En medio del conflicto salarial con los trabajadores municipales, Guaymallén recibió la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para avanzar con una emisión de deuda por hasta $10.000 millones.
La medida permite avanzar con la búsqueda de financiamiento para obras. En paralelo, la comuna mantiene abierto un conflicto con los empleados municipales.
La comuna podrá avanzar con la colocación de bonos sociales, verdes y sustentables. La decisión llega mientras sigue abierta la negociación salarial.
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Cuenta de X de Marcos Calvente.
En medio del conflicto salarial con los trabajadores municipales, Guaymallén recibió la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para avanzar con una emisión de deuda por hasta $10.000 millones.
La medida permite a las entidades financieras adquirir los bonos que emitirá la comuna conducida por Marcos Calvente, que ya había recibido el aval del Gobierno de Mendoza en mayo de este año.
Actualmente, el municipio atraviesa dificultades financieras que lo llevaron a aplicar recortes salariales a empleados y funcionarios políticos, además de suspender las negociaciones paritarias. Desde la comuna justificaron estas medidas por la caída de los ingresos provenientes de la coparticipación y de la recaudación propia.
La autorización nacional quedó formalizada mediante la Comunicación “A” 8495/2026, fechada el 22 de octubre y publicada este miércoles 28 en el Boletín Oficial de la Nación.
Allí, el organismo monetario resolvió no formular observaciones para que los bancos puedan adquirir bonos sociales, verdes y sustentables (SVS) emitidos por la comuna.
La resolución se enmarca en la Ordenanza municipal 10.297/2025, el Decreto municipal 1.185/2026 y el Decreto provincial 870/2026. También contempla las condiciones establecidas por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
Con esta decisión, Guaymallén obtuvo la conformidad del Banco Central respecto de las restricciones que rigen para el financiamiento bancario al sector público no financiero.
No obstante, la autorización no implica que los fondos ya hayan sido desembolsados, sino que habilita a las entidades financieras a participar de la operación bajo las condiciones establecidas.
El proceso comenzó formalmente en mayo, cuando la gestión de Alfredo Cornejo autorizó a Guaymallén a buscar financiamiento mediante la emisión y colocación de títulos de deuda por un monto máximo de $10.000 millones.
La medida quedó establecida en el Decreto 870/2026 y contempló inicialmente la posibilidad de destinar los recursos a obras de infraestructura, equipamiento, modernización municipal, gestión ambiental y renovación del parque automotor.
Los instrumentos podrán emitirse con tasas de interés fijas o variables, estas últimas vinculadas a las referencias BADLAR o TAMAR, y tendrán un plazo de vencimiento de hasta 24 meses.
La colocación se realizará mediante mecanismos del mercado de capitales, mientras que el municipio podrá afectar recursos de la coparticipación y otros ingresos como garantía de pago.
Dentro de los proyectos de inversión previstos por la comuna se encuentra el desarrollo del Parque Solar de Puente de Hierro, una iniciativa vinculada a la generación de energía renovable.
Un informe realizado por Moody's Local Argentina publicado el 2 de septiembre, la totalidad de los recursos obtenidos mediante la emisión de los bonos Serie I se destinará a financiar el Parque Solar Guaymallén, que se construirá sobre un terreno municipal utilizado como basural a cielo abierto hasta 2001.
La inversión principal estimada asciende a 6,38 millones de dólares más IVA, equivalentes a unos $11.677 millones según el tipo de cambio considerado en el informe. A ese monto se suman obras complementarias por aproximadamente 404.739 dólares.
De acuerdo con las proyecciones, los $10.000 millones de la emisión permitirían cubrir alrededor del 86% de la inversión principal, mientras que el resto se financiaría con recursos propios de la comuna.
El proyecto contempla cinco campos fotovoltaicos denominados Arenas, Torrontegui, Radio Nacional, Los Patitos y El Chilcal. En conjunto, tendrán una capacidad estimada de generación de 13.206 megavatios hora (MWh) anuales durante el primer año de funcionamiento.
La electricidad producida será inyectada a la red de EDEMSA mediante el régimen de generación distribuida. Según las estimaciones técnicas, el funcionamiento del parque permitiría reducir entre un 35% y un 40% el gasto municipal en electricidad, además de evitar la emisión de unas 5.670 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año.
En cuanto al empleo, el proyecto prevé la creación de unos 20 puestos de trabajo directos durante la construcción y entre tres y cinco empleos permanentes para su operación y mantenimiento.
La autorización del Banco Central llega en un contexto de restricciones presupuestarias para la administración de Marcos Calvente, que durante octubre avanzó con una serie de medidas destinadas a reducir el gasto municipal.
Una de las principales decisiones fue la eliminación de un bono compensatorio de $350.000 para aproximadamente 2.450 empleados, equivalente a más del 80% de la planta municipal. El beneficio se mantuvo únicamente para unos 500 trabajadores con ingresos inferiores a $1.200.000.
Según explicó Calvente a Los Andes, la suspensión del adicional será por tiempo indeterminado y su eventual restitución dependerá de la evolución de las finanzas municipales. El intendente estimó que la comuna cerrará 2026 con un 20% menos de recursos respecto de lo previsto inicialmente.
En paralelo, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una reducción del 10% en los salarios del intendente y de los funcionarios políticos, junto con el congelamiento de esas remuneraciones durante seis meses.
La decisión estableció que el sueldo de Calvente pasará de representar el 95% al 85% de la remuneración del gobernador Alfredo Cornejo. La reducción también alcanza a las autoridades municipales cuyos haberes se calculan en función del salario del jefe comunal.
Los recortes provocaron un conflicto con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén (SOEMG), que realizó medidas de fuerza y abrió una instancia de negociación bajo conciliación obligatoria.
Las conversaciones continuaron esta semana, aunque todavía persisten diferencias entre las propuestas salariales de ambas partes. El miércoles de la semana que viene se volverán a ver las caras en la Subsecretaría de Trabajo.
En medio de esta situación, Guaymallén también recibió una transferencia provincial de $1.703 millones, correspondiente al régimen de compensación establecido por la Ley 8.127.
Desde el municipio aclararon que esos recursos no constituyen un rescate financiero ni un adelanto extraordinario, sino una asignación prevista legalmente para compensar a las comunas que reciben menores ingresos de coparticipación por habitante.
El monto formó parte de la liquidación correspondiente a la segunda quincena de septiembre, cuando Guaymallén recibió un total aproximado de $6.259 millones entre coparticipación y compensación.
La distribución quedó formalizada mediante la Resolución 223 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza.
