En diálogo con Aconcagua Radio, el exconcejal de Guaymallén contó detalles sobre la investigación que derivó en la destitución del inspector Alejandro Currenti.
Ex Concejal Jose Pozzoli
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Facebook José Pozzoli
Tras dos años de investigación, el Departamento General de Irrigación dispuso la destitución y suspensión del inspector de cauce Alejandro Currenti, junto a todo su cuerpo de delegados por delitos de corrupción y el exconcejal de Guaymallén, José Pozzoli, denunciante del caso contó detalles en "En Tiempo Real", el programa de Aconcagua radio conducido por Marcelo Sisso.
La medida administrativa -Resolución 295- se tomó de forma inminente ante los avances de la Fiscalía de Delitos Económicos para "imputar penalmente a Currenti por una serie de maniobras de corrupción", aclara José Pozzoli . Además de inhabilitarlo para postularse a futuros cargos, el organismo le exige la restitución de cerca de 30 millones de pesos más intereses tras probarse administrativamente la malversación de fondos dentro de la inspección.
"Hoy nos encontramos con la sorpresa de que el Departamento General de Irrigación decidió suspender a él y a todo el cuerpo delegados para poder presentarse en los cargos y demás. Dándonos la razón en lo que habíamos denunciado en su momento sobre el desmanejo que había habido de los fondos de la inspección", afirmó José Pozzoli, ex concejal y principal impulsor de la denuncia.
Las pericias contables y el expediente administrativo de Irrigación acreditaron un insólito entramado de "maniobras fraudulentas bajo la gestión de Alejandro Currenti". El exinspector utilizó durante dos años el "token" firma digital de una persona ya fallecida para autorizar movimientos bancarios y realizar pagos (quien era el padre de la revisora de cuentas). Pozzoli comenta que esta "firma de ultratumba" permitió la validación de erogaciones sin el consentimiento real de un responsable vivo, para autorizar de forma irregular pagos y movimientos financieros, mientras que el esposo de dicha revisora, empleado de la misma inspección, aportaba facturas falsas para "justificar gastos que no tenían cómo justifica". El ex concejal comenta que, "el token es como si fuera la firma de un cheque, falsificar la firma de un cheque de una persona que había fallecido durante dos años. Puede ser que lo uses un mes hasta que asuma el otro, digo, pero no dos años".
Al mismo tiempo, la organización desviaba fondos mediante una caja paralela "en negro" cobrando dinero en efectivo directamente a los regantes por fuera del sistema contable oficial, destinó los recursos de los usuarios para construir el edificio de la sede física de la inspección dentro del terreno privado del propio Currenti, y, al concretarse la intervención del organismo, se constató un grave faltante de inventario con la desaparición física de un "faltante importante de máquinas y de elementos en el inventario".
Además, Currenti, según trascendió, utilizó el dinero de la entidad para edificar la sede de la inspección de cauce dentro de su propia casa. Pozzoli explicó el desconcierto actual ante este hecho: "Construyó la sede de la inspección de cauce en su propiedad... invirtió plata de todos los regantes, construyó un edificio en su propiedad. Ahora no sabemos esto cómo se va a resolver porque se ha construido sobre su casa"
El verdadero perjuicio económico de la causa no radica en la multa interna de Irrigación, sino en el desvío de aproximadamente 10.000 millones de pesos en materiales desde la municipalidad de Guaymallén. Según denunció el exconcejal José Pozzoli, el ex intendente Marcelino Iglesias firmó convenios directos sin aval del Concejo Deliberante para entregar masivamente hierro, cemento, encofrados y combustible a su amigo, el inspector Alejandro Currenti. Estos valiosos recursos, que debían destinarse a la impermeabilización de canales de riego, nunca ingresaron a las cuentas ni registros oficiales de la inspección y, según acreditan documentos y testigos clave, terminaron siendo desviados y revendidos de forma ilegal en el mercado negro ante una falta absoluta de control municipal.
Al ser consultado sobre la disparidad de las cifras entre la multa de Irrigación y los $10.000 millones denunciados, el exconcejal aclaró de forma tajante: "Lo que pasa es que son cosas distintas. Una cosa es el manejo por adentro de la inspección de cauce con facturas truchas, con rendiciones que no hacía, con plata que no ingresaba a la cuenta, y por otro lado es todo lo que el municipio le dio que no ingresó nunca a la cuenta de la inspección".
La investigación penal, impulsada por la denuncia de José Pozzoli, avanza en la Fiscalía de Delitos Económicos sustentada en la declaración de aproximadamente diez testigos clave —"incluyendo a la contadora del organismo, empleados de la inspección, el gerente de la Tercera Zona de Riego y controladores del Tribunal Administrativo de Irrigación", comentaba el ex concejal— y en una pericia contable oficial que ya ratificó el desvío interno que fundamentó la inhabilitación administrativa de Alejandro Currenti.
La sanción de Irrigación es apenas la punta del iceberg. El núcleo del escándalo se desplaza ahora hacia la Municipalidad de Guaymallén, donde la "gran amistad" entre Alejandro Currenti y el entonces intendente Marcelino Iglesias habría facilitado un drenaje millonario de recursos bajo una absoluta ausencia de controles. Sin el aval del Concejo Deliberante, el municipio entrego "toneladas de materiales "a la inspección de Currenti. Según las denuncias y pruebas aportadas, estos materiales fueron "acopiados y vendidos de manera ilegal en el mercado negro en lugar de utilizarse para la impermeabilización de los canales", comenta José Pozzoli.
Pozzoli concluyó advirtiendo que la resolución reciente de Irrigación no toca el problema de fondo municipal: "De esto lo que ha salido hoy de Irrigación no dice absolutamente nada de todo lo que salió del municipio y teóricamente fue a obras que nosotros estamos comprobando que de eso no fue a obras, sino que fue a ser revendido". La querella apunta ahora a que la justicia desentrañe de forma urgente quiénes facilitaron y se beneficiaron con la salida sin control de estos millonarios recursos públicos.
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