputa sindical.
“No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asigna, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”.
