La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) resolvió que no aplicará descuentos salariales a los docentes que adhieran al paro de este jueves y viernes, una de las primeras decisiones de peso de la gestión de Adriana García y que representa un cambio de criterio respecto de la política que había establecido su antecesora, Esther Sánchez, frente a las medidas de fuerza.
La determinación fue adoptada en medio del reclamo de los trabajadores universitarios por mejoras salariales y mayor financiamiento para las universidades públicas. Desde el Rectorado confirmaron que quienes participen de las jornadas de protesta no sufrirán descuentos en sus haberes.
La posición marca una diferencia concreta con la administración anterior. En marzo de 2023, Sánchez había dispuesto que no se pagaran los días en los que no existiera una prestación efectiva del servicio educativo como consecuencia de los paros docentes. Aquella política continuó como criterio de la Universidad durante su mandato.
La rectora, Adriana García y vicerrectora, Ana Sisti en el acto de asunción.
Daniel Caballero
Desde la actual conducción universitaria explicaron que la administración anterior había emitido una resolución relacionada con los descuentos que no había pasado por el Consejo Superior, debido a que se trata de una atribución del Ejecutivo universitario. Con el recambio de autoridades, García decidió utilizar esa misma potestad para adoptar el criterio contrario y no efectuar descuentos.
La nueva rectora asumió el pasado 16 de agosto, luego de imponerse junto a la vicerrectora Ana Sisti en el balotaje universitario del 23 de junio. La fórmula de Encuentro Plural obtuvo el 53,24% de los votos ponderados y puso fin al ciclo encabezado por Sánchez y Gabriel Fidel.
El respaldo de la nueva gestión al reclamo universitario
La decisión sobre los descuentos está acompañada por una posición institucional de la nueva conducción frente al conflicto que atraviesan las universidades nacionales.
A través de un comunicado, la UNCuyo expresó su respaldo al reclamo de docentes, personal no docente y estudiantes y calificó como "legítimo" el pedido de mayor financiamiento para el sistema universitario público.
La Universidad también anticipó que respetará las medidas de fuerza impulsadas por las organizaciones gremiales, aunque mantendrá las guardias mínimas necesarias para garantizar el funcionamiento institucional durante las jornadas de protesta.
Desde el Rectorado señalaron que el objetivo es mantener una Universidad "abierta y activa, con salarios dignos para todo su personal". Al mismo tiempo, las autoridades informaron que comenzaron gestiones ante el Gobierno nacional con la intención de generar una instancia de diálogo para abordar la situación presupuestaria de la casa de estudios.
La postura había comenzado a quedar expuesta durante los primeros días de García al frente de la Universidad. Este martes, al encabezar la sesión extraordinaria en la que quedó constituido el nuevo Consejo Superior para el período 2026-2030, la rectora hizo referencia al escenario de conflicto que atraviesa el sistema universitario y anticipó que la discusión continuaría durante los próximos meses.
En ese encuentro, García manifestó su expectativa de que el Gobierno nacional revise su posición respecto del financiamiento y reivindicó el papel de la universidad pública, gratuita y de calidad en la formación de profesionales, docentes, investigadores y técnicos.
El antecedente de Esther Sánchez
La decisión adoptada ahora contrasta con la política que había implementado Sánchez apenas unos meses después de asumir el Rectorado.
En marzo de 2023, en medio de una sucesión de medidas de fuerza convocadas por Conadu Histórica y FADIUNC, la entonces rectora y el vicerrector Gabriel Fidel resolvieron que no se pagarían los días no trabajados que no estuvieran contemplados dentro de las licencias justificadas por la normativa.
La medida se tomó después de varias jornadas de paro durante el comienzo de aquel ciclo lectivo y tuvo una incidencia particular en los colegios preuniversitarios dependientes de la UNCuyo.
Sánchez sostuvo en ese momento que reconocía el derecho de los docentes a realizar medidas de fuerza, pero planteó que debía priorizarse también el derecho de los estudiantes a recibir clases. La Universidad había solicitado previamente la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación y participado de una audiencia con FADIUNC, aunque esas gestiones no consiguieron desactivar el conflicto.
La exrectora de mandato cumplido de la UNCuyo, Esther Sanchez.
La exrectora defendió públicamente la decisión al asegurar que no estaba dirigida contra los trabajadores, sino que buscaba garantizar la continuidad educativa, especialmente en las escuelas secundarias de la Universidad.
Incluso mantuvo un encuentro con integrantes de Padres Organizados, una agrupación de familias de los colegios preuniversitarios que respaldó la determinación. En aquella reunión, Sánchez explicó que desde la semana del 27 de marzo se liquidarían los días en los que efectivamente se hubiera prestado el servicio educativo.
Tres años después, el cambio de autoridades produjo también una modificación en ese criterio. A menos de dos semanas de asumir el Rectorado, García decidió que la adhesión al paro docente no implicará descuentos salariales, al tiempo que la Universidad acompañará institucionalmente el reclamo por salarios y financiamiento y mantendrá las prestaciones mínimas necesarias durante las jornadas de protesta.