La Cámara Nacional Electoral fijó el 17 de agosto como fecha límite para presentar candidatos a legisladores nacionales para las elecciones del 26 de octubre, por lo que, si la Corte Suprema resolviera antes de esa fecha contra los intereses de la ex presidenta Cristina Kirchner, peligraría su candidatura.
La condena por corrupción contra Fernández de Kirchner por la causa Vialidad ingresó al máximo tribunal, que solicitó este miércoles la opinión del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para determinar si corresponde revisar o aumentar la pena de seis años de prisión contra la ex mandataria.
El pedido de la Corte busca dar lugar al análisis de la queja que presentó el fiscal Mario Villar ante la Cámara Federal de Casación, y en la que solicitó que se incremente la condena contra Fernández de Kirchner a 12 años, al sumar el delito de asociación ilícita al de la condena por administración fraudulenta.
La Cámara Federal de Casación había rechazado la presentación del fiscal y mantuvo la condena de la ex mandataria solo a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Cristina Fernández De Kirchner en el primer día del Juicio de la Causa Vialidad junto a su abogado Carlos Beraldi Comodoro Py Foto Federico Lopez Claro
Cristina Fernández De Kirchner en el primer día del Juicio de la Causa Vialidad junto a su abogado Carlos Beraldi Comodoro Py Foto Federico Lopez Claro
Ante ese fallo, Villar presentó un recurso extraordinario para alcanzar la instancia de la Corte, en un texto en el que definió de "arbitraria" la decisión de Casación y sostuvo que la sentencia absolutoria por asociación ilícita de la expresidenta y del condenado empresario Lázaro Báez fue una "decisión inválida".
Ahora, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti debatirán si dan lugar a la apertura de los recursos de queja directa. De confirmarse la condena, la presidenta del PJ debería cumplir los 6 años de prisión y quedaría imposibilitada de ser candidata para ocupar cargos públicos.
Por su parte, la defensa de la ex mandataria presentó su propia queja para revertir la doble condena en su contra, sancionada por el Tribunal Oral 2 en 2022 y ratificada por la sala IV de la Cámara de Casación.
Si el máximo tribunal decide declinar el recurso, la condena quedará firme y la ex presidenta, de 72 años de edad, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria aunque la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos quedaría firme, lo que afectaría de manera directa el calendario electoral.