El diputado Lisandro Nieri (UCR) presentó un proyecto para modificar el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Propone proyectar la inflación anual a través del REM.
El legislador mendocino Lisandro Nieri en la Cámara de Diputados
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El diputado nacional por Mendoza, Lisandro Nieri (UCR), presentó un proyecto de ley para modificar el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, con el objetivo de mejorar las proyecciones de la inflación en la elaboración del Presupuesto nacional. Además plantea una regla de equilibrio fiscal que proteja la inversión pública.
La iniciativa fue presentada en el Congreso a pocos días de que el Gobierno nacional dé a conocer las pautas del Presupuesto 2027 y pone el foco, entre otros aspectos, en las diferencias que hubo en los últimos años entre las proyecciones oficiales de inflación y las estimaciones del mercado.
“Hace años que el Presupuesto Nacional se elabora con pautas macrofiscales que resultan muy alejadas de lo que arrojan proyecciones independientes”, planteó Nieri en sus redes sociales.
El legislador acompañó su planteo con una comparación entre la inflación proyectada en los presupuestos nacionales de los últimos años, las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central y el índice de precios finalmente registrado.
Para el Presupuesto 2024, por ejemplo, el Gobierno había proyectado una inflación anual del 70%, mientras que el REM estimaba un 120%. Finalmente, el IPC cerró el año en torno al 118%.
Una situación similar se produjo en 2025. El Presupuesto había previsto una inflación del 18%, mientras que las expectativas relevadas por el Banco Central apuntaban a un 38%. La inflación finalmente registrada fue del 32%.
En tanto, para 2026 el Presupuesto nacional proyectó una inflación del 10%, mientras que el REM había estimado un 18%. En lo que va del año, hasta agosto, el IPC acumula un incremento del 21,3%.
A partir de esta comparación, Nieri propone que el Poder Ejecutivo tenga que utilizar proyecciones independientes como referencia para elaborar el Presupuesto nacional, siguiendo experiencias de países de la región como Chile y Uruguay.
En concreto, el proyecto establece que el Gobierno deberá tomar como referencia la mediana de los resultados más recientes disponibles del REM del Banco Central, o del organismo que eventualmente lo reemplace.
La propuesta forma parte de una reforma más amplia de la Ley 25.917, que establece el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, vigente desde 2005. Según explicó Nieri, el objetivo es fortalecer la institucionalidad fiscal en Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa fue acompañada por la diputada mendocina Pamela Verasay y sus pares del bloque UCR: Diógenes Ignacio González, Guillermo César Agüero, Gerardo Cipolini y Darío Schneider.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de una regla permanente de Resultado Financiero Ajustado. El criterio busca mantener el equilibrio o superávit fiscal, pero excluyendo del cálculo determinados gastos de capital financiados mediante préstamos de organismos multilaterales.
La intención es evitar que la necesidad de sostener las cuentas equilibradas termine afectando la inversión pública.
De esta manera, el proyecto plantea que Nación, provincias y CABA mantengan una regla de equilibrio fiscal, pero que puedan descontar del resultado financiero los gastos de capital financiados con créditos de organismos internacionales.
Para Nieri, el mecanismo permitiría sostener el superávit como un objetivo central de la política fiscal sin resignar obras de infraestructura que puedan ser financiadas mediante créditos de organismos multilaterales.
El exministro de Hacienda y Gobierno de Mendoza también sostiene que una mayor previsibilidad de las cuentas públicas puede contribuir a reducir el riesgo y el costo de financiamiento.
El proyecto también propone modificar la integración del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. La iniciativa establece que su Comité Ejecutivo pase a estar integrado por tres profesionales independientes, con reconocida trayectoria en finanzas públicas.
Los integrantes tendrían mandatos de seis años y podrían compatibilizar esa función con la actividad académica. El objetivo es darle al organismo una mayor independencia técnica y reforzar su papel en el seguimiento de las cuentas públicas.
“El fortalecimiento de la institucionalidad fiscal es clave para mejorar la credibilidad del sector público, reducir la incertidumbre y bajar el costo de financiamiento del país”, sostuvo Nieri.
