Hace cinco meses que está frenada la investigación contra Bento en el Consejo de la Magistratura

Habrá que esperar una semana más para saber si se normaliza el funcionamiento de una comisión clave del Consejo de la Magistratura para el destino del juez federal de Mendoza Walter Bento y todo por las aspiraciones de los miembros de la oposición para conformar las comisiones de trabajo.

En una reunión presidida por el nuevo presidente del organismo, el titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, se discutió sobre la normalización del Consejo, pero la oficialización de cargos y nueva conformación de las comisiones de trabajo quedó para un plenario del jueves 16 de junio.

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La Comisión de Disciplina y Acusación, que lleva adelante la investigación de las denuncias sensibles que existen contra los jueces federales, se reunió por última vez el 22 de diciembre pasado. Y por ello, no hay avance alguno sobre los expedientes de los magistrados denunciados.

En esta Comisión está el expediente por presunto mal desempeño del juez federal N° 1 de Mendoza, Walter Bento, procesado penalmente en la provincia por numerosos presuntos ilícitos.

El expediente con el cual la Magistratura investiga a Bento está completamente paralizado desde fines del año pasado dado que la Comisión no está trabajando. En el medio se avanzó con la producción de pruebas. Pero las mismas no han sido analizadas por los consejeros.

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, una norma sancionada en 2006 por impulso de la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner.

Esa ley bajó la cantidad de miembros del Consejo de 20 a 13, dejando en mayoría a los representantes políticos y más específicamente a las mayorías parlamentarias que ostentaba en aquella época el kirchnerismo y así asegurarse el control de un organismo clave para el funcionamiento de la Justicia Federal, puesto que selecciona candidatos a magistrados y también tiene la facultad de investigarlos y sancionarlos, incluso echarlos.

Cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad, ordenó que se sancionara una nueva ley en 120 días corridos para garantizar una amplia participación y, en caso de que no se votara otra norma, volvería a funcionar la vieja composición de 20 miembros con la presidencia del titular de la Corte.

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Desde ese momento, se inició un duro tironeo político desde el kirchnerismo para evitar volver a la vieja composición. Y también, desde entonces, el Consejo de la Magistratura estuvo practicamente paralizado.

Así, el Consejo de la Magistratura viene de al menos seis meses de funcionamiento muy escueto, hasta que el presidente de la Corte Horacio Rosatti intervino el lunes 18 de abril.

Los tironeos continuaron, sobre todo por la designación de los nuevos miembros del parlamento, para completar los 20 miembros. Tanto importa al kirchnerismo la composición, que el espacio político que los contiene, el Frente de Todos, llegó a fracturar el bloque de senadores en dos, para evitar que Juntos por el Cambio nombrara a Luis Juez en el órgano.

Ayer hubo una reunión del Consejo, la primera de carácter operativo. Allí se avanzó con la “cocina” de lo que serán las nuevas comisiones que lo integrarán, capítulo que terminará de definirse en una semana.

Si bien había cierta expectativa sobre la nueva conformación de las comisiones para el descongelamiento de funciones concretas que tiene el órgano judicial, fuentes del Consejo consultadas por este medio indicaron que habrá que esperar una semana más.

Sin la designación de las autoridades y los miembros de las comisiones de Selección, Acusación y Disciplina, Administración y Reglamentación, el Consejo está impedido de tomar las decisiones más básicas como la apertura de concursos o el análisis de sanciones a magistrados, entre otras muchas decisiones.

En la reunión de “coordinación” de ayer se avanzó la discusión sobre la falta de consenso por la disputa de cargos, en particular dentro de los legisladores de la oposición y los consejeros técnicos que se encuentran más cercanos a sus posiciones.

A modo de ejemplo, para presidir la comisión de “Selección”, que convoca y organiza los concursos para seleccionar magistrados, se anotaron los jueces Ricardo Recondo y también Agustina Díaz Cordero, ambos del espacio opositor al Gobierno, señalaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

Otro de los conflictos está dado en la comisión de Acusación, que aspira a presidir el diputado del bloque PRO Pablo Tonelli, aunque también aspira a ese cargo la diputada radical Roxana Reyes.

Tonelli era hasta 2021 el consejero instructor en la investigación contra Bento por presunto mal desempeño y se ha quejado en reiteradas oportunidades por la demora existentes en los expedientes.

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Tanto la jueza Díaz Cordero como la diputada Reyes ingresaron al Consejo en abril pasado, en cumplimiento del fallo de la Corte que declaró inconstitucional la integración de trece miembros y ordenó ir a una de veinte, y disputan las comisiones a dos históricos: Recondo y Tonelli, ya con años en el organismo.

El titular del Juzgado Federal número 1 de Mendoza, Walter Bento, fue procesado por el juez federal Eduardo Puigdéngolas junto a su esposa Marta Boiza y ambos fueron embargados. Al juez lo acusan de encabezar una banda que se dedicada a liberar detenidos a cambio de coimas. Su patrimonio creció de manera exponencial. Le detectaron nueve propiedades de lujo incluidas varias en countries de Mendoza, tres autos Audi de alta gama, una camioneta Amarok y múltiples viajes a Miami y Las Vegas. Además, la Justicia investiga si tiene cuentas y tarjetas abiertas en EE.UU. sin declarar.

Ese procesamiento fue el que desencadenó la primer causa en contra del magistrado en el Consejo de la Magistratura. En ese expediente se pidió un peritaje contable sobre sus bienes y patrimonio que fue pedida por Tonelli en el expediente por mal desempeño.

Además. Bento tiene una segunda denuncia en el Consejo, por haber ocultado su procesamiento cuando se incribió para participar del concurso para cubrir una vacante en el principal tribunal penal de la Argentina, la Cámara de Casación Penal.