Tras una denuncia, el organismo pidió al municipio que justifique el contrato de $288.000 millones por ocho años antes de emitir un dictamen definitivo.
El organismo cuestionó la falta de antecedentes para evaluar la licitación y sugirió suspenderla mientras el municipio presenta la documentación requerida.
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La Fiscalía de Estado intervino en la millonaria licitación que lanzó la Municipalidad de Las Heras para contratar los servicios de recolección de residuos y limpieza urbana. El organismo solicitó una serie de informes al Ejecutivo municipal, encabezado por Francisco Lo Presti, y sugirió evaluar la suspensión del procedimiento hasta que se aclaren los aspectos cuestionados.
La intervención se produjo a partir de una denuncia presentada por un vecino del departamento, quien puso en duda la legalidad de la Licitación Pública N.º 1061, que contempla un presupuesto oficial de $288.000 millones y una contratación por ocho años.
A través del Dictamen N.º 813/26, fechado el 14 de octubre, la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado advirtió que todavía no cuenta con los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento.
Por ese motivo, requirió documentación presupuestaria, contable, técnica y jurídica antes de emitir un pronunciamiento definitivo. También sugirió al fiscal de Estado, Fernando Simón, que evalúe recomendar al municipio la suspensión de la licitación, cuya apertura de ofertas está prevista para el próximo viernes 23 de octubre.
De todas maneras, desde el organismo aclararon a Los Andes que no se dispuso la suspensión ni se resolvió sobre la legalidad de la contratación, sino que se trata de una instancia previa en la que se busca obtener explicaciones sobre los términos del proceso.
El expediente se inició a partir de una presentación de un vecino de Las Heras que cuestionó el procedimiento utilizado por la comuna para avanzar con una contratación que se extendería hasta 2034.
Uno de los principales planteos apunta a la presunta falta de autorización del Concejo Deliberante para comprometer recursos municipales durante ocho ejercicios presupuestarios.
El denunciante invocó distintos artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades para sostener que el Ejecutivo habría convocado a la licitación mediante un decreto sin contar con la aprobación legislativa que, según su interpretación, correspondería para este tipo de operaciones.
También objetó la imputación presupuestaria de los fondos. Según la presentación, el municipio contempló únicamente $2.800 millones para un mes del ejercicio 2026, mientras que los recursos correspondientes a los años posteriores fueron registrados como reservas presupuestarias.
Ante estos cuestionamientos, Fiscalía de Estado solicitó al municipio una copia de la Ordenanza Presupuestaria 2026 y sus anexos, además del expediente completo de la licitación.
También requirió un informe de Contaduría Municipal que acredite la disponibilidad de crédito suficiente y explique los efectos jurídicos y contables de una reserva presupuestaria de $285.000 millones para ejercicios futuros, contemplada en el Decreto N.º 1231/2026.
Otro de los aspectos que Fiscalía de Estado pidió justificar es la duración del contrato, establecida en 96 meses. El organismo solicitó un informe técnico que fundamente las razones económicas, financieras y operativas por las cuales la Municipalidad de Las Heras considera necesario extender la concesión durante ese período.
En particular, busca determinar si la contratación se encuadra en alguna de las excepciones previstas por el artículo 100 de la Ley N.º 8.706 de Administración Financiera, que regula los compromisos presupuestarios plurianuales.
La normativa establece restricciones generales para comprometer recursos de ejercicios futuros, aunque contempla excepciones cuando esa modalidad resulta necesaria para garantizar la prestación regular y continua de determinados servicios públicos.
Además, Fiscalía requirió precisiones sobre los parámetros utilizados para establecer el presupuesto oficial y un dictamen del servicio jurídico municipal que analice el encuadre legal de la contratación.
La Dirección de Asuntos Administrativos sostuvo que resulta necesario completar la documentación para evitar conclusiones prematuras y contar con los elementos suficientes antes de emitir una opinión definitiva.
La intervención de Fiscalía de Estado se conoció después de que legisladores y concejales del Partido Justicialista cuestionaran públicamente la licitación, durante una conferencia de prensa realizada el pasado viernes 16 de octubre.
En aquella oportunidad, el peronismo puso bajo la lupa el monto de la contratación, su duración y el mecanismo de actualización trimestral de los precios. También presentó pedidos de informes al Ejecutivo municipal para obtener precisiones sobre distintos aspectos del procedimiento.
La presidenta del bloque de senadores del PJ, Adriana Cano, advirtió que el contrato comprometerá recursos de la actual administración y de las próximas dos gestiones municipales. Además, cuestionó los mecanismos de autorización y control, así como la calidad del servicio de limpieza urbana.
Por su parte, el concejal Raúl Ceverino señaló que el presupuesto anual de Las Heras ronda los $150.000 millones, por lo que el monto global de la licitación equivale aproximadamente a dos presupuestos municipales.
Frente a estos cuestionamientos, Lo Presti defendió la contratación y aseguró que el presupuesto oficial fue elaborado sobre la base de los costos que actualmente afronta la comuna.
En declaraciones a Radio Aconcagua, el intendente indicó que el municipio paga cerca de $2.800 millones mensuales por los servicios que presta la empresa Vitsa, actual concesionaria de la recolección de residuos y limpieza urbana.
También explicó que las modificaciones realizadas al contrato durante la gestión de Daniel Orozco limitaron la posibilidad de otorgar una nueva prórroga, por lo que resultó necesario convocar a una licitación.
En el último apartado del documento, Fiscalía de Estado hizo especial referencia a la proximidad de la apertura de sobres, prevista para el 23 de octubre.
Ante esta situación, la Dirección de Asuntos Administrativos consideró conveniente que el fiscal de Estado evalúe recomendar al Ejecutivo de Las Heras que adopte las medidas necesarias para suspender temporalmente el procedimiento.
La sugerencia se fundamenta en el artículo 83 de la Ley N.º 9.003 de Procedimiento Administrativo y apunta a resguardar el principio de juridicidad de la actuación estatal mientras se completa el análisis de los antecedentes.
La eventual suspensión deberá ser dispuesta por la autoridad municipal competente, ya que Fiscalía de Estado no tiene facultades para ordenar directamente esa medida. Una vez que el Ejecutivo municipal presente la documentación solicitada, las actuaciones deberán regresar a la Dirección de Asuntos Administrativos para que emita el dictamen correspondiente.
