El ministro de la Suprema Corte de Justicia expuso en la Bicameral de Seguridad de la Legislatura y fue autocrítico con el funcionamiento del sistema judicial.
El juez de la Suprema Corte, José Valerio, expuso ante la Bicameral de Seguridad de la Legislatura
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Prensa Diputados El ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, expuso en la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura y fue autocrítico con el funcionamiento del sistema. Pidió un "sinceramiento" en el tratamiento de las causas "chiquitas" que van rumbo a la prescripción, de forma tal de liberar personal abocado a esas investigaciones para causas más complejas.
Para el titular del Fuero Penal se trató de una "reunión trascendental" porque, si bien el Ministerio Público Fiscal está sujeto por ley a informar ante la comisión como funcionan las "políticas de persecución penal", el mecanismo incluye al estamento que él administra.
Valerio remarcó que se mantiene un "importante porcentaje de fracasos o suspensiones" en las audiencias penales, producto del efecto arrastre de las causas que quedaron sin resolver desde la pandemia porque el MPF no tenía capacidad operativa para resolverlas.
Lejos de solucionarse con los años, el conflicto se multiplicó y "eso genera problemas a las distintas unidades fiscales", señaló el juez. Entonces, sostuvo que "es importante trabajar estas temáticas porque hay que tener una estrategia de investigación y una estrategia de litigación" en conjunto, por la cual se integren el fuero, el MPF y el Colegio de Abogados, con el objeto de mejorar el sistema.
"Llevamos 5 años en que no hemos avanzado con las reformas y se va sintiendo este problema en las audiencias", señaló. Valerio insistió en que es "imprescindible que se adopten decisiones a la hora de formalizar la investigación". Planteó que se debe "reunir en un solo acto, tanto sea la oposición a elevación a juicio, como discutir la prueba que se va a realizar o se va a llevar adelante en un juicio".
El juez explicó que el sistema debe "sincerarse" sobre las causas que van camino a la prescripción. Sostuvo que, a pesar de la reforma en el Código Procesal Penal (2016), se observan estas situaciones.
Sostuvo que se destinan "empleados, funcionarios, secretarios, prosecretarios, fiscales, defensores, empleados de la OGAP y jueces" a casos que son "estériles" y significa un "costo altísimo" para el Estado.
"Entonces hay que sincerarlo a través de una política de persecución penal que debe consolidarse acá, en este lugar. Que la Legislatura sepa qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se va a llevar adelante", sostuvo el magistrado.
El juez habló puntualmente de las "causas menores, no las más graves, que por supuesto salvo que no se conozca la persona o se haya fugado, llegan a juicio".
"El problema es que en las causas pequeñas le demos un trámite de forma tal que perdemos capacidad operativa para las importantes", dijo y graficó la situación con el acceso a un hospital público, en el que las personas fueran "internadas" por un problema de salud simple, al igual que un caso complejo.
"Si llega alguien con dolor de pecho y puede tener un infarto, no tenemos dónde colocarlo. Fíjense, lo mismo pasa acá", señaló Valerio.
Y aseguró que se encuentran "abarrotados de pequeñas causas que tienen que ser solucionadas anticipadamente o en el primer momento" y dijo que sería útil aplicar un sistema de "control automático de detención", que funciona en otros países, porque "dentro de las 24 horas habría que resolver un montón de causas que son chiquitas".
"No nos olvidemos que cada persona que está privada de libertad tiene un costo, el de seguridad y mantenimiento. Hay que darle de comer y todo lo demás. Si sabemos que va a terminar una suspensión de juicio a prueba, ¿para qué lo tiene detenido varios días?", dijo Valerio.
Para el juez, se podría llegar a un acuerdo entre los distintos actores sin la necesidad de modificar leyes, en pos de solucionar esta problemática. "Lo que pasa es que hay distintas posturas, algunos son partidarios de la reforma y el sistema adversarial, otros de repente, han aparecido en contra", apuntó.
Por su parte, el presidente de la comisión, Germán Gómez, agradeció la presencia del magistrado, y manifestó que “ha brindado información muy buena, y que hay que utilizarla estratégicamente en las decisiones que se tomen”.
Sostuvo que “tienen que tomarse decisiones respecto a la funcionabilidad del sistema, de las últimas reformas, a partir de la ley 9044, que es la que profundiza todo el proceso, y corregir cuestiones que en definitiva hacen al proceso de administración de Justicia; para una justicia más rápida que es lo que reclama la sociedad de manera permanente y no solo más rápida, sino también más efectiva”.
En ese sentido, se mostró a favor de “retomar la mesa de diálogo” entre los distintos organismos para la toma de decisiones en este ámbito.