Un informe de la Procelac incorporado a la causa contra Martín Insaurralde reconstruye ingresos de Jesica Cirio y analiza pagos millonarios de empresas del juego, medios y productoras entre 2021 y 2023.
Jesica Cirio.
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Web Un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), incorporado a la causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito, reconstruye parte de la estructura de ingresos de Jesica Cirio entre 2021 y 2023.
El documento describe una red de vínculos comerciales con empresas del sector del juego, medios de comunicación, productoras audiovisuales y distintas sociedades comerciales. La fiscalía especializada, a cargo de Diego Velasco, identificó pagos por aproximadamente 70 millones de pesos provenientes de tres compañías relacionadas con la industria del juego.
Entre ellas figura Desarrollos Turísticos Victoria S.A., que habría abonado cerca de 35 millones de pesos a la conductora durante el período investigado. La empresa explota el Hotel Termas Victoria y está vinculada al empresario Daniel Mautone, uno de los principales operadores del negocio del juego en Argentina y propietario del Casino Victoria, además de otras salas de apuestas en la provincia de Buenos Aires.
A este monto se suman aproximadamente 19 millones de pesos pagados por Casino de Victoria S.A., también asociada a Mautone, y otros 17 millones de pesos provenientes del Hipódromo Argentino de Palermo, cuya concesión incluye entre sus accionistas al empresario Federico de Achával.
Las tres compañías forman parte del mismo ecosistema económico vinculado a casinos, hipódromos y salas de apuestas. Este sector, en la provincia de Buenos Aires, depende de la regulación del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, organismo que, según distintas reconstrucciones judiciales y periodísticas, habría estado bajo influencia política durante la gestión de Insaurralde en el ámbito bonaerense.
En ese contexto, el abogado Tomás Brady, representante de la ONG Poder Ciudadano, señaló que los desembolsos podrían constituir “una buena pista para investigar si se trata de supuestos sobornos encubiertos” destinados eventualmente a favorecer al ex funcionario. La hipótesis forma parte de las líneas de investigación abiertas, sin que implique una conclusión judicial.
El informe también incorpora ingresos vinculados al ámbito televisivo. Según la documentación, Telefe habría realizado pagos por aproximadamente 17 millones de pesos a Jesica Cirio entre 2021 y 2023, período en el que integró la conducción de La Peña de Morfi.
Durante ese lapso, el ciclo era producido por Corner Contenidos, productora responsable del programa y encargada de su comercialización con el canal, dentro de un esquema habitual de la industria audiovisual. La investigación menciona este punto sin profundizar, hasta el momento, en la modalidad contractual de las remuneraciones.
El análisis patrimonial también abarca la participación de Cirio en distintas sociedades comerciales. Entre ellas se mencionan Goruka S.A., donde fue directora hasta 2014, además de Electro Corp S.R.L., Jesica Cirio S.A., You S.A. y JCI Group S.R.L. Otras actuaciones judiciales incorporan también a Kideza S.R.L., The Bear Teddy S.A. y Meitrix S.A., sujetas a medidas de investigación patrimonial.
El informe de la Procelac incluye además datos del Banco Central, según los cuales entre 2009 y 2023 Cirio realizó operaciones de compra y venta de moneda extranjera por aproximadamente 1,94 millones de dólares, aunque el expediente registra inconsistencias en la denominación de los montos consignados.
A ello se suma una transferencia internacional proveniente de Zumba Fitness LLC, empresa con sede en Miami dedicada a programas de entrenamiento físico, por unos 693.000 dólares. También figura un documento aportado por la defensa de Insaurralde en el que se declara que el 26 de enero de 2023 Cirio otorgó un préstamo de 250.000 dólares y 2 millones de pesos, fondos que habrían provenido de su patrimonio personal.
Los ingresos y movimientos financieros de la modelo continúan bajo análisis judicial y forman parte de una investigación que también podría alcanzar a personas y empresas vinculadas a los sectores audiovisual y de salud.