Imputan a una funcionaria de Las Heras por coacción: cómo sigue la causa en la justicia

La Municipalidad de Las Heras arranca una semana movida en términos judiciales. Una de las causas de coacción tiene imputaciones y se trata de Patricia Rivero, directora de Relaciones con la comunidad. Podría suceder lo mismo con la Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz y Carolina Murúa (hija de Rivero), también funcionaria pero no hay confirmaciones oficiales.

En medio de un clima de tensión, el Gobierno y Ampros vuelven a reunirse por el tema salarial

La denuncia por coacción que investiga el fiscal Gabriel Blanco, de Delitos No Especializados, es una de las que surgió luego del polémico audio en el que una joven y un funcionario (sería Osvaldo Oyenhart) dialogaban sobre asuntos de trabajo y le recomendaba cómo zafar de los conflictos con su jefa (la secretaria de Gobierno municipal, Janina Ortiz). Le ofrecía una ocupación diferente: que trabajara para él (o que hiciera como que trabajaba) pasándole facturas de prestaciones para cooperativas que están bajo su control. Este oscuro manejo es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos.

Por otro carril, se abrieron dos causas por coacción (obligar a alguien a hacer algo) porque, de acuerdo a la denuncia, Ortiz había obligado a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con Oyenhart para obtener información y debía grabar la conversación. No sólo eso, sino que además Patricia Rivero le había exigido a la joven que le entregara el audio con un “38 sobre la mesa”, en relación al arma de fuego. Según confirmaron fuentes judiciales con acceso a la causa, la funcionaria municipal fue imputada formalmente esta mañana.

En la denuncia, también está acusada la Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz y Carolina Murúa, quien es hija de Patricia Rivero y también Supervisora de Relaciones con la comunidad. No hay que descartar más imputaciones, aunque hasta el momento no hay certezas sobre cuándo se harán formalmente, todo estaría en vías de notificación.

La defensa de Ortiz pide el archivo

Elena Quintero, abogada de Janina Ortiz, presentó una excepción de falta de acción por inexistencia de delito. El extenso escrito es complementado por audios certificados por escribana pública con los que pretende probar que la Secretaria de Gobierno de la comuna no cometió el delito de coacción. Le solicita a la Justicia que estos elementos sean incorporados en la causa y que se archiven las actuaciones contra su defendida.

La letrada pide también que se de inicio a una investigación teniendo en cuenta “la falsedad de las declaraciones como así también de la prueba incorporada a efectos de determinar la responsabilidad directa o indirecta de las personas que puedan surgir de la misma”.