La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo, que ahora deberá continuar su recorrido parlamentario en el Senado.
El oficialismo consiguió la media sanción de Inocencia Fiscal II en Diputados, una iniciativa que amplía el régimen de declaración jurada simplificada y excluye de sus beneficios a funcionarios y exfuncionarios de los últimos cinco años.
Inocencia Fiscal II: Diputados aprobó el proyecto y ahora deberá tratarlo el Senado. (archivo)
Foto:
NA
La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo, que ahora deberá continuar su recorrido parlamentario en el Senado.
El proyecto obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones y plantea modificaciones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, vigente desde 2025.
Uno de los principales cambios consiste en eliminar los límites de patrimonio e ingresos que actualmente condicionan el acceso al sistema. De aprobarse definitivamente, dejarán de regir los topes de $10.000 millones de patrimonio y $1.000 millones de ingresos.
Para ingresar al régimen continuarán siendo requisitos contar con residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, quien actuó como miembro informante del dictamen de mayoría, defendió la iniciativa y sostuvo que busca modificar el vínculo entre el Estado y los contribuyentes.
Según explicó, el objetivo es “confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos” y evitar que quienes recurrieron al ahorro informal durante períodos de elevada inflación sean considerados automáticamente sospechosos.
Rodríguez Machado también señaló que el nuevo esquema permitiría a ARCA concentrar sus controles sobre aquellos casos en los que existan inconsistencias relevantes.
“Aquellos que tienen discrepancias de determinados montos que generen sospechas de que esa persona está generando un ingreso que no corresponde”, señaló la legisladora al explicar el criterio de fiscalización que propone el proyecto.
Uno de los cambios incorporados durante el debate estuvo relacionado con los funcionarios públicos y exfuncionarios.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo estableció que quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a su adhesión podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero no podrán acceder a los beneficios del régimen.
La restricción alcanza, entre otros, a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces, fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura y de los jurados de enjuiciamiento.
Para esas personas tampoco se aplicará la presunción de que la información declarada es correcta ni la protección vinculada con la denominada “discrepancia significativa”. ARCA podrá fiscalizar cualquier diferencia detectada y aplicar las sanciones previstas por las reglas generales.
“No nos tiembla el pulso a la hora de generar más transparencia y menos impunidad”, afirmó Rodríguez Machado. La diputada agregó que una eventual denuncia por un delito será investigada y que, en ese supuesto, dejará de aplicarse la presunción contemplada por el régimen.
Además, recordó que los funcionarios deberán continuar presentando sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y que seguirá vigente el régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
La exclusión de los funcionarios de los beneficios no se extendió a sus cónyuges y familiares, un punto que generó cuestionamientos durante el tratamiento parlamentario.
La diputada Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, planteó que también deberían contemplarse las obligaciones de los familiares de personas políticamente expuestas. “Nos falta ahora incorporar también a los familiares, que deben seguir sujetos a las obligaciones que corresponden a las personas políticamente expuestas”, reclamó.
Su planteo estuvo relacionado con el caso de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, quien había adherido al régimen vigente en medio de una investigación judicial sobre el patrimonio del matrimonio.
El texto aprobado por Diputados, sin embargo, mantiene la posibilidad de que los familiares accedan al régimen simplificado y a sus beneficios.
Durante el debate, los bloques opositores cuestionaron que la iniciativa represente una reducción de las capacidades de fiscalización del Estado.
El diputado Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria, sostuvo que la reforma constituye “mucho más que una simplificación tributaria” y la vinculó con un eventual beneficio para operaciones inmobiliarias y con cambios en las herramientas contra el lavado de activos.
También advirtió que quienes cuentan con mayores niveles de patrimonio e ingresos tendrían más posibilidades de ocultar o diferir ingresos.
En la misma línea, Martín Lousteau, de Provincias Unidas, cuestionó la diferencia entre la denominación de la iniciativa y los efectos que atribuyó al proyecto. Según sostuvo, detrás de la simplificación tributaria se encontraría una disminución de la capacidad de ARCA para detectar evasión.
Con ironía, propuso denominarla “Ley de facilitación e impunidad de la evasión” o, en una versión más breve, “Ley Adorni-Espert”, en referencia a los casos de Manuel Adorni y José Luis Espert.
El dictamen aprobado también contempla modificaciones en materia de sanciones. Entre ellas, establece una reducción del 25% en determinadas multas por infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
A su vez, dispone una reducción del 50% para determinadas multas anteriores que todavía no se encuentren firmes o canceladas, siempre que se regularice el incumplimiento correspondiente.
La iniciativa también limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores, flexibiliza el criterio de “discrepancia significativa” y establece que los pagos en efectivo realizados mediante escrituras públicas resultan compatibles con el régimen.
Estos puntos fueron rechazados por Rauschenberger, quien sostuvo que implican una reducción de la capacidad fiscalizadora de ARCA para controlar fondos cuyo origen no pueda ser justificado.
El diputado Juan Grabois, también de Unión por la Patria, utilizó su intervención para cuestionar lo que consideró una diferencia entre el tratamiento que reciben las personas endeudadas y quienes evaden impuestos.
El legislador mencionó el caso de una mujer a la que, según afirmó, Mercado Pago le ofrecía un préstamo de $100.000 con una tasa de interés anual del 720%. “Esa doña que tiene que pagar una cuenta es culpable. Pero el evasor es inocente. Pobre inocente”, ironizó.
Luego contrapuso esa situación con la carga tributaria que soportan los sectores de menores ingresos: “El laburante paga el impuesto a la pobreza, que se llama impuesto al valor agregado”.
Con la aprobación en Diputados, Inocencia Fiscal II quedó habilitada para continuar su tratamiento en el Senado, donde deberá obtener la sanción correspondiente para convertirse en ley.
